Nobleza obliga

Un solo caso de corrupci¨®n policial, una sola amenaza o maltrato de palabra u obra a un ciudadano en un local policial, pone en cuesti¨®n todo el sistema constitucional. Porque la polic¨ªa debe estar al servicio de los valores democr¨¢ticos y sujeta a la responsabilidad jur¨ªdica, pol¨ªtica y social que nos es a todos exigible.

Los confiados ciudadanos celosos de paz y orden, en situaciones de peligro, sol¨ªan normalmente llamar a la polic¨ªa. A la luz de los datos ¨²ltimamente desvelados, no parece conveniente semejante ocurrencia. Es correr demasiado riesgo, por lo que se ha visto, se ve y se ver¨¢, pues no se aprecian s¨ªntomas de correcci¨®n.Lo primero que puede ocurrir es que los requeridos se equivoquen de domicilio y, con la costumbre, ¨²ltimamente adquirida, de no advertir y de no llamar al timbre, de no preguntar, entren a bombazos all¨ª o en cualquier sitio. A?¨¢dase a ello la no despreciable posibilidad de tener que acompa?arles luego a comisar¨ªa y desaparecer; eso s¨ª, dejando firmadas unas cuantas declaraciones, en las que se reconozca la responsabilidad en la muerte de Manolete.

No es desde?able tampoco el riesgo de la desaparici¨®n de la casa asaltada de toda clase de objetos de valor, que se perder¨¢n en ese largo camino que va desde el lugar de los hechos a la comisar¨ªa y desde la comisar¨ªa al juzgado.

Con un poco de suerte, tras estas presumibles odiseas, el ciudadano despreciado, vapuleado, maltratado, expoliado, si se resiste al abuso, podr¨¢ ser acusado de desacato, desprecio a la autoridad, insulto a cuerpos del Estado, calumniador del orden p¨²blico, subversivo, disolvente, compa?ero de viaje del vendaval antidemocr¨¢tico, nost¨¢lgico del franquismo y agente secreto de cualquier potencia mediterr¨¢nea. La polic¨ªa no es tonta, y el criminal siempre paga.

Para evitar malentendidos y desgraciadas generalizaciones, es evidente que hay polic¨ªas y polic¨ªas, pero tambi¨¦n es m¨¢s que evidente que son ya demasiados casos los que est¨¢n saliendo a la luz por hacer desaparecer detenidos, joyas, atracadores, importantes alijos de drogas, comport¨¢ndose algunos de los perseguidores del crimen como aut¨¦nticos delincuentes. Hay una importante minor¨ªa, minor¨ªa muy cualificada, al parecer minor¨ªa muy bien protegida, que goza de cierta impunidad cuando monta sus h¨¢biles operaciones, bien sean de asalto a joyer¨ªas, bares de refugiados vascos o viviendas familiares de barriada, aprehensi¨®n de drogas, o cuando se dedican al espionaje de los partidos pol¨ªticos y a la vigilancia y observaci¨®n de los discrepantes del sistema. En agradecimiento a esta clase de servicios recibe condecoraciones, meritorias citaciones, y son muchos de los implicados los h¨¢biles detectives a quienes se encomiendan c¨®modas comisiones de servicio que les alejan del pesado trabajo de la persecuci¨®n del delincuente, que, por lo que se ve, deb¨ªa empezar con m¨¢s eficacia por la propia casa.

Afortunadamente, el Estado funciona ya tan bien, la democracia est¨¢ tan consolidada, somos un pa¨ªs tan moderno, que a nadie escandaliza el que haya delincuentes que sean asesinos, atracadores, torturadores, secuestradores, extorsionadores de proxenetas, protectores de burdeles, narcotraficantes y chantajistas disfrazados de polic¨ªas, campando libremente a sus anchas, amparados en la placa y en el escudo de su funci¨®n de servidores del Estado, para hac¨¦rselas pasar estrechas a todos los ciudadanos que les caen mal, en un sistema al que ya no se puede llamar ni policiaco, sino que debe calificarse de gansteril. Pero aqu¨ª no pasa nada, nadie tiene por qu¨¦ asumir ninguna responsabilidad pol¨ªtica ni penal, y la irraz¨®n de Estado protege esta corrupci¨®n impresentable que priva al mismo de legitimidad. Adem¨¢s, el exigir responsabilidades se ha convertido en nuestro Estado social y democr¨¢tico de derecho en una actitud demag¨®gica, condenable y desestabilizadora.

Resistencias

Una polic¨ªa democr¨¢tica est¨¢ al servicio de los valores democr¨¢ticos, con comportamientos escrupulosamente legales y constitucionales y sujeta, como el resto de los ciudadanos, sin privilegio alguno, a la responsabilidad jur¨ªdica, pol¨ªtica y social, que nos es a todos exigible.

Cuando unos polic¨ªas saben que es tolerable retener droga aprehendida para pagar confidentes y obtener favores, estimular la comisi¨®n de delitos para reprimir otros delitos, manejar fondos incontrolados, en suma, que el. fin de su actividad justifica toda clase de medios, lo menos importante es lo cuantitativo. Un solo caso pone en solfa todo el sistema.

Una sola amenaza o maltrato de palabra u obra a un ciudadano en un local policial pone en cuesti¨®n todo el sistema constitucional. Ahora empezamos a entender algunos ingenuos la insistente resistencia a admitir la creaci¨®n de una polic¨ªa judicial realmente dependiente de los jueces y fiscales. Cre¨ªamos que era un problema organizativo.

Ahora empezamos a ver de verdad el profundo fondo de la actitud antisindical puesta de manifiesto en responsables del orden p¨²blico a quienes estorba toda clase de controles.

Ahora cobra todo su valor la orden dada en su d¨ªa a unos guardias civiles de no comparecer ante una juez investigadora de un supuesto de torturas.

Ahora hay que reconocer, porque nobleza obliga, que cuando en un editorial de EL PA?S y en una intervenci¨®n de los se?ores Bandr¨¦s y Zub¨ªa se increpaba al firmante de estas modestas l¨ªneas por sostener que la ley antiterrorista s¨®lo servir¨ªa para ser aplicada, exclusivamente, en la lucha contra el nefasto y criminal terrorismo y con un exquisito control judicial, estaba uno, sin quererlo, bien enga?ado y manipulado, enga?ando a su vez a los dem¨¢s, y no en beneficio del Estado de derecho, sino en puro inter¨¦s del derecho patrimonial al Estado que, al parecer, tienen quienes han perdido ya la m¨ªnima sensibilidad democr¨¢tica, jur¨ªdica y ¨¦tica.