Interior prepara una reforma para agravar las penas en los delitos contra polic¨ªas

El Ministerio del Interior prepara una reforma legal que permita agravar las penas a los responsables de delitos cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta modificaci¨®n debe operar como elemento disuasorio con vistas a los delincuentes que traten de atentar contra polic¨ªas, al tiempo que se otorga a estos ¨²ltimos una mayor protecci¨®n penal acorde con su "especial responsabilidad", seg¨²n un alto cargo, de dicho departamento.

Un equipo del ministerio del Interior -ahora dirigido por Jose Luis Corcuera-, lleva alg¨²n tiempo dedicado al estudio de este asunto. Seg¨²n los autores de la propuesta, la reforma se basa en "homologar" a Espa?a con otros pa¨ªses de la Comunidad Europea, como Gran Breta?a o Italia, cuyas legislaciones consideran circunstancia agravante la comisi¨®n de delitos contra estos funcionarios p¨²blicos."No puede hablarse de privilegio para los miembros de las fuerzas de seguridad en relaci¨®n con los dem¨¢s ciudadanos, porque el riesgo de choque con un delincuente de los polic¨ªas y de los guardias civiles es muy, superior al resto de los ciudadanos. ?se es el sentido de los agravantes que contienen las legislaciones de otros pa¨ªses", a?adi¨® el alto cargo de Interior.

La misma fuente neg¨® que las modificaciones en estudio puedan considerarse una reacci¨®n a la condena de tres polic¨ªas por la desaparici¨®n de Santiago Corella, el Nani, pese a que el propio secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, se hizo eco ayer mismnio, en Abc, de manifestaciones realizadas por sectores policiales, los cuales desean "el mismo rigor" para los delincuentes que atenten contra polic¨ªas, que el empleado por la justicia con los funcionarios pol¨ªciales.

Tambi¨¦n la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, hizo referencia a este asunto, en su habitual comparecencia informativa tras la reuni¨®n semanal del Gobierno. La ministra asegur¨® que la reforma mencionada se encuentra "en debate" y que a¨²n no ha llegado al ¨¢mbito del Consejo de Ministros, ni se han tomado decisiones.

La ministra ley¨® tambi¨¦n una nota en la que se explican otras reformas legales en estudio, en este caso dentro del Ministerio de Justicia, para adaptarse a la situaci¨®n creada por una sentencia del Tribunal Constitucional, de la que se deriva que los jueces de instrucci¨®n de una causa no pueden dictar sentencia si son recusados por alguna de las partes. Sentencia que en medios jur¨ªdicos ha sido se?alada como causa de un fuerte bloqueo en el trabajo judicial.

Bloqueo de los tribunales

Una de las reformas planteadas por Justicia se orienta a incrementar la iniciativa y responsabilidad del Ministerio Fiscal en la investigaci¨®n de los delitos, "sin perjuicio de la competencia judicial para adoptar todas las medidas que afectan a derechos de la persona y para dirigir en ¨²ltima instancia la instrucci¨®n", seg¨²n la nota mencionada.

Otra de llas modificaciones se refiere a la creaci¨®n de "unos magistrados de lo penal, con la exclusiva funci¨®n de enjuiciar y fallar las causas penales por delitos menos graves", agrega la nota le¨ªda por la ministra. Cabe deducir que tales magistrados est¨¢n destinados a hacerse cargo de los asuntos que hasta ahora llevaban los jueces instructores afectados por la decisi¨®n del Constitucional. Los llamados delitos menores representan m¨¢s de dos tercios de los asuntos que entran en los juzgados de las ciudades m¨¢s congestionadas. Pero la extra?a forma en que fue ofrecida la informaci¨®n a los periodistas -una nota oficial, que la portavoz del Gobierno y la oficina de prensa de Justicia lamentaron no poder ampliar- impidi¨® clarificar esos extremos, ni tampoco determinar si esa reforma consiste en una divisi¨®n de los juzgados ya existentes o exige nuevas plazas de magistrados y en qu¨¦ plazos. La nota le¨ªda por la ministra s¨®lo indica que tales medidas pueden estar vigentes "a finales de a?o y funcionando a principios del a?o pr¨®ximo".

A¨²n es posible una tercera reforma penal: la que se refiere a agravar las penas por tortura. Pero en este aspecto, la ministra portavoz se limit¨® a indicar que es un debate posible en el marco del Parlamento.

En respuesta a otras preguntas, la ministra portavoz afirm¨® que la sentencia reca¨ªda sobre el caso El Nani "demuestra que estamos en un estado de derecho", y espera que sea interpretada como una responsabilidad "de personas concretas y no de todo el colectivo que trabaja por la seguridad de todos los espa?oles". Asimismo confirm¨® que el Ejecutivo no ha dado instrucciones al fiscal del Estado para que recurra contra esa decisi¨®n judicial.