No cruzarse de brazos
La realizaci¨®n del espacio social europeo, afirma el autor, es una exigencia prioritaria del sindicalismo, convencido como est¨¢ de que el gran mercado interior s¨®lo tiene sentido si conduce a mayores cotas de bienestar para los trabajadores y trabajadoras en t¨¦rminos de empleo, condiciones de vida y calidad de trabajo.
Para exponer algunas consideraciones, sobre la realizaci¨®n del espacio social europeo es bueno comenzar por preguntarnos d¨®nde estamos. O sea, ?hemos avanzado lo suficiente hacia la cohesi¨®n econ¨®mica y social indispensables para asegurar el ¨¦xito econ¨®mico? Evidentemente no ha sido, as¨ª, y ello surge de varias constataciones.Una es la falta de voluntad de los Gobiernos para adoptar una legislaci¨®n comunitaria, porque, afirman, "la realidad social de cada pa¨ªs es muy diferente", cuando lo es tambi¨¦n en todos los dem¨¢s aspectos, sin que sea obst¨¢culo para que se promulguen casi diariamente normas homogeneizadoras que van desde el nivel de ruido de las motocicletas hasta la regulaci¨®n de la actividad bancaria.
Es conocido que la construcci¨®n europea se concibi¨® en un comienzo como un proceso fundamentalmente econ¨®mico en el que las cuestiones sociales no han ocupado precisamente un lugar preferente. Resulta ilustrativa en este sentido la escas¨ªsima referencia a ellas en el Tratado de Roma, de 1957.
Posteriormente las presiones sindicales y las propias exigencias del proceso de integraci¨®n condujeron a la promulgaci¨®n de algunas normas -directivas y reglamentos- y a que el Acta ¨²nica de 1986 llenase en parte el vac¨ªo del texto fundacional.
Pero seguimos sin un verdadero conjunto normativo que asegure derechos m¨ªnimos a los trabajadores y trabajadoras europeos, y las recientes cumbres comunitarias no han realizado avances significativos. As¨ª, mientras la de Copenhague fue un fracaso, la de Bruselas permiti¨®, es cierto, un avance en la importante cuesti¨®n de los fondos estructurales, pero la de Hannover no emiti¨® a la comisi¨®n los mandatos concretos que esper¨¢bamos.
En esas cumbres parece que la se?ora Thatcher exhibe su conocido rechazo frontal a esa "nueva jerga" del espacio social, pero parece tambi¨¦n que tan conservadora gobernante sirve de excelente pretexto para no producir avances en este campo.
Por otra parte, el proceso de di¨¢logo social de Val Duchesse, impulsado decididamente por el presidente Delors, no ha producido resultados tangibles por la cerrada negativa de los empresarios a asumir cualquier tipo de acuerdo vinculante de ¨¢mbito europeo.
A ello se suma, y ¨¦sta es una tercera constataci¨®n, el constante reenv¨ªo de muchas cuestiones claves entre los Gobiernos comunitarios y la comisi¨®n, una t¨¢ctica de pimp¨®n demostrativa de la falta de inter¨¦s en elaborar un derecho social comunitario. El decepcionante informe de Mar¨ªn no ha puesto mejor las cosas.
Existe, por tanto, un claro desfase entre una integraci¨®n econ¨®mica acelerada porque se le ha puesto fecha, 1993, y la constituci¨®n de un espacio social que se pretende dejar para una segunda etapa que no se sabe cu¨¢ndo vendr¨¢.
Ante esta situaci¨®n la preocupaci¨®n de los trabajadores y trabajadoras aumenta, y esto es perfectamente comprensible en tanto en cuanto las repercusiones del mercado interior no ir¨¢n necesariamente a mejor por la propia inercia de las cosas.
En materia de empleo, por ejemplo, el Informe Cecchini subraya que la etapa final de la construcci¨®n europea puede implicar, si se producen determinadas circunstancias, la creaci¨®n de hasta cinco millones de puestos de trabajo. Pero a?ade, y esto se ha publicado menos, que de entrada se producir¨¢n 500.000 parados m¨¢s. Y en el caso espec¨ªfico de nuestro pa¨ªs, un reciente informe oficial presentado ante la Comunidad Europea, en contra de otras triunfalistas versiones, ha dado una voz de alarma: ?la apertura de los mercados pone en peligro nada menos que una veintena de sectores industriales y est¨¢n amenazados en torno a 800.000 puestos de trabajo!
