Ruedas pac¨ªficas: el final de un conflicto

LAS RUEDAS de reconocimiento para la identificaci¨®n de los polic¨ªas y guardias civiles implicados en casos de denuncia por malos tratos en el Pa¨ªs Vasco pueden dejar de ser un foco de tensi¨®n permanente entre el Gobierno y los jueces. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ha tomado una iniciativa que hace tiempo debi¨® propiciar el Gobierno: pedir al presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao que las ruedas de reconocimiento de los agentes de los cuerpos de seguridad se efect¨²en con las m¨¢ximas garant¨ªas. Como no pod¨ªa ser menos, el presidente de la Audiencia bilba¨ªna ha acogido esta razonable petici¨®n ordenando que se adopten las medidas necesarias de protecci¨®n de los agentes citados para su reconocimiento en rueda judicial.El problema planteado por las ruedas de reconocimiento tiene un indudable fondo pol¨ªtico bajo un entramado jur¨ªdico. A nadie se le ocultan las profundas diferencias que existen entre el Gobierno y el poder judicial sobre la aplicaci¨®n de la legalidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Lo que se plantea es ni m¨¢s ni menos la viabilidad de la investigaci¨®n judicial de las denuncias por malos tratos policiales, cuando se sabe que ETA utiliza esta v¨ªa para obtener datos sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicados en la lucha antiterrorista. La postura de los responsables de Interior y de los mandos policiales no ha sido otra que la de amparar a los agentes denunciados, neg¨¢ndose a facilitar al juez la identidad de los funcionarios participantes en el interrogatorio donde presuntamente se cometi¨® el hecho delictivo. Ello no dejaba al juez otra opci¨®n que la de citar a grupos enteros de agentes para la identificaci¨®n de los presuntamente responsables en ruedas de reconocimiento, efectuadas en presencia del denunciante. La peligrosa escalada en la que, de hecho, estaban enzarzados jueces y mandos policiales en el Pa¨ªs Vasco no s¨®lo pod¨ªa desembocar en situaciones de grave riesgo para la lucha antiterrorista, sino en embarazosos conflictos de car¨¢cter institucional. La citaci¨®n de 90 guardias civiles por la juez Huertas en septiembre de 1986 y la orden dada por el presidente del Gobierno para que hicieran caso omiso del requerimiento judicial mostraron hasta qu¨¦ punto era insensato que el desentendimiento en este tema fuera la regla de actuaci¨®n entre el Gobierno y el poder judicial, un distanciamiento que, a su vez, generaba recelos y suspicacias en la legalidad de la lucha antiterrorista o, cuando menos, en su escrupulosa aplicaci¨®n legal.

La iniciativa del secretario de Estado para la Seguridad pone las cosas en su sitio y abre una v¨ªa de colaboraci¨®n institucional que nunca debi¨® estar cerrada. Para muchos ciudadanos era dif¨ªcil admitir que los jueces fueran insensibles a los problemas de seguridad de los agentes implicados en tr¨¢mites procesales si la cuesti¨®n era razonablemente expuesta por los responsables pol¨ªticos de Interior. En realidad, todo se reduce a encontrar una f¨®rmula pr¨¢ctica de entendimiento entre jueces y responsables de las fuerzas que luchan contra el terrorismo capaz de salvaguardar los valores constitucionales puestos en liza: de un lado, el control jurisdiccional por parte del poder judicial de todas las actuaciones presuntamente delictivas; de otro, el derecho a la vida y a la integridad f¨ªsica de las personas y, tambi¨¦n, la eficacia dentro del marco de la legalidad constitucional de la lucha contra el terrorismo en la que est¨¢n comprometidos todos los poderes del Estado.

Cabe, por ¨²ltimo, dejar constancia de que quien ha acogido tan positivamente las demandas del Ministerio de Interior sea el magistrado Juan Alberto Belloch, recientemente designado presidente de la Audilencia de Bilbao. Es un hecho digno de resaltarse y que deber¨ªa ser analizado con sentido autocr¨ªtico desde determinados sectores sociales y pol¨ªticos. La conocida actitud de este magistrado del Pa¨ªs Vasco a favor del respeto, en cualquier circunstancia, a las reglas del Estado de derecho le han valido frecuentemente incomprensiones y ataques injustos. Su disponibilidad a resolver una grave cuesti¨®n de Estado muestra c¨®mo el entendimiento institucional es posible a condici¨®n de que los prejuicios y los desplantes dejen paso a la raz¨®n y al di¨¢logo.