La sentencia

LA M?S esperada sentencia desde la del 23-F, hecha p¨²blica ayer, condena a tres de los polic¨ªas inculpados en el sumario por la desaparici¨®n de, Santiago Corella, el Nani, a penas de casi 30 a?os de c¨¢rcel, 20 de ellos por un delito de "detenci¨®n ilegal con desaparici¨®n forzosa". Culmina con ello, cinco a?os despu¨¦s de que se produjeran los hechos, un proceso cuya vista p¨²blica se prolong¨® por espacio de 82 sesiones, cuyas transcripciones ocuparon 8.000 folios, y en la que comparecieron decenas de testigos, algunos de ellos, excepcionalmente, ante las c¨¢maras de televisi¨®n. Los ciudadanos asistieron durante casi cuatro meses a una galer¨ªa de los horrores en la que se dieron cita todas las ilegalidades imaginables en relaci¨®n a la detenci¨®n de una persona, desde la tortura a la eliminaci¨®n del cuerpo de la v¨ªctima, pasando por la falsificaci¨®n de documentos y otras pr¨¢cticas caracter¨ªsticas de la m¨¢s genuina tradici¨®n del tenebrismo nacional.Los jueces que firman la sentencia apoyan su resoluci¨®n, entre otros aspectos, en la "inverosimilitud" de las versiones alternativas presentadas por los encausados. Esas versiones inveros¨ªmiles, que los ciudadanos tuvieron ocasi¨®n de escuchar en las declaraciones de los acusados ante el tribunal, fueron no obstante sostenidas contra viento y marea por los responsables del Ministerio del Interior del Gobierno socialista, y lo fueron incluso cuando la acumulaci¨®n de indicios resultante de la investigaci¨®n period¨ªstica, primero, y judicial, despu¨¦s, era ya abrumadora. Las amenazas de querellas a los peri¨®dicos que no renunciaron a su deber de indagar unos hechos y que, en caso contrario, seguir¨ªan hoy en la sombra, cobran un sentido ir¨®nico a la luz de esta sentencia.

La sentencia constituye un important¨ªsimo triunfo de los valores del Estado democr¨¢tico -y de la sociedad que lo leg¨ªtima- frente a las resistencias todav¨ªa existentes en sectores del propio aparato estatal. Resalta la estulticia y la recalcitrante incapacidad pol¨ªtica de quienes suponen que defender a ciegas a las fuerzas de seguridad del Estado, incluso cuando miembros de ellas cometen aberrantes delitos, les confiere m¨¢s apoyo social y respetabilidad en vez de contribuir a llenar de lodo a todos por los abusos y cr¨ªmenes de unos pocos. Sin la determinaci¨®n de unos jueces que defendieron celosamente su independencia, neg¨¢ndose a mirar para otro lado, y sin la libertad que utiliz¨® la Prensa para destapar el esc¨¢ndalo e investigar sus circunstancias, la vista oral no hubiera llegado a celebrarse jam¨¢s. Y es ¨¦sta una lecci¨®n que debemos aprender todos a la hora de valorar el caso Amedo y lo que en su torno se desarrolla.

Se ha puesto de relieve, por otra parte, la existencia de una amplia zona de penumbra en la parte m¨¢s sensible de todo aparato de poder: su polic¨ªa. Porque, si un juicio sobre tan graves irregularidades policiales es algo sin precedentes en nuestra historia contempor¨¢nea, y es motivo de orgullo para la solidez de nuestro sistema democr¨¢tico, no es menos cierto que algunas de las revelaciones producidas en torno al caso suscitan muy serias preocupaciones. As¨ª, la existencia de una aut¨¦ntica mafia policial, con redes que interrelacionaban a delincuentes, confidentes y agentes, sospechosa de haber eliminado a varios testigos inc¨®modos; la aplicaci¨®n arbitraria de la inconstitucional legislaci¨®n antiterrorista; la pasividad, como m¨ªnimo, del poder pol¨ªtico ante las razonables sospechas existentes y p¨²blicamente conocidas, con pretextos como el de que metieron un gol a un ministro (curiosa manera de describir la desaparici¨®n f¨ªsica de un ciudadano cuando era custodiado por la polic¨ªa). Todos ellos son datos que testimonian la persistencia en nuestro aparato estatal de arraigados h¨¢bitos de impunidad; h¨¢bitos derivados, a su vez, de la tradici¨®n de autonom¨ªa de esos aparatos frente a todo control social o institucional, y h¨¢bitos, finalmente, que algunos l¨ªderes pol¨ªticos parecen haber interiorizado como inevitables o hasta deseables.

A fin de cuentas, el Nani desapareci¨® en las cloacas sobre las que reina el poder. Las muestras de corporativismo que algunos sindicatos policiales han exhibido tras conocer su existencia nos hablan adem¨¢s de lo extendido del peligro, y el silencio del Gobierno habla de la absoluta falta de credibilidad del Gabinete en este caso. Con todo, el que, frente a tradiciones indeseables y pr¨¢cticas obstruccionistas, la fortaleza del Estado de derecho haya acabado por imponerse constituye motivo de satisfacci¨®n para la ciudadan¨ªa.