El poder invsible

EL GOBIERNO ha elegido como trinchera frente a las posibles derivaciones del caso Amedo la defensa de las prerrogativas del Ejecutivo en materia de secreto. "Todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuyo principio no es susceptible de ser hecho - p¨²blico son injustas". Fue Kant, en La paz perpetua, quien primero expres¨® esta relaci¨®n contradictoria establecida entre el secreto y la justicia de los actos de gobierno. La publicidad de ¨¦stos es la primera y fundamental forma de control de que dispone la sociedad respecto a ese Gobierno. Pero es, adem¨¢s, el criterio decisivo para distinguir una acci¨®n l¨ªcita de una que no lo es. Ampararse en la necesidad de defender el Estado de derecho para invocar la ampliaci¨®n de esas zonas de sombra que se extienden bajo el manto del secreto oficial es una contradicci¨®n. La superioridad del Estado de derecho respecto al arbitrismo del absolutista reside en su capacidad para garantizar la transparencia de las decisiones del poder.En su conferencia de prensa del viernes pasado, Felipe, Gonz¨¢lez dedic¨® el grueso de sus reflexiones a defender la obligaci¨®n del Gobierno de ocuparse de lo que denomin¨® "los desag¨¹es" del sistema. Para que no quedaran dudas, puso en relaci¨®n esas tareas de fontaner¨ªa con la existencia de fondos reservados, es decir, de las zonas de sombra. En la trastienda de ese discurso late una filosof¨ªa que no es ajena a una de las vetas de la tradici¨®n de la izquierda contempor¨¢nea: la sintetizada en la f¨®rmula sartriana de las manos sucias, sim¨¦trica a la raz¨®n de Estado, inscrita m¨¢s bien en la tradici¨®n de la derecha.

En este punto, las referencias al derecho comparado podr¨¢n servir para demostrar que los principios del Estado de derecho se vulneran por doquier, pero nunca para justificar tales vulneraciones. Por lo dem¨¢s, dista de ser evidente que el terreno ganado por la impunidad al Estado de derecho haya servido para hacer avanzar un ¨¢pice la causa de la defensa de la democracia frente a quienes tratan de liquidarla. Por supuesto que el terrorismo supone la negaci¨®n misma de la moral pol¨ªtica -y aun de la moral-, y que su aspiraci¨®n m¨¢s definida consiste en acabar con los principios del derecho. No hay necesidad de recordar que tratan de aprovechar las garant¨ªas que la democracia concede a todos los ciudadanos para minarla. Efectivamente, ello es as¨ª, y de ah¨ª la hipocres¨ªa insuperable de ciertas actitudes. Pero si algo ha ense?ado la experiencia de las ¨²ltimas d¨¦cadas es que la ¨²nica posibilidad de victoria que tienen los terroristas depende de su habilidad para conseguir que los dem¨®cratas interioricen los m¨¦todos de aqu¨¦llos.

En Espa?a, el secreto oficial sobre materias referentes a la seguridad y defensa del Estado y su protecci¨®n penal tienen una apoyatura legal equivalente a la que pueda haber en cualesquiera de los pa¨ªses europeos. La ley de secretos oficiales de abril de 1968, reforinada por la de octubre de 1978, faculta al Consejo de Ministros para declarar materia clasificada, secreta o reservada cuantos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas considere que puede poner en peligro la seguridad y defensa del Estado. Lo que no se puede pretender es que el derecho de los ¨®rganos del Estado a cubrir con el silencio determinados asuntos sea sin¨®nimo de ¨ªmpunidad y que la ley penal se quede a sus puertas cuando el poder judicial dispone de indicios de que a su amparo ha podido cometerse un acto defictivo. En ning¨²n Estado democr¨¢tico es eso posible. Como tampoco lo es extender m¨¢s all¨¢ de lo estrictamente necesario el manto del silencio a las actividades del aparato del Estado.

En materia de secretos oficiales, el reforzamiento del Estado de derecho no pasa por la ampliaci¨®n de la bater¨ªa legal que los ampara, sino, en todo caso, por aumentar las garant¨ªas frente a los abusos cometidos en su nombre o bajo su manto protector. Si el secreto se expande m¨¢s all¨¢ de lo estrictamente necesario, se hace impermeable al Parlamento, se convierte en valladar frente al juez investigador de un delito y se recurre a ¨¦l para hacer opaca la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos a la mirada de los medios de comunicaci¨®n y de los ciudadanos, estaremos ante una perversi¨®n de su justificaci¨®n legal y ante su transformaci¨®n en patente de corso para la arbitrariedad, el privilegio y la actuaci¨®n irregular o, lisa y llanamente, delictiva.