La delincuencia aument¨® en Esp?a 8%, el a?o pasado, seg¨²n el fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, anunci¨® ayer en la apertura del a?o judicial que la delincuencia aument¨® en Espa?a un 8% el a?o pasado. Los robos, especialmente los que se produjeron con violencia o intimidaci¨®n, fueron los delitos que su frieron un mayor incremento, y supusieron el 70% de la criminalidad. La apertura del a?o judicial fue presidida por el Rey, con la asistencia del ministro de Justicia, Enrique M¨²gica. El presidente del Tribunal Supremo, Antonio Hern¨¢ndez Gil, pidi¨® tambi¨¦n una reforma estructural de la justicia, pues el Supremo no puede soportar el exceso que ha tenido en el volumen de trabajo.

Casi un mill¨®n y medio de procedimientos penales se iniciaron en Espa?a durante 1987, de los que 1.338.309 corresponden a diligencias previas, que es el ¨ªndice que mejor refleja los delitos cometidos, seg¨²n Javier Moscoso El fiscal calific¨® de "moderado" el incremento delictivo, que es inferior al registrado en el ¨²ltimo trienio (10,3 %).Los robos con violencia (152.104) aumentaron un 25% por lo que el fiscal propone agravar las penas por este tipo de delitos. Moscoso considera que estos hechos se han multiplicado debido a que los delincuentes han resultado enormemente beneficiados por las ¨²ltimas reformas del C¨®digo Penal que redujeron las penas para los robos, hurtos y apropiaciones indebidas y eliminaron la multireincidencia. Los delitos contra la vida se mantienen estables. En 1987 se iniciaron 884 procesos por homicidios o asesinatos, s¨®lo tres m¨¢s que el a?o anterior.

Por provincias, los procedimientos iniciados en Madrid y Barcelona, que suman 402.022, suponen casi la tercera parte del total nacional. Madrid con el 16,71 % de la delincuencia, alcanza m¨¢s de la sexta parte de la criminalidad espa?ola, mientras que Barcelona con el 13,32% se acerca a la s¨¦ptima parte. Les siguen Valencia, Sevilla, M¨¢laga, Alicante, Baleares y Las Palmas, aunque los aumentos de criminalidad m¨¢s significativos se dan en Madrid (25 %), Las Palmas (23,5 %), Sevilla (20,7%) y Murcia (19,5 %).

El fiscal elogia a la polic¨ªa judicial por la eficacia demostrada en atajar el tr¨¢fico de drogas, que a su entender constituye el factor m¨¢s importante de criminalidad. 24.515 procedimientos se iniciaron por este motivo en 1987, casi el doble que en 1986. La memoria destaca la incautaci¨®n de m¨¢s de 3.000 kilos de coca¨ªna en 1977 y primeros meses de 1988, y agrega que estamos asistiendo a un incontrolable aumento de las actividades del tr¨¢fico de droga y a un progresivo asentamiento de potentes organizaciones criminales que monopolizan ese fen¨®meno a gran escala, en todas sus fases.

Nuevas formas

Se mencionan asimismo las nuevas formas de delincuencia, como la de los hinchas de los equipos deportivos y los conductores kamikaces. El fiscal destaca que la conciencia de la gravedad de estos hechos, a los que califica de "conducta antisocial", contrasta con la levedad de las penas previstas contra ellos, y precisa que como las sanciones son insuficientes deber¨ªan adoptarse otras de mayor entidad.

Otro apartado importante es la violencia ejercida contra los ni?os por parte de sus padres o tutores y tambi¨¦n contra las mujeres por parte de sus conyuges. A este respecto el fiscal propone un nuevo tipo penal, que constituya un instrumento eficaz para combatir los atentados corporales hacia los m¨¢s d¨¦biles.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hern¨¢ndez Gil, afirm¨® que el retraso preocupante que padece la justicia no es imputable a los jueces, ya que, seg¨²n los datos que expuso, ¨¦stos trabajaron el pasado a?o como nunca en la historia judicial espa?ola. Cada magistrado del Tribunal Supremo tuvo que resolver 213 asuntos importantes el a?o pasado, y el Alto Tribunal tiene pendientes m¨¢s de 25.000 asuntos en estos momentos. Las causas del retraso, seg¨²n Hern¨¢ndez Gil, deben achacarse a la inadecuaci¨®n de las plantillas, la insuficiencia de medios o la deficiente estructuraci¨®n legal del recurso de casaci¨®n.