Son motivo de preocupaci¨®n, por tanto, las negativas repercusiones que puede tener a corto plazo el Acta ¨²nica en aspectos muy concretos que conciernen a millones de ciudadanos y ciudadanas.
El 'doping' social
Est¨¢, por una parte, el problema de la competitividad de nuestra industria y nuestros servicios, que deber¨¢n desempe?arse en mercados totalmente distintos a los que han conocido en el pasado y que no puede afrontarse con la falsa alternativa de procurar mano de obra m¨¢s barata, como es la constante propuesta empresarial, e incluso de ciertos c¨ªrculos de la izquierda, sino, precisamente al contrario, con una concepci¨®n europea de la productividad basada en la coordinaci¨®n de las pol¨ªticas econ¨®micas, en la realizaci¨®n de obras de infraestructura imprescindibles y en la mejora de la calidad de los productos.
No es la pr¨¢ctica del doping social una v¨ªa correcta para lograr mayor competitividad, sino la de motivar a los trabajadores a trav¨¦s de mayor estabilidad y mejores condiciones en el empleo.
Por otra parte resulta imprescindible afrontar con la mayor decisi¨®n la necesidad de mejorar el sistema de formaci¨®n profesional, aspecto en el que Espa?a exhibe un grave y negativo diferencial con los pa¨ªses m¨¢s desarrollados. Seg¨²n estimaciones, del total de 14 millones de personas que componen la poblaci¨®n activa espa?ola, ocho millones, el 57%, carecen de titulaci¨®n profesional reconocida.
La libre circulaci¨®n de trabajadores puede colocarnos en situaci¨®n inversa a la de hace a?os, o sea, no de enviar emigrantes a los pa¨ªses industrializados, lo que ya no es posible, sino de recibir t¨¦cnicos extranjeros cualificados que no tengamos aqu¨ª en la cantidad necesaria porque nuestro sistema es incapaz de proveerlos.
En definitiva, para afrontar los desaf¨ªos que se nos presentan la reivindicaci¨®n de los sindicatos pasa por un espacio social europeo que debe construirse simult¨¢neamente con el proceso de liberalizaci¨®n de los mercados y estar indisolublemente unido a ¨¦l.
Propugnamos con ello una idea de Europa en favor de la cual asumimos la iniciativa, pues no podemos abandonar su construcci¨®n en manos de las fuerzas conservadoras, como, por desgracia, hace la izquierda pol¨ªtica, que carece de un proyecto conjunto para 1993.
En la lucha por este objetivo, la Uni¨®n General de Trabajadores est¨¢ en la misma nave con el conjunto de las organizaciones europeas.
Para ello ser¨¢ necesario hacer m¨¢s efectiva la v¨ªa de la negociaci¨®n con los empresarios, que deben modificar su actitud y asumir la posibilidad de que se suscriban convenios colectivos de ¨¢mbito supranacional en momentos en que las empresas y el conjunto de la econom¨ªa se internacionalizan cada vez m¨¢s.
Es necesario, a este efecto, potenciar y dar mayor capacidad de acci¨®n sindical a la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos (CES) como un instrumento imprescindible para defender los derechos de pensionistas, desempleados y asalariados, con una estrategia de cooperaci¨®n superadora de los ego¨ªsmos nacionales.
Pero el Consejo de la Comunidad debe asumir tambi¨¦n sus propias responsabilidades y establecer una regulaci¨®n social, como lo hace en otros campos. El Libro Blanco, sin ir m¨¢s lejos, habla de 300 directivas sobre materias econ¨®micas e industriales.
Para ello es fundamental un compromiso pol¨ªtico de los Gobiernos comunitarios, que deben mandatar expresamente a la Comisi¨®n para elaborar las garant¨ªas normativas m¨ªnimas individuales y colectivas -en materias como la protecci¨®n ante los contratos at¨ªpicos, la salud laboral o el derecho de negociaci¨®n colectiva- que todos los trabajadores europeos deben tener, asociar a la CES a la elaboraci¨®n de las pol¨ªticas comunitarias con impacto social y establecer los derechos de informaci¨®n, consulta y negociaci¨®n en las sociedades o grupos a escala europea o transnacional.
Cruzarse de brazos a la espera de que el mercado lo solucione todo es una pol¨ªtica c¨®moda por ahora, pero sus consecuencias a largo plazo pueden afectar al propio proceso de integraci¨®n europea.
es secretario general de la Uni¨®n General de Trabajadores.
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