El Defensor del Pueblo y la fiscal¨ªa elaboran informes sobre fraudes inmobiliarios

El Defensor del Pueblo y el fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante han elaborado sendos informes sobre las estafas inmobiliarias a extranjeros en la zona mediterr¨¢nea que el CDS ha pedido por los cauces reglamentarios. Rafael Mart¨ªnez Campillo, diputado del CDS, muestra su extra?eza ante el hecho de que el defensor le haya comunicado que tal informe no existe cuando ¨¦l conoce oficiosamente sus l¨ªneas generales, que califica de "terror¨ªficas".

Este diputado pide al Congreso la creaci¨®n de una ponencia que estudie la situaci¨®n inmobiliaria, as¨ª como el nombramiento de un fiscal especial.El parlamentario del CDS Rafael Mart¨ªnez Campillo, diputado por Alicante., quiere llegar hasta las ¨²ltimas consecuencias en torno a la investigaci¨®n de estafas inmobiliarias, avalado, adem¨¢s de por el conocimiento que tiene de la situaci¨®n, por el informe elaborado por el eurodiputado brit¨¢nico Edward McMillan-Scott, en el que se denuncia que el 90% de las estafas inmobiliarias a extranjeros en la zona mediterr¨¢nea se comete en Espa?a, seg¨²n inform¨® EL PA?S el pasado 24 de octubre.

Este parlamentario denunci¨® "la cultura de la corrupci¨®n" que existe en Espa?a, concretada en la codicia de los promotores, la inutilidad de notarios y del Registro de la Propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensi¨®n de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno.

El diputado del CDS tiene plena confirmaci¨®n de que la oficina del Defensor del Pueblo envi¨® a sus asesores a Alicante el pasado a?o y descubrieron numerosas irregularidades urban¨ªsticas y administrativas. De su investigaci¨®n sali¨® un extenso informe que Mart¨ªnez Campillo califica de "terror¨ªfico".

Este diputado, una vez que tuvo conocimiento de ese informe, pidi¨® al Defensor del Pueblo, con fecha 19 de febrero de 1988, su informe acerca de las actividades de empresas inmobiliarias, nacionales o extranjeras, en la costa de Alicante.

La petici¨®n fue realizada por conducto parlamentario, seg¨²n la facultad que tienen los diputados -art¨ªculo 7 del Reglamento de la C¨¢mara- de solicitar documentos de la Administraci¨®n. El Defensor del Pueblo contesta con fecha 6 de mayo de 1988 de una forma un tanto evasiva y, desde luego, sin reconocer la existencia del documento.

El defensor del pueblo, ?lvaro Gil-Robles, reconoce que se han recibido distintas quejas, remitidas directamente por los interesados, nacionales o extranjeros, contra distintas administraciones p¨²blicas y relacionadas con actuaciones urban¨ªsticas, y que ello ha dado lugar a distintas actuaciones.

Antes de estas apreciaciones el defensor explica que su tarea es la de supervisar la actividad de la Administraci¨®n "y ello impide que esta instituci¨®n pueda ejercer sus funciones y, en consecuencia, admitir y tramitar quejas que hagan referencia a activ¨ªdades de personas o entidades de car¨¢cter privado que no tengan relaci¨®n con una administraci¨®n p¨²blica, raz¨®n por la cual al defensor no le es dado elaborar informes sobre la actividad comercial de empresas privadas".

Mart¨ªnez Campillo, con fecha 8 de noviembre de 1988, ha vuelto a pedir al Defensor del Pueblo toda la informaci¨®n que tenga sobre transacciones inmobiliarias en la Costa Blanca. Asimismo ha pedido a la fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Alicante las actuaciones que haya llevado esa fiscal¨ªa sobre posibles irregularidades.

Este diputado conoce que en el informe del fiscal se ponen de manifiesto numerosas irregularidades administrativas, "pero sin consecuencias penales".

El portavoz del CDS, Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n, ha presentado en el Congreso una proposici¨®n no de ley "relativa a la eficacia y control del sistema de transacciones inmobiliarias de car¨¢cter tur¨ªstico".