Relativamente privada

LAS NORMAS dictadas para abrir el paso a la televisi¨®n privada en Espa?a tienen incongruencias tangiles, a partir incluso del mismo concepto de televisiones privadas. En realidad, lo que se otorga o concede s el uso, mediante alquiler y fianza elevados, de los medios t¨¦cnicos de la televisi¨®n p¨²blica a las emisoras privadas que sean elegidas por la Administraci¨®n, que pone obst¨¢culos y reservas graves. En definitiva: una imperfecta derivaci¨®n de una ley igualmente imperfecta.La cuesti¨®n de los plazos entre los que se encontrar¨¢n emparedados los optantes presenta una dificultad significativa. Desde la convocatoria del concurso hasta la concesi¨®n definitiva pasar¨¢n seis meses: tres en el per¨ªodo de presentaci¨®n hasta la apertura de las plicas, dos en estudio de la mesa de contrataci¨®n y uno para la decisi¨®n; del Consejo de Ministros. Quiere decirse que, publicado el pliego de bases del concurso "para la gesti¨®n de la televisi¨®n p¨²blica en gesti¨®n indirecta" en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del 26 de enero, el anuncio de las concesiones no se har¨¢ antes de agosto. Y hay una obligaci¨®n de comenzar a emitir -a pleno rendimiento- en febrero de 1990.

En el mejor de los casos el plazo ser¨¢ de seis meses, durante los cuales las sociedades tendr¨¢n que construir o rematar la infraestructura t¨¦cnica propia, la contrataci¨®n de personal, las l¨ªneas de programaci¨®n, la producci¨®n propia, los contratos de material con productoras extranjeras y espa?olas (porcentuado todo en las condiciones) y realizar las pruebas necesarias. Montar una estaci¨®n de televisi¨®n que responda a los m¨ªnimos exigidos por el Gobierno y que pueda mejorar las condiciones presentadas por los otros optantes supone una carrera de obst¨¢culos bastante dif¨ªcil de observar. El incumplimiento supone la p¨¦rdida de la licencia.

Las inversiones que se tienen que comenzar a hacer son considerables, a partir de una fianza inicial -a la presentaci¨®n del pliego- de 500 millones de pesetas, m¨¢s otros 500 a la concesi¨®n, y de unas -cuotas de alquiler que llegar¨¢n a 305 millones mensuales y 37.500 pesetas por hora de emisi¨®n. Pero deben limitar la publicidad al 10% del tiempo de -misi¨®n anual, sin que en ning¨²n caso puedan sobreparse 10 minutos en una hora emitida.

Aparte de la selecci¨®n que estas disposiciones -y otras muchas que contienen el Real Decreto de 11 de noviembre y la resoluci¨®n de la Secretar¨ªa General de Comunicaciones de 26 de enero- hