El s¨ªntoma Amedo

CON LA decisi¨®n de procesar a los funcionarios de polic¨ªa Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez por su presunta relaci¨®n con los cr¨ªmenes de los GAL, es el terrorismo de Estado lo que se sentar¨¢ en el banquillo. La Audiencia Nacional ha concluido la etapa preliminar de un proceso que, m¨¢s que ning¨²n otro en los ¨²ltimos a?os, ha puesto a prueba la independencia del poder judicial frente a los que enarbolan la raz¨®n de Estado para encubrir y justificar el delito y garantizar la impunidad de quienes lo promueven y ejecutan. Hay que felicitarse de que la justicia espa?ola haya salido airosa del embate, y no fundamentalmente porque se haya pronunciado en el sentido en que lo ha hecho, sino porque ha sido capaz de actuar con libertad e independencia frente a las presiones y los obst¨¢culos opuestos por el Gobierno socialista desde el instante mismo en que el asunto Amedo arrib¨® a los dominios de los tribunales.El caso, que ahora inicia el camino imparable de su enjuiciamiento p¨²blico ante un tribunal de justicia, afecta desde luego a las conductas concretas de los funcionarios procesados. Pero a trav¨¦s de ellas, y teniendo en cuenta el tipo de actividades delictivas que se les imputa, la conexi¨®n de ¨¦stas con sus funciones policiales y las sospechas m¨¢s que fundadas de su financiamiento con dinero p¨²blico, ser¨¢n enjuiciados tambi¨¦n los criterios dominantes en una parte importante de las actividades de la seguridad del Estado. Y en concreto, la tendencia de determinados servidores p¨²blicos a implicar al Estado, con la anuencia de sus jefes, en peligrosas aventuras ajenas a la ley y al derecho.

Que el caso Amedo trasciende las personas concretas de los hasta ahora implicados y que apunta a zonas m¨¢s amplias y m¨¢s altas del aparato estatal ha sido puesto en evidencia por las reacciones que ha suscitado su investigaci¨®n en las ¨¢reas del poder pol¨ªtico. Bajo esta luz tiene explicaci¨®n la obstinada y sistem¨¢tica obstrucci¨®n que desde el Ministerio del Interior se ha hecho a la actuaci¨®n de la justicia, la inexplicable e intencionada irrupci¨®n del fiscal general del Estado en el procedimiento y, en definitiva, la beligerancia con que desde el ¨¢mbito del Ejecutivo se han seguido los pormenores de la investigaci¨®n judicial. Ello hace que el caso Amedo se haya convertido en una prueba sobre la consistencia de las estructuras del Estado dem¨®cratico y sobre el papel que incumbe al poder judicial en cuanto tutelador de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a todos los poderes p¨²blicos.

Por lo dem¨¢s, el procesamiento de Amedo y Dom¨ªnguez no debe sorprender. S¨®lo los obstinados en no admitir lo evidente pod¨ªan desconocer que esta decisi¨®n estaba ya claramente prefigurada en la valoraci¨®n jur¨ªdica que de los indicios delictivos hab¨ªan ya adelantado los magistrados al pronunciarse contra la libertad provisional de los ahora procesados. Con estos antecedentes, lo sorprendente hubiera sido una decisi¨®n distinta. Tampoco debe provocar sorpresa la decisi¨®n de los magistrados de mantener la situaci¨®n de prisi¨®n preventiva de los procesados. No otro es el criterio -perfectamente acorde con la legislaci¨®n antiterrorista aprobada a instancia del Gobierno- que la Audiencia Nacional viene aplicando a los integrantes de bandas armadas que son acusados de delitos como los que son imputados a Amedo y Dom¨ªnguez y a los que corresponden altas penas de prisi¨®n. Lo que procede es que esta situaci¨®n, en la que todav¨ªa los procesados gozan del derecho constitucional a la presunci¨®n de inocencia, concluya cuanto antes con la r¨¢pida celebraci¨®n del correspondiente juicio oral y p¨²blico. S¨®lo as¨ª podr¨¢n confirmarse o diluirse definitivamente las graves imputaciones que pesan sobre los procesados y verificarse si es algo m¨¢s que una hip¨®tesis procesal el hilo que conduce a la inquietante X con que el juez Garz¨®n corona el organigrama de la siniestra trama de los GAL.