Un conflicto pendiente

J. G. El juez Baltasar Garz¨®n afirma, en la elevaci¨®n del sumario sobre los GAL a la Secci¨®n Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la negativa del Gobierno y concretamente del Ministerio del Interior a facilitar datos sobre los fondos reservados "sin argumentaci¨®n, y las ¨®rdenes impartidas a sus inferiores" pueden suponer "una clara falta de cooperaci¨®n con la Administraci¨®n de Justicia a los efectos del art¨ªculo 371 del C¨®digo Penal".

Garz¨®n, que deja en manos de la Sala el env¨ªo al Supremo del posible procesamiento de Barrionuevo, mantiene que los datos que se solicitan no se ven afectados por la Ley de Secretos del Estado.

El magistrado explica en su an¨¢lisis sobre el informe de los Servicios Jur¨ªdicos del Estado que "es a la autoridad judicial a la que corresponde valorar si ha existido actividad delictiva o no, nunca al Ejecutivo".

Tambi¨¦n a?ade que la decisi¨®n del Gobierno de ordenar silencio a sus inferiores fue "aparte de innecesaria, no ajustada al ordenan¨²ento jur¨ªdico, ya que estimamos que ninguna autoridad jer¨¢rquicamente superior puede dar a un inferior una orden de silencio cuando ¨¦ste est¨¢ convocado como denunciado y respecto del cual pueden derivarse responsabilidades penales".

Garz¨®n a?ad¨ªa: "No estamos en presencia de secreto de Estado ni de `materia clasificada7, por lo que procede investigar la eventual desviaci¨®n de fondos p¨²blicos para la financi¨®n de los GAL.

El magistrado conclu¨ªa se?alando que, en su opini¨®n, el ministro y sus inferiores jer¨¢rquicos est¨¢n obligados a declarar, por lo que si han incumplido o incumplen una ley, "V.I. decidir¨¢ lo que proceda con arreglo a derecho". El conflicto est¨¢ a¨²n pendiente.