Ciudadanos de cristal

LA EXPLICACI?N dada por el titular de Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, a los parlamentarios de la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso para justificar la costumbre policial de grabar en v¨ªdeo actuaciones ciudadanas p¨²blicas y autorizadas encaja perfectamente con la t¨¢ctica desarrollada con ¨¦xito durante su mandato por los estrategas policiales de su departamento: convertir en sospechosos a todos los ciudadanos como mejor manera de dar con el terrorista, el delincuente o el simple alborotador. Es la t¨¢ctica del barrido que, ensayada por primera vez con los habitantes del madrile?o barrio del Pilar, encuentra en los avances de la fotograf¨ªa y de la inform¨¢tica insospechadas posibilidades para hacerse extensible a todos y cada uno de los ciudadanos. Los principios que la inspiran se dejan entrever tambi¨¦n en la proliferaci¨®n de controles indiscriminados en la carretera, en las operaciones primavera contra la droga, y no son ajenos, desde luego, al error cometido con el asalto de los GEO a un domicilio particular en Legan¨¦s. Como m¨¦todo de prevenci¨®n del delito, no puede decirse que esta actuaci¨®n policial sea un dechado de finura y sutileza. Pero el asunto se agrava si encima existen serias dudas sobre su legalidad, y amenaza con llevarse por delante derechos tales como los de intimidad y presunci¨®n de inocencia de las personas.No es cuesti¨®n, evidentemente, de poner en duda el derecho y la conveniencia del uso por parte de las fuerzas de seguridad y del aparato del Estado, en general, de las ventajas de la tecnolog¨ªa en la realizaci¨®n de sus actividades. Pero si se quiere evitar que su empleo abusivo y descontrolado acelere el advenimiento de lo que George 0rwell imagin¨® para 1984 -ciudadano de transparencia cristalina al ojo del Estado y total opacidad de las interioridades de ¨¦ste a los ojos del ciudadano-, es necesario regular cuanto antes la utilizaci¨®n y destino del ingente material que sobre todos y cada uno de los ciudadanos acumula el cerebro informatizado del Estado moderno. El famoso y prof¨¦tico sue?o del escritor brit¨¢nico tiene ya en nuestro pa¨ªs una plasmaci¨®n preocupante: el aparato administrativo, civil y militar del Estado se oculta cada vez m¨¢s bajo el secreto oficial a las miradas del ciudadano, a la vez que indaga sin pudor en las m¨¢s rec¨®nditas zonas de su vida. Los ordenadores Berta, de la Polic¨ªa Nacional; Duque de Ahumada, de la Guardia Civil; Base de Datos Nacional (BDN), de Hacienda, y el innominado del Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (CESID), alimentados por decenas de terminales diseminados en todo el territorio nacional, son algunos de estos, ojos del Gran Hermano orwelliano que hoy siguen sigilosamente la trayectoria vital de inillones de espa?oles.

Los Estados democr¨¢ticos han percibido los peligros de dominaci¨®n y de aplastamiento del individuo que se esconden tras la inform¨¢tica y han elaborado convenios y leyes para regular su uso. Pero los sectores vinculados a la seguridad, a la defensa y a la fiscalidad no est¨¢n precisamente por la labor. El convenio del Consejo de Europa que reconoce el derecho del ciudadano a ser informado por el Estado de los datos personales que le ata?en es papel mojado en Espa?a, a pesar del compromiso de nuestro pa¨ªs a respetarlo. A los 10 a?os de promulgarse la Constituci¨®n, sigue sin cumplirse su mandato de elaborar una ley que limite "el uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Y, por lo que parece, no est¨¢ cercano el d¨ªa en que los espa?oles cuenten con un arma legal tan esencial para su defensa ante la reiterada resistencia de Interior, Defensa y Hacienda, precisamente los departamentos que m¨¢s inter¨¦s muestran en entrometerse en sus vidas.

Barrionuevo ha asegurado a los parlamentarios que las grabaciones policiales de actuaciones ciudadanas no se destinan a fines distintos que los de prevenci¨®n del delito. Pero ?qu¨¦ fiabilidad puede darse a las palabras de un ministro que ha sido tan reiteradamente goleado con la aplicaci¨®n injustificada y abusiva de la legislaci¨®n antiterrorista a delincuentes comunes? Si a ello se unen las dificultades que el propio Poder Judicial encuentra para transitar por los ver?cuetos de determinadas zonas del Estado, se echa de ver cu¨¢n urgente es poner coto, con la legislaci¨®n adecuada, a actividades que tan gravemente amenazan a derechos esenciales de los espa?oles.