El Gobierno aceptar¨¢ las peticiones para desatascar la justicia y elevar los sueldos de los jueces

El Gobierno aceptar¨¢ las reivindicaciones esenciales de las tres asociaciones judiciales, asumidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seg¨²n fuentes gubernamentales y judiciales. Tanto el plan urgente para hacer frente al atasco de la Administraci¨®n de justicia como la fijaci¨®n del volumen de trabajo de cada ¨®rgano judicial y el aumento de las retribuciones a los jueces por encima del 30% ser¨¢n aceptadas, aseguran tales fuentes, por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en la reuni¨®n con el presidente del CGPJ, Antonio Hern¨¢ndez Gil, fijada para el pr¨®ximo 15 de junio.

El acuerdo sobre la celebraci¨®n de este encuentro ha sido valorado por fuentes judiciales como una "noticia importante", ante todo, dijeron, "porque despeja las dudas abrigadas en los ¨²ltimos d¨ªas sobre si dicho encuentro al m¨¢ximo nivel de los poderes ejecutivo y judicial se iba a celebrar". En cuanto a la fijaci¨®n del mi¨¦rcoles, 15 de junio, como fecha concreta del encuentro en el palacio de la Moncloa, las mismas fuentes aseguraron que ha sido el propio Hern¨¢ndez Gil quien ha preferido retrasarlo hasta despu¨¦s de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la Memoria de 1987, prevista para el 8 de junio.En las asambleas de jueces y magistrados realizadas en las audiencias territoriales el pasado viernes para dar cuenta de las reuniones celebradas por tres representantes de las asociaciones judiciales con tres vocales del CGPJ, se constat¨® un clima generalizado de desconfianza hacia la viabilidad del denominado cauce institucional. La mayor¨ªa de los numerosos asistentes a estas asambleas recordaron que no deben abandonarse las v¨ªas de presi¨®n.

Para muchos jueces y magistrados, la virtualidad del cauce institucional y, dentro de ¨¦l, la anunciada reuni¨®n de Hern¨¢ndez Gil con Gonz¨¢lez no ser¨ªa m¨¢s que un procedimiento dilatorio para impedir, sin resolver, el conflicto y, en concreto, el recurso a la huelga, votado favorablemente en algunas audiencias territoriales. Frente a esta posici¨®n, los partidarios de una pol¨ªtica de consenso y de no enfrentamiento para hacer realidad las reivindicaciones judiciales, defendieron la eficacia de la asunci¨®n por el CGPJ de las peticiones asociativas y su traslado al Ejecutivo.

El 'cauce institucional'

Entre estos ¨²ltimos, a lo largo del proceso iniciado en marzo de este a?o, destacaron algunos dirigentes de Jueces por la Democracia, que optaron claramente, como cuesti¨®n previa, por el cauce institucional, si bien la asociaci¨®n judicial progresista, como puede leerse en la ponencia del juez Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro al congreso que se inicia ma?ana en Santiago de Compostela, considera leg¨ªtima "cualquier medida de presi¨®n constitucionalmente reconocida a los dem¨¢s funcionarios p¨²blicos, entre ellos la huelga". De ah¨ª que la noticia sobre la eficacia de la estrategia utilizada haya sido muy bien recibida por la mayor¨ªa del CGPJ, tanto porque evitar¨¢ "problemas muy graves" como porque har¨¢ innecesario dimitir, ¨²nica actitud que seg¨²n varios consejeros quedar¨ªa tras la negativa gubernamental.

Por su parte, el portavoz de la asociaci¨®n judicial progresista, Juan Alberto Belloch, momentos antes de salir desde Bilbao con los asociados vascos camino de Santiago de Compostela, manifest¨® a EL PA?S su optimismo ante los previsibles resultados satisfactorios de "la iniciativa", dijo, "de Jueces para la Democracia". Belloch a?adi¨® que "mediante la asunci¨®n de las reivindicaciones judiciales, el CGPJ puede encontrar su lugar institucional y mediante la aceptaci¨®n de las mismas por el Ejecutivo, tras haber sido estimadas razonables por el ¨®rgano de gobierno de un poder del Estado, se har¨¢ pedagog¨ªa pol¨ªtica y se evitar¨¢ un conflicto innecesario".

Fuentes del CGPJ resaltaron que la nueva din¨¢mica fue provocada por el propio Felipe Gonz¨¢lez, tanto en el ¨²ltimo debate parlamentario sobre el estado de la naci¨®n -en el que acus¨® al CGPJ de no haber desarrollado sus competencias- como en varios encuentros con los miembros del Consejo, a quienes exhort¨® a asumir plenamente su funci¨®n de gobierno del poder judicial. Tales fuentes resaltaron que mientras el Parlamento elabora sus propios presupuestos, incluidas las retribuciones de diputados y senadores, el poder judicial depende econ¨®micamente del Ejecutivo y s¨®lo propone el presupuesto del CGPJ, pero no el relativo a la justicia y ni siquiera decide las retribuciones de jueces y magistrados.

2.700 millones de pesetas

Fuentes gubernamentales aseguraron, por su parte, que Gonz¨¢lez ha sido receptivo al asesoramiento recibido en el sentido de que el colectivo de unos 2.000 jueces y magistrados es relativamente peque?o y el importe del aumento retributivo para 1989 -evaluado en unos 2.700 millones de pesetas sobre los sueldos actuales-, unido a las restantes medidas para solucionar el atasco dela justicia, tendr¨ªa un importante efecto multiplicador.

Tambi¨¦n ha sido tenido en cuenta el agravio comparativo de jueces y magistrados respecto a otros juristas de similar formaci¨®n que, por la v¨ªa del arancel, perciben retribuciones millonarias para incentivar su trabajo, a pesar de que su responsabilidad y funci¨®n en ning¨²n caso es mayor que la de los titulares del poder judicial.