Los guardias civiles del 'caso Reinosa' acusan a sus oficiales de ordenarles echar gases en lugar cerrado

Varios guardias civiles procesados por la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz a consecuencia de una intoxicaci¨®n con gases t¨®xicos, en abril de 1987, han declarado en el sumario correspondiente que fueron sus jefes quienes les ordenaron disparar los gases, previstos para uso de antidisturbios en lugar abierto, en el recinto cerrado donde se encontraba el vecino. En el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Provincial de Cantabria contra los ocho guardias civiles, algunos de ¨¦stos manifiestan que "fueron el teniente coronel Monje y el capit¨¢n Guti¨¦rrez Cant¨®n quienes les dieron la orden de usar los botes en lugares cerrados".

Para los magistrados firmantes del auto de procesamiento, Jos¨¦ Luis Gil S¨¢ez, Alfredo de Gorostegui y Jos¨¦ Luis Garayo S¨¢nchez, los dos oficiales, Pablo Jos¨¦ Monje y ?lvaro Guti¨¦rrez Cant¨®n, "responsables de toda la operaci¨®n, ten¨ªan que conocer el peligro de los botes de humo y lacrim¨®genos, as¨ª como la revisi¨®n de los que les enviaron en una segunda remesa de Madrid, conocimiento extensible al Manual de las unidades antidisturbios, que refieren su utilizaci¨®n ¨²nicamente a la presencia de 'multitudes' y 'espacios abiertos', en normas de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil".Seg¨²n el auto de procesamiento, "los botes empleados, por la toxicidad de sus componentes, dada la alta concentraci¨®n de cloruro de zinc, llevaban en su exterior la inscripci¨®n clara y terminante de 'Utilizar s¨®lo en espacios libres, abiertos y bien aireados".

Los guardias intervinientes en los acontecimientos de Matamorosa, "pese a tener conocimiento del grave riesgo que llevaba introducir los botes, en lugares cerrados y haber realizado ejercicios con ellos en el tiempo de su preparaci¨®n y adiestramiento (uno de ellos declar¨® en el juzgado que su inhalaci¨®n no se aguantaba m¨¢s de dos minutos), los lanzaron dentro del garaje, de reducidas dimensiones, que como ¨²nica ventana ten¨ªa la de los cristales por los que los metieron, ocasionando fuerte humareda, hasta el punto de no ver a las personas al abandonarlo y hablarse por los testigos de que el humo sal¨ªa como a presi¨®n".

Autopsia

En su d¨ªa, los pat¨®logos del hospital de Valdecilla -donde Gonzalo Ruiz muri¨® dos semanas despu¨¦s de los hechos que efectuaron la autopsia llegaron a la conclusi¨®n de que la muerte de Ruiz fue imputable a una insuficiencia respiratoria acompa?ada de otra hepatorrenal; la respiratoria se debi¨® a la inhalaci¨®n de gases (hexacloroetano, sulfuro de antimonio y cloruro de zinc). Los m¨¦dicos afirmaron la existencia de una relaci¨®n causa-efecto entre el contacto con el t¨®xico y la acci¨®n de la enfermedad pulmonar.La Audiencia Provincial de Cantabria, en la parte dispositiva del auto, ordena la devoluci¨®n del sumario, junto con la resoluci¨®n adoptada, al juez instructor de Reinosa, Ignacio Pando, para la continuaci¨®n de la tramitaci¨®n hasta su conclusi¨®n. Consultado por este peri¨®dico, el juez de instructor no pudo precisar ayer la fecha t¨¦rmino del sumario que instruye, al ignorar las diligencias que pudieran serle solicitadas tanto por el fiscal como por los abogados defensores y acusadores.

Los procesados tienen ahora tres d¨ªas para recurrir y no existe la menor duda de que har¨¢n uso de tal derecho. El fiscal, Jos¨¦ Ignacio Tejido, pudiera ordenar la pr¨¢ctica de alguna prueba en relaci¨®n con la toxicidad de los gases empleados por los guardias.

En el mes de abril ¨²ltimo, Pilar Iglesias Mart¨ªn, viuda del trabajador muerto, dirigi¨® una carta al ministro del Interior reclamando del Estado una indemnizaci¨®n de 20 millones de pesetas, al considerarle culpable del hecho.

"Se podr¨¢ discutir", dice, "hasta d¨®nde llega la responsabilidad penal de los autores del lanzamiento de los gases", dec¨ªa en su escrito, "pero ello no exime al Estado de lo que determina el art¨ªculo 40 de la ley de r¨¦gimen jur¨ªdico de la Administraci¨®n del Estado. Con arreglo a este precepto, vengo en reclamar por este escrito la indemnizaci¨®n por los perjuicios causados".

El honor y la vida

La reclamante cita "sentencias que por la ofensa al derecho al honor conceden a los perjudicados decenas de millones de pesetas", y bas¨¢ndose en ello afirma: "Parece que ha de ser m¨¢s importante la vida y la indemnizaci¨®n por su p¨¦rdida que el honor en muchos casos de quienes comercian con su intimidad y su fama".Pilar Iglesias, a quien su marido dej¨® un hijo de corta edad, no ha recibido hasta ahora respuesta por parte del Ministerio del Interior.