Polic¨ªas esp¨ªas

LA PETICI?N de procesamiento de Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, comisario general de Informaci¨®n, y Alberto El¨ªas Hern¨¢ndez, comisario jefe de la desaparecida Brigada del Interior, en relaci¨®n con el caso del espionaje a partidos pol¨ªticos, as¨ª como la apreciaci¨®n judicial de indicios racionales de criminalidad en la conducta tanto de sus subordinados como de sus superiores en el Ministerio del Interior, reabre judicialmente uno de los asuntos m¨¢s nauseabundos de la transici¨®n democr¨¢tica espa?ola. Y, como sucede con los casos del Nani y de Amedo, pone sobre el tapete el espinoso tema de los l¨ªmites legales en que deben desenvolverse las tareas policiales.La decisi¨®n del juez V¨¢zquez Honrubia -instructor de este sumario, abierto a principios de 1985, archivado pocos meses despu¨¦s tras el extra?o carpetazo dado al mismo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y nuevamente reabierto a instancias de los partidos pol¨ªticos espiados (AP, PCE y PDP)- es un nuevo y valioso ejemplo del papel que en una democracia le incumbe al poder judicial. A la postre, ni los obst¨¢culos de todo tipo puestos a la investigaci¨®n judicial desde las ¨¢reas oficiales ni la toma de posici¨®n del propio Tribunal Supremo han sido suficientes para paralizar la acci¨®n de la justicia ante el tenaz requerimiento de su amparo por parte de los partidos pol¨ªticos que consideran pisoteados sus derechos constitucionales. Y, como no pod¨ªa ser menos, el asunto vuelve a plantearse exactamente en los mismos t¨¦rminos que en su principio.

Al extender los indicios de criminalidad a los subordinados y los superiores jer¨¢rquicos administrativos y pol¨ªticos de Mart¨ªnez Torres y de El¨ªas, el juez V¨¢zquez Honrubia traspasa a la Audiencia Provincial de Madrid la responsabilidad de determinar exactamente hasta d¨®nde puede alcanzar esta imputaci¨®n y de adoptar, en su caso, las iniciativas procesales que correspondan. Porque, por lo que deja entrever su resoluci¨®n, el juez V¨¢zquez Honrubia considera que los nuevos datos recopilados en la segunda fase de su investigaci¨®n sobre el espionaje a los partidos pol¨ªticos refuerzan los indicios sobre la existencia de un entramado policial montado para la obtenci¨®n ilegal de informaciones. As¨ª, queda acreditado que estas informaciones no s¨®lo se nutr¨ªan de an¨¢lisis de noticias publicadas en la Prensa, como pretend¨ªan hacer creer los responsables policiales, sino de colaboradores infiltrados en los partidos, "cuyos servicios eran retribuidos por medio de fondos reservados de la polic¨ªa".

Rafael del R¨ªo, antiguo director de la Polic¨ªa, declar¨® en su d¨ªa ante el juez V¨¢zquez Honrubia que el espionaje de los ciudadanos constituye el n¨²cleo de las funciones policiales en un sistema democr¨¢tico, ?seg¨²n concepto universal y moderno de un Estado de derecho". Ahora el juez replica que no' alcanza a comprender cu¨¢l sea el concepto universal y moderno de un Estado de derecho que ampara el espionaje policial de partidos legales y pide a la Audiencia Provincial de Madrid que explicite qu¨¦ debe entenderse por ?seguridad del Estado" en relaci¨®n con este supuesto. Y es que ¨¦ste es el verdadero meollo de la cuesti¨®n, que aflora en este caso y en tantos otros en los que se pone en cuesti¨®n ante la justicia la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad del Estado. No se trata de enfretamientos entre poderes o de animadversiones judiciales, como algunos pretenden. Lo que ocurre es que las amplias ¨¢reas de impunidad que han existido en determinados sectores del aparato estatal se hacen cada vez m¨¢s restringidas. Ser¨ªa minimizar el papel constitucional de los jueces si se redujera s¨®lo a los conflictos surgidos entre particulares o a la aplicaci¨®n del derecho al ciudadano corriente. Antes bien, la potestad jurisdiccional alcanza su m¨¢xima expresi¨®n cuando se ejerce sobre el propio Estado y sobre su aparato coercitivo. Este control no impide las actividades en defensa del Estado a condici¨®n de que se ejerzan dentro de la legalidad constitucional. Y mientras no se entienda por todos, y en primer lugar por el Gobierno, que esto es as¨ª y que as¨ª debe ser, no se podr¨¢ impedir que se piense que algunos ciudadanos privilegiados pretenden jugar con ventaja.