El secreto de la seguridad

El hecho de que el ministro del Interior se amparase en la ley de secretos oficiales para no facilitar la investigaci¨®n hace pensar al juez Baltasar Garz¨®n que "quiz¨¢s lo que ocurre es que se confunde al Estado y su segur?dad, con la seguridad de algunas personas y sus eventuales responsabilidades penales".El juez considera ilegal la orden dada por Jos¨¦ Barrionuevo de no informar sobre los fondos reservados, y estima que si la autoridad administrativa se convierte en interprete de las normas, sustituyendo en esta misi¨®n a la autoridad judicial, cualquier investigaci¨®n criminal podr¨¢ ser abortada por aqu¨¦lla aduciendo una pretendida e inexistente afectaci¨®n a la segurida d del Estado.

El escrito establece cinco razones por las cuales la investigaci¨®n no debe verse frustrada porque afecte a la seguridad interior del Estado y se refiera a una materia clasificada. Ello supondr¨ªa un an¨¢lisis simplista de la norma.

La interpretaci¨®n de las leyes corresponde al ¨®rgano judicial que debe aplicarlas, contin¨²a el juez. Los datos se inquieren en una investigaci¨®n por hechos muy graves, y hay razones suficientes para solicitarlos. Una interpretaci¨®n restrictiva de la obligaci¨®n de colaborar con la justicia cuando los datos afectan a la seguridad del Estado, dejar¨ªa impunes delitos que se hubieran cometido o financiado con dinero p¨²blico. Los datos pedidos no se ven afectados por la ley de Secretos, pues no existe da?o o riesgo a la seguridad del Estado.

Origen

El magistrado Garz¨®n precisa tambi¨¦n en el escrito que fue la declaraci¨®n del director general de la Polic¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, la que "abri¨® la puerta" para la investigaci¨®n de los gastos reservados del Ministerio, al informar de que el viaje del subcomisario Jos¨¦ Amedo a Portugal hab¨ªa sido financiado con tondos p¨²blicos. El viaje, recuerda el juez, estuvo destinado a contratar mercenarios que fueron trasladados a Francia, donde realizaron atentados por orden de Amedo.

El escrito agrega que a partir de ese momento, si los mecanismos administrativos hubieran funcionado, no habr¨ªa hecho falta que el instructor pidiera los datos, sino que se le debieran haber facilitado, y as¨ª se habr¨ªa evitado la pol¨¦mica y asperezas entre los dos poderes estatales.

Fernando Salas, abogado de la acci¨®n popular, mostr¨® ayer su satisfacci¨®n por la propuesta del juez, aunque mostr¨® su discrepancia con el an¨¢lisis del magistrado de descartar al aparato del Estado como origen de la financiaci¨®n de los GAL. "Disentimos", dijo Salas, "porque no se ha avanzado nada desde julio pasado, y cualquier hip¨®tesis es v¨¢lida, puesto que se sabe que la financiaci¨®n fueron fondos reservados. Tienen que declarar los superiores jer¨¢rquicos y hay que aclarar la contradicci¨®n existente entre Rodr¨ªguez Colorado, que declar¨® en el sumario que no hay constancia documental de los fondos reservados, y Rafael Vera, que manifest¨® en la prensa que todo gasto est¨¢ documentado. Alguien miente".