El CDS y el PP echan por tierra el 25% del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid

El Partido Popular (PP) y el Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) se han dado la mano en el Ayuntamiento para vetar un pol¨¦mico proyecto que supone el 25% del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid. La propuesta, que pasar¨¢ ma?ana por el pleno municipal, consiste en expropiar el pol¨ªgono de Valdebernardo (entre Moratalaz y Vallecas) para levantar 6.000 viviendas de protecci¨®n oficial. El PSOE e Izquierda Unida se han quedado solos defendiendo "un plan que pondr¨ªa freno a la especulaci¨®n". El CDS y el PP no ven razones suficientes para "entrar a cap¨®n y expropiar los terrenos".

Nada menos que 3.700 millones de pesetas est¨¢n en juego. ?se es el dinero reservado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 1988 para hacer frente a la expropiaci¨®n de unos terrenos situados a la altura de la estaci¨®n de metro de Pavones. All¨ª estaba prevista la construcci¨®n de 6.000 viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) para familias de escasos ingresos.Todo parece indicar ahora que el proyecto se quedar¨¢ en agua de borrajas.

La Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, responsable del proyecto, llevaba varias semanas calentando motores, en espera del necesario visto bueno del Ayuntamiento. Pero el plan se ha encontrado con el escollo insalvable de los concejales del PP y del CDS, que suman mayor¨ªa en el pleno y que pueden cortar de cuajo la iniciativa de expropiaci¨®n de los terrenos.

Ambos grupos ya manifestaron su posici¨®n en contra en la comisi¨®n informativa de urbanismo de la semana pasada, y han anunciado que su postura no variar¨¢ en el pleno.

El consejero de Pol¨ªtica Territorial y padre de la propuesta, Eduardo Mangada, se?ala que en este caso el fin justifica los medios: "He pedido a los grupos pol¨ªticos del Ayuntamiento que reconsideren su postura porque peligran los intereses de muchos madrile?os afectados por el gran d¨¦ficit de viviendas sociales".

Algo parecido piensa Francisco Herrera, concejal de IU. "Lo que nos jugamos en esta operaci¨®n es la capacidad de los poderes p¨²blicos para poner coto a la especulaci¨®n privada",afirm¨® ayer. "Si la Administraci¨®n no ense?a los dientes con medidas excepcionales, el precio del suelo selpir¨¢ subiendo y subiendo".

"M¨¢s r¨¢pido y menos costoso"

Enrique Villoria, del Partido Popular, y Javier Soto, del CDS, ven las cosas de otro color.Villoria opina que hay un procedimiento "mucho m¨¢s r¨¢pido y menos costoso que la expropiaci¨®n por la fuerza". El concejal del PP es partidario de seguir en este caso el ejemplo del propio Ayuntamiento de Madrid, que ha negociado con los propietarios de suelo la construcci¨®n de 8.000 viviendas sociales a cambio de 4.700 pisos de renta libre.

"Nos parece mejor llegar a acuerdos que entrar a cap¨®n". As¨ª justifica el concejal centrista Javier Soto su oposici¨®n al proyecto. Soto es tambi¨¦n partidario de que sea el Ayuntamiento, y no la Comunidad, quien lleve la iniciativa de este proyecto.

El plan de Valdebernardo es una cuarta parte del plan de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid para los pr¨®ximos cuatro a?os. El proyecto Madrid-Sur (6.000 viviendas de protecci¨®n oficial en Vallecas) y la construcci¨®n de unas 12.000 viviendas de promoci¨®n p¨²blica en diversos puntos de la regi¨®n completan el programa.

La Comunidad pretend¨ªa que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) fuera el beneficiario de la expropiaci¨®n de los terrenos de Valdebernardo y gestionara directamente la concesi¨®n de las viviendas a cooperativas y agentes sociales.

Los pisos, destinados a familias con ingresos entre dos y tres veces y media el salario m¨ªnimo interprofesional (1.307.000 y 2.287.000 pesetas anuales), iban a salir a la venta por menos de la mitad de precio de su valor de mercado. La Comunidad confiaba en que esta bolsa de viviendas sociales facilitara la baja del precio del suelo en la zona.

Los grupos municipales del PP y del CDS han propuesto que se respete la proporci¨®n de vivienda social (90%) y de mercado libre (10%) prevista inicialmente para la zona o que se llegue a un nuevo acuerdo con los propietarios de los terrenos. En opini¨®n de ambos grupos, "la expropiaci¨®n supondr¨ªa una grave p¨¦rdida de dinero y de tiempo en innecesarios tr¨¢mites jur¨ªdicos".