Concesiones al populismo

AL FIN, tras numerosas vicisitudes y un largo recorrido administrativo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al reglamento de los planes y fondos de pensiones. Algunas estimaciones prev¨¦n que estos fondos, que en los pa¨ªses avanzados desempe?an un importante papel en la econom¨ªa, podr¨ªan llegar a disponer de unas sumas comprendidas entre uno y tres billones de pesetas. Como quiera que, por voluntad de la ley, los recursos deben invertirse mayoritariamente en t¨ªtulos cotizados oficialmente, es de esperar que incidan fuertemente en el desarrollo de la bolsa. De hecho, una de las razones que explican la fuerte afluencia del capital extranjero hacia la Bolsa de Madrid ha sido la inclusi¨®n de Espa?a en el circuito de diversificaci¨®n de los fondos de pensiones de los pa¨ªses m¨¢s industrializados.El reglamento que acaba de aprobarse prev¨¦ que el 90% del activo de los fondos de pensiones deber¨¢ colocarse en t¨ªtulos negociados en la bolsa, en dep¨®sitos bancarios (con un l¨ªmite del 15%), en cr¨¦ditos con garant¨ªa hipotecarla y en inmuebles. En los pa¨ªses anglosajones, las colocaciones en la bolsa superan el 75% de los fondos, mientras que en pa¨ªses como Holanda, Alemania Occidental o Suiza, las colocaciones privadas o las que consisten en inmuebles e hipotecas son m¨¢s importantes.

Los fondos de pensiones deber¨¢n ser administrados por entidades gestoras, bajo la supervisi¨®n de comisiones de control, que contar¨¢n con mayor¨ªa absoluta de part¨ªcipes en el fondo. Un problema que se plantear¨¢ es la constituci¨®n de esas comisiones y la designaci¨®n de sus miembros. El reglamento establece que los vocales no ser¨¢n remunerados, pero en la pr¨¢ctica dispondr¨¢n de un poder considerable si, como parece l¨®gico, los fondos se desarrollan r¨¢pidamente. La redacci¨®n del reglamento impide que los promotores, que a menudo ser¨¢n las empresas, dispongan de mayor¨ªa absoluta, pero tampoco confiere el control a los sindicatos.

Los aspectos fiscales son los m¨¢s discutibles. Del reglamento actual ha desaparecido la obligaci¨®n de incluir los derechos devengados en la declaraci¨®n del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una decisi¨®n razonable que no se ha seguido en otros terrenos. La decisi¨®n de limitar a 500.000 pesetas la desgravaci¨®n en la base del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas y la de deducir un 15%, de la cuota hasta el l¨ªmite de 750.000 son una concesi¨®n al populismo. Todo sucede como si los directivos de las empresas y los profesionales en general no tuvieran derecho a mantener, llegada la jubilaci¨®n y con el dinero ahorrado durante el per¨ªodo de su vida activa, un nivel de ingresos equiparable al de su per¨ªodo profesional. Es evidente que cada cual puede dedicar el porcentaje que desee de su renta al ahorro; lo ¨²nico que ocurre es que m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites establecidos por el Estado, el mismo dinero tributar¨¢ dos veces. Se trata de una decisi¨®n absurda desde el punto de vista econ¨®mico, puesto que si esa misma renta se dedica al consumo tan s¨®lo tributar¨¢ una vez. De esta manera, el Estado favorece el consumo frente a la inversi¨®n, lo cual choca frontalmente con el proclamado objetivo de creaci¨®n de empleo.

Para todos aquellos que est¨¦n dispuestos a ahorrar m¨¢s de 500.000 pesetas por a?o para su jubilaci¨®n, la ¨²nica salida consiste en intentar obtener unos rendimientos en sus colocaciones que compensen el efecto de la doble tributaci¨®n a que ser¨¢n sometidos. Con ello, la coherencia de la pol¨ªtica econ¨®mica se detiene a las puertas del dogma populista. O quiz¨¢ s¨®lo se trate de un problema de ignorancia.