Abogados de la acusaci¨®n y de la defensa actuan contra Barrionuevo por falso testimonio en el 'caso el Nani'

Dos de los letrados que intervienen en el juicio por la desaparici¨®n de Santiago Corella, el Nani, prev¨¦n emprender acciones legales contra el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, por supuesto falso testimonio en su declaraci¨®n, le¨ªda en la sesi¨®n del jueves. Jos¨¦ Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, defensor del comisario Francisco Javier Fern¨¢ndez ?lvarez, solicit¨® ayer formalmente que se remita al Tribunal Supremo lo testificado por el ministro por si pudiera constituir un delito de falso testimonio. Jos¨¦ Antonio Sanz Grasa, ahogado de la familia Corella, anunci¨® que pedir¨¢ igualmente la detenci¨®n de testimonio (utilizar la declaraci¨®n de Jos¨¦ Barrionuevo en este caso para emprender otro proceso).

El letrado Sanz Grasa considera que Barrionuevo puede haber incurrido no s¨®lo en un delito de falso testimonio con sus respuestas por escrito le¨ªdas el jueves en el palacio de justicia, sino tambi¨¦n en otro de privaci¨®n de derechos c¨ªvicos y otro m¨¢s de falsedad en documento p¨²blico. Asimismo, su compa?ero en la acusaci¨®n del caso el Nani Jaime Sanz de Brem¨®n, personado como acci¨®n popular en nombre de la Asociaci¨®n contra la Tortura, no descarta que antes de la presentaci¨®n de su informe pida el procesamiento del titular del departamento de Interior. De hecho, la acusaci¨®n popular ya solicit¨® durante la instrucci¨®n de la causa dicho procesamiento, que no fue admitido entonces por el Tribunal Supremo.Por su parte, Manuel Tuero, defensor de los inspectores Victoriano Guti¨¦rrez Lobo y Jos¨¦ Mar¨ªa P¨¦rez Guti¨¦rrez, no es partidario de pedir actuaciones judiciales contra Barrionuevo, al considerar que "el testigo ya se ha descalificado suficientemente ante la opini¨®n p¨²blica y ante el tribunal". El letrado Manuel Salgado, abogado del inspector Francisco Aguilar Gonz¨¢lez, es contrario a la deducci¨®n de testimonio, ya que se opone "a la politizaci¨®n del caso".

Igualmente, el abogado defensor Fernando Carpena tambi¨¦n se opone al procesamiento por cuestiones t¨¦cnicas" planteadas por sus clientes.

Durante la sesi¨®n de ayer de la vista oral, testific¨® entre otros el comisario Enrique de la Hoz, jefe de la Unidad Especial de Polic¨ªa Judicial (TEPOL), organismo transmisor entre las brigadas operativas y el ministro del Interior para la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista.

De la Hoz, quien ratific¨® anteriores testimonios relativos a que dicha legislaci¨®n se aplic¨® repetidas veces a delincuentes comunes, manifest¨® que "normalmente se solicitaba la incomunicaci¨®n" por parte de los agentes que hab¨ªan detenido a un sospechoso.

Enrique de la Hoz desminti¨® no obstante ante el tribunal a sus superiores del Ministerio del Interior, al se?alar que los polic¨ªas tan s¨®lo solicitaban la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista, que era competencia del ministro o del director de la seguridad del Estado.

En la sesi¨®n del jueves, el secretario de Estado pasa la seguridad, Rafael Vera, y el director general de la polic¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado achacaron a los polic¨ªas la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista. Seg¨²n estos altos cargos, el ministro se limitaba a ratificarla o denegarla. De la Hoz, no obstante, matiz¨® su declaraci¨®n asegurando que en las peticiones de incomunicaci¨®n emitidas por los agentes "impl¨ªcitamente se requer¨ªa [tan s¨®lo] confirmar la petici¨®n".

Preguntado De la Hoz sobre si exist¨ªa alg¨²n mecanismo de control del Ministerio de Interior para asegurar la veracidad de las informaciones que remit¨ªan los polic¨ªas solicitantes de incomunicaci¨®n, declar¨® que no se hac¨ªan "contrastes ni comprobaciones" y consider¨® a la autoridad judicial como competente en este extremo.

El declarante agreg¨® que los primeros a?os de aplicaci¨®n de la ley casi todas las diligencias se dirig¨ªan a los juzgados de guardia, siguiendo el contenido de la Orden Ministerial de 1978. A pesar de ello, seg¨²n la ley 11/80 [conocida como ley antiterroristal la instancia competente en estos casos son los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Por ¨²ltimo, De la Hoz admiti¨® "alg¨²n caso" de detenidos incomunicados que han debido ser ingresados en un centro hospitalario.

En otro momento testific¨® el comisario Alberto P¨¦rez Cayuela, ex jefe de la inspecci¨®n central de servicios, quien consider¨® "absolutamente ?regular" mantener detenida a una persona durante 72 horas sin realizar ninguna diligencia. Concepci¨®n Mart¨ªn, mujer de ?ngel Manzano y detenida con ¨¦ste y el Nani, permaneci¨® tres d¨ªas en dependencias policiales sin que prestase declaraci¨®n hasta el ¨²ltimo momento.

El momento ins¨®lito de la jornada tuvo lugar cuando el letrado Rodr¨ªguez Men¨¦ndez hubo de renunciar al testigo Emilio Reina Guerra, comisario de polic¨ªa, quien por un error en la solicitud del propio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez fue citado en lugar de su hermano Manuel, tambi¨¦n comisario. En un intento de explicar el error, Rodr¨ªguez Men¨¦ridez pregunt¨® al compareciente si ten¨ªa "alg¨²n hermano que se apellide Reina", a lo que el testigo respondi¨®: "S¨ª, claro".