Ruptura de las negociaciones para la reforma de las oficinas de empleo

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Administraci¨®n y la patronal CEOE rompieron ayer las negociaciones para la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) que se hab¨ªan iniciado el pasado mes de junio. Las dos cuestiones que han impedido que se alcanzara un acuerdo han sido la negativa del Gobierno a que los sindicatos gestionen las prestaciones por desempleo y la aplicaci¨®n de la voluntariedad en el registro de los demandantes de empleo.

La mesa en la que se abordaba la reforma de las oficinas de empleo es la cuarta en la que el Gobierno y los sindicatos mayoritarios no logran un acuerdo. Previamente, la negociaci¨®n sobre cobertura del desempleo "se extingui¨®", seg¨²n palabras del secretario general de Empleo, Alvaro Espina, y no tuvieron mejor suerte las mesas de funcionarios y pensiones. En estos dos casos, los representantes del Gobierno han firmado pactos con la Confederaci¨®n Sindical Independiente de Funcionarios y la Uni¨®n Democr¨¢tica de Pensionistas, y sin. el apoyo de UGT y Comisiones Obreras.

Nueva mesa de empleo

Pese al fracaso de esas cuatro negociaciones, la intenci¨®n del ministro de Trabajo, Manuel Chaves, es convocar en los pr¨®ximos d¨ªas una nueva mesa para discutir un plan de empleo. Seg¨²n fuentes gubernamentales, esa es la ¨²ltima de las comprometidas por el jefe del Ejecutivo con UGT y Comisiones, aunque los sindicatos aseguran que, en sus reuniones con Felipe Gonz¨¢lez, se habl¨® tambi¨¦n de iniciar otras dos discusiones sobre empresa p¨²blica y fondos de inversi¨®n.

Tras la ruptura de ayer, el Consejo General del Inem mantendr¨¢ una reuni¨®n meramente formal para conocer el resultado ole las conversaciones, y posteriormente el Gobierno proceder¨¢ a aplicar la remodelaci¨®n del instituto y de las oficinas de empleo, que tendr¨¢ un coste anual durante los tres pr¨®ximos ejercicios de entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas.

Ayer la Administraci¨®n llev¨® un tercer plan de reforma recogiendo algunas propuestas de los documentos de CEOE, UGT y CC OO, aunque ninguna de las tres organizaciones lo reconoce. El desacuerdo se ha producido fundamentalmente por la negativa del Gobierno a que los sindicatos gestionen las prestaciones de desempleo y por la aplicaci¨®n de la voluntariedad en el registro El argumento utilizado por la Administraci¨®n es que deben destinarse todos los recursos humanos y t¨¦cnicos a los demandantes de empleo, a su reconversi¨®n y a encontrarles un puesto de trabajo. ?lvaro Espina cree que "los funcionarios no pueden perder el tiempo con los trabajadores que llegan ya con una oferta nominativa de una empresa, y que suponen el 80% de las actuaciones". Sigue siendo obligatorio el registro de los contratos, pero no la inscripci¨®n previa del demandante y la solicitud del empresario.

Los sindicatos UGT y CC OO se oponen a la voluntariedad porque creen que se abre una v¨ªa a la privatizaci¨®n de los servicios de empleo, y coinciden en que el Gobierno ha recogido las propuestas de la CEOE. El representante ugetista, Emilio Castro, asegura que a partir de ahora el Inem no va a ser quien atienda a los parados; abandona su papel de intermediaci¨®n, aunque no la tutela; se inhibe de responsabilidades, y se corre el peligro de volver "a la contrataci¨®n en la plaza del pueblo".

Salce Elvira, de CC OO, entiende que el Inem estar¨¢ "m¨¢s descafeinado" y se limitar¨¢ al registro de los parados que cobran subsidio. Ella reconoce que en el tercer documento de la Administraci¨®n se ampl¨ªa la participaci¨®n sindical, pero a cambio de "un chantaje". "Nos dan m¨¢s poder", afirma, "si admitimos que se sometan al libre mercado los tres millones de parados".

El representante de CEOE, Julio S¨¢nchez Fierro, hace una valoraci¨®n muy diferente y cree que el tercer documento de reforma se acerca a las propuestas de los sindicatos, introduce elementos intervencionistas e incrementa las trabas burocr¨¢ticas. ?lvaro Espina asegura que la reforma no obedece a un modelo liberal, como afirman las centrales, ni es intervencionista, como asegura la patronal.