Marcos Antonio Blanco Leira

Marcos Antonio Blanco Leira es juez. Por eso sabe perfectamente que a ning¨²n delincuente se le condena sin pruebas, y le indigna que una sanci¨®n por exceso de velocidad pueda ser impuesta al propietario de un veh¨ªculo sin demostrar que ¨¦ste era el conductor. Defendiendo la tesis de que la Administraci¨®n no puede actuar con esa prepotencia, ha pleiteado durante cuatro a?os, dejando de lado el papel de juez y asumiendo el de ciudadano, hasta que el Tribunal Constitucional le ha dado la raz¨®n.

Se ha gastado 200.000 pesetas en demostrar que no tiene que pagar una multa de 12.000 impuesta por la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico, ya que el radar de la Guardia Civil detect¨® el exceso de velocidad de su veh¨ªculo, pero no pudo probar qui¨¦n lo conduc¨ªa en ese momento.Naci¨® en El Ferrol hace 35 a?os, pero desde 1964 ha v¨ªvido en Andaluc¨ªa, salvo dos a?os que ejerci¨® de magistrado en Bilbao. Desde 1987 Marcos Antonio Blanco es titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de C¨®rdoba. Cuando no est¨¢ de guardia, viaja los fines de semana a Sevilla para reunirse con su esposa. Su coche, el que fuera localizado por el radar circulan do a 80 kil¨®metros por hora donde no se pod¨ªa superar los 40, tiene 200.000 kil¨®metros en cuatro a?os de rodaje.

En su ¨¦poca de estudiante en la facultad de Derecho de Sevilla Blanco Leira era una persona inquieta, con ganas de hacer cosas. Colabor¨® en El Correo de Andaluc¨ªa entre 1972 y 1977 con cr¨ªtica de los ayuntamientos sevillanos. Tambi¨¦n cre¨®, junto a unos amigos, un centro cultural en Alcal¨¢ de Guadaira que serv¨ªa de tapadera para reunir a pol¨ªticos como Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, hoy presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, y el andalucista Luis Uru?uela. Blanco se siente plenamente identificado con la l¨ªnea de Jueces para la Democracia, "pero me siento m¨¢s libre fuera".

Nunca comprendi¨®, y consider¨® descabellado, que las multas por exceso de velocidad detectadas por radar fueran dirigidas al propietario del veh¨ªculo. Una remitida a ¨¦l le dio pie para iniciar un pleito que estaba plenamente convencido que ganar¨ªa. As¨ª, se reuni¨® con un abogado amigo suyo y comenzaron a recurrir la sanci¨®n y a recibir los acuerdos desestimatorios a sus argumentos. Pero no le import¨®, y, "aunque costara m¨¢s el collar que el perro", un d¨ªa viaj¨® desde Bilbao a Sevilla para redactar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora le ha dado la raz¨®n, despu¨¦s de cuatro a?os de pleitos.

Afirma que no se acuerda si ¨¦l era el conductor de su coche cuando se cometi¨® la infracci¨®n. "Adem¨¢s", dice, "la Constituci¨®n me reconoce el derecho a mentir, pero advierto que yo no lo he hecho en todo este asunto". Nunca admiti¨® que "la Administraci¨®n pudiera sancionar a un individuo sin comprobar que ¨¦ste es el verdadero infractor". Considera que la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico est¨¢ obligada a realizar una actividad para identificar al conductor, "y me parece una falta de respeto que ahora diga que tratar¨¢n de hacerlo. La sentencia sienta upa doctrina que la Administraci¨®n debe asumir en el futuro".

Pero aparte de este tema que ya ha ganado, le crispa otro sobremanera: la exigencia del pago de la tasa municipal por el servicio de gr¨²a en el momento de retirar el veh¨ªculo de las dependencias municipales.