Una v¨ªa peligrosa

EL 'GAL' Daniel Fern¨¢ndez Ace?a se ha declarado dispuesto a revelar los nombres de los autores del asesinato del dirigente de Herri Batasuna (HB) Santiago Brouard a cambio de obtener la reinserci¨®n social. Desde que en diciembre de 1985 fuese condenado por la Audiencia Nacional a casi 30 a?os de c¨¢rcel por su participaci¨®n en el asesinato del trabajador franc¨¦s Jean Pierre Leiba en Hendaya, este raro esp¨¦cimen de gal ca¨ªdo en manos de la justicia espa?ola multiplica sus declaraciones sobre reales o supuestos cr¨ªmenes de la organizaci¨®n con el evidente prop¨®sito de mejorar su actual situaci¨®n.Toda declaraci¨®n de quienes en su d¨ªa sirvieron como ejecutores de los designios de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n -truhanes, mercenarios o hampones, a caballo entre la delincuencia com¨²n y pol¨ªtica- debe ser acogida con la mayor de las cautelas. Es cierto que de esta infraestructura ha surgido el hilo con que los jueces de Francia, Portugal y Espa?a han ido reconstruyendo la malla de las acciones criminales perpetradas a lo largo de cuatro a?os por los GAL. Pero al margen de su consistencia, la propuesta de Fern¨¢ndez Ace?a plantea. una grave cuesti¨®n en la ardua batalla del Estado contra la delincuencia organizada, sobre todo en los casos del terrorismo y del narcotr¨¢fico. ?Es l¨ªcito que los poderes del Estado pacten con los delincuentes ciertas ventajas legales a cambio de informaci¨®n sustantiva?

La reinserci¨®n social, como v¨ªa ofrecida por el Estado, est¨¢ abierta, en principio, a todos los terrorismos sin exclusi¨®n; las reglas para acogerse a ella no son otras que la renuncia inequ¨ªvoca a los m¨¦todos violentos y el acatamiento expreso de la Constituci¨®n. ?ste es el camino. Diferente es pretender convertir la oferta en un mercadeo respecto de terceros, sin compromiso personal alguno sobre el abandono de la violencia terrorista. La reinserci¨®n social es una medida estrictamente pol¨ªtica, aunque acompasada a las posibilidades de la ley, y su concesi¨®n no depende, en ¨²ltimo t¨¦rmino, de los jueces.

Otra cosa bien distinta es la delaci¨®n. Es cierto que algunos pa¨ªses -como Estados Unidos, la Rep¨²blica Federal de Alemania o Italia- ofrecen la impunidad penal o, al menos, una serie de beneficios legales a aquellos narcotraficantes o terroristas que se arrepientan y denuncien las tramas ocultas que sustentan las redes de sus organizaciones. Espa?a ha estado tentada tambi¨¦n de aplicar esta f¨®rmula a los narcotraficantes con ocasi¨®n de la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal sobre el tr¨¢fico de drogas, y la ofreci¨® sin ¨¦xito a los terroristas durante los dos a?os que estuvo vigente el art¨ªculo de la ley antiterrorista de 1984 en virtud del cual se atenuaba la pena de quienes "hubieran coadyuvado eficazmente a la identificaci¨®n o captura de otros responsables".

El recurso a beneficios legales de car¨¢cter especial para ciertos delitos, aparte de constituir un reconocimiento t¨¢cito de ineficacia por parte de los organismos represivos del Estado, tendr¨ªa tambi¨¦n otras graves secuelas: primar¨ªa unas conductas delictivas frente a otras, podr¨ªa generar efectos crimin¨®genos a?adidos -como la venganza de unas mafias o bandas contra otras- y ampliar las v¨ªas que posibilitan la corrupci¨®n policial. Es muy dudoso que estos efectos pudieran ser eliminados por el control judicial que inevitablemente deber¨ªa acompa?ar a la concesi¨®n de cualquier beneficio legalmente establecido. La eficacia en la lucha contra el terrorismo o el narcotr¨¢fico, y en general contra cualquier otra manifestaci¨®n de la delincuencia, no pasa precisamente por este tipo de medidas y, desde luego, no por aquellas que caucionan una pr¨¢ctica socialmente tan peligrosa como es la delaci¨®n.