Lezo da la alarma en la lucha contra la droga
El ataque de los vecinos a las viviendas de las mujeres expulsadas era algo previsible
El ataque de vecinos de Lezo (Guip¨²zcoa) a las viviendas de las dos mujeres expulsadas el pasado 23 de junio era un acto previsto, y desde luego no el peor de los desenlaces posibles en una tierra en la que ETA Militar trata de justificar su existencia present¨¢ndose como el justiciero popular. Los violentos sucesos evidencian un enorme vac¨ªo de autoridad moral e ilustran lo relativo de la eficacia mostrada por las instituciones para encauzar prestamente los conflictos suscitados alrededor de la droga en Euskadi antes de que discurran por derroteros subterr¨¢neos al sistema democr¨¢tico.
Los sucesos violentos han contado con la participaci¨®n o el apoyo expreso masivo de los vecinos del barrio de Altamira, y basta con leer el sentido de las pintadas y recordar los gritos de "?ETA, m¨¢talos!" que han presidido las manifestaciones para saber qui¨¦n ha capitalizado estos hechos, que se producen inmediatamente despu¨¦s de las reacciones populares por los asesinatos de los industriales de Elg¨®ibar y ?ibar acusados de traficantes por la organizaci¨®n terrorista. Los partidos pol¨ªticos democr¨¢ticos temen ahora que el ejemplo de Lezo se extienda a otros puntos.Dos semanas despu¨¦s de lo que el diputado Bandr¨¦s, testigo de los hechos, ha llamado "la noche del linchamiento", los vecinos del barrio de Altamira de Lezo contin¨²an patrullando en piquetes nocturnos, para defenderse ahora, dicen, de posibles represalias de los traficantes expulsados. No parecen albergar mala conciencia por los violentos sucesos de aquella noche terrible en la que lograron expulsar de sus casas a las dos mujeres que ellos consideraron como los ¨²ltimos miembros del clan de traficantes de Altamira.
La mayor¨ªa del Ayuntamiento de Lezo -todos los partidos con excepci¨®n de HB- se mostraba ayer al mediod¨ªa dispuesta a suspender en el pleno convocado para las ocho de la tarde el acuerdo municipal anterior en el que se aprob¨® un¨¢nimemente declarar personas non gratas a cuatro vecinos supuestos traficantes, entre los que se encontraban las ¨²ltimas expulsadas, Marivi Arroyo y Josefa Chaves.
Los vecinos de Altamira admiten que su comportamiento justiciero en el desenlace de una situaci¨®n iniciada hace casi tres a?os no es precisamente el ideal, pero a?aden que era el ¨²nico posible por la extrema tensi¨®n de los ¨²ltimos meses, con enfrentamientos, amenazas telef¨®nicas cruzadas y quema de veh¨ªculos de una y otra parte. Justifican sus acciones por la inoperancia mostrada por las polic¨ªas y la justicia para terminar con un conflicto declarado entre varias familias y el resto del barrio. "El movimiento de drogadictos buscando hero¨ªna en el barrio era continuo, afirman. "Algunos preguntaban directamente por algunos de los traficantes. Luego, con las primeras denuncias, vinieron tambi¨¦n las amenazas y los enfrentamientos, hasta que la situaci¨®n se hizo insoportable".
Es un hecho cierto, avalado por las distintas polic¨ªas y por los jueces, que el barrio de Altamira ha sido estos a?os uno de los puntos de venta de hero¨ªna. De hecho, varios de los integrantes de ese supuesto clan de traficantes se encuentran en prisi¨®n o pendientes de procesamientos.
No es el caso de Marivi Arroyo ni de Joseba Chaves, pero los vecinos las consideran igualmente parte de ese grupo por su relaci¨®n con las otras familias sospechosas, por las visitas que dicen que recib¨ªan y por el antedecente establecido en Renter¨ªa, donde a?os atr¨¢s alguien pint¨® con la palabra traficante un puesto de helados que regentaba la segunda de estas mujeres. Tal y como ella misma declar¨®, Josefa Chaves fue sometida a un reconocimiento en rueda, pero no fue identificada como la persona que hab¨ªa vendido la droga.
En contra de lo que opina el alcalde de Lezo y militante de HB, Mikel Arrizabalaga, para quien los vecinos han actuado correctamente al verse desamparados frente a los supuestos traficantes, el diputado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, cuya presencia fue requerida por las dos expulsadas, opina que la cuesti¨®n no est¨¢ en creer o no si las dos mujeres son o no traficantes, "el problema est¨¢ en que un grupo de gente manipulada asuma el papel de juez y verdugo y trate de aplicar la ley del linchamiento".
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