Un informe pol¨¦mico

EL INFORME sobre la corrupci¨®n inmobiliaria en el Mediterr¨¢neo elaborado por el eurodiputado brit¨¢nico Edward McMillan-Scott a instancias del Parlamento Europeo ha provocado un peque?o terremoto en los sectores econ¨®micos interesados. No es para menos, a tenor del vergonzoso cuadro que en ¨¦l se pinta. Todo el documento constituye un memorial de sucesos en. el que se multiplican compraventas sin escrituras; embargos sin previo aviso al propietario; venta del mismo apartamento, parcela o chal¨¦ a compradores distintos, y quiebras que dejan colgado al perjudicado. En resumen, un terreno abonado para especuladores. S¨ª a ello se a?aden los negros trazos con que el informe describe la codicia de los promotores, la evasi¨®n fiscal, la inutilidad de notarios y registradores de la propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensi¨®n de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno, la conclusi¨®n que se deduce del informe es que todo el sector inmobiliario espa?ol es un nido de pillos que, adem¨¢s, act¨²an en la m¨¢s absoluta impunidad.Las reacciones no se han hecho esperar. Las m¨¢s duras van desde calificar el informe de "pura demagogia" hasta vincular a su autor con determinados intereses tur¨ªsticos; las m¨¢s benevolentes admiten algunos de los hechos descritos -aunque, desde luego, no para implicar en las irregularidades a la totalidad del sector inincibiliario-, pero los ubican en el pasado, cuando no exist¨ªan controles ni la construcci¨®n operaba con las garant¨ªas de ahora. Es seguro que el informe adolece de exageraciones y que la imagen que se ofrece mediante la yuxtaposici¨®n de casos concretos resulta a la postre sesgada. Pero, sin duda, la m¨²sica que contiene es conocida para los o¨ªdos espa?oles. Desgraciadamente, los casos que denuncia el informe han sido moneda corriente en la historia del boom inmobiliario espa?ol de los a?os sesenta y setenta. Y para atestiguarlo, ah¨ª est¨¢n los centenares de estafas inmobiliarias masivas que jalonan esta etapa, de las que los casos de Nueva Esperanza y de Sofico son s¨®lo las m¨¢s llamativas.

Las investigaciones del eurodiputado se centran en la zona tur¨ªstica de la costa mediterr¨¢nea europea, y se refieren exclusivamente a los extranjeros que han decidido comprar all¨ª una vivienda en que fijar temporal o definitivamente su residencia. La constataci¨®n fundamental del informe es que el 90% de los casos rese?ados ha sucedido en la costa mediterr¨¢nea espa?ola, en la que m¨¢s de un mill¨®n de extranjeros -de los que 200.000 son brit¨¢nicos- disponen de una propiedad inmobiliaria. En principio no hay por qu¨¦ dudar de que las mismas pr¨¢cticas de que han sido v¨ªctimas muchos compradores espa?oles se hayan extendido igualmente a los extranjeros.

No tiene, pues, sentido rechazar airadamente el informe como si lo que en ¨¦l se describe no fuera veros¨ªmil y perteneciese a pr¨¢cticas ajenas a nuestro pa¨ªs. Pero tambi¨¦n es justo se?alar que hoy d¨ªa existen unos empresarios m¨¢s ortodoxos y m¨¢s honestos, una legislaci¨®n m¨¢s desarrollada y ha aumentado la vigilancia de los poderes p¨²blicos, especialmente desde que lleg¨® la democracia a los ayuntamientos y a las comunidades aut¨®nomas. Adem¨¢s, hay una parte al¨ªcuota de culpa que corresponde a los propios extranjeros en los desaguisados inmobiliarios que denuncia el informe de McMillan-Scott: las costas tur¨ªsticas espa?olas se han visto invadidas de verdaderos piratas inmobiliarios, sin permisos legales, que realizan sus operaciones desde el exterior defraudando al fisco espa?ol, y que ejercen una competencia desleal a los agentes de la propiedad inmobiliaria espa?oles.

No est¨¢ de m¨¢s que la Comisi¨®n Europea se preocupe de la situaci¨®n, pero tampoco lo estar¨ªa que promoviera una legislaci¨®n b¨¢sica que garantice unos derechos m¨ªnimos en este tipo de adquisiciones transfronterizas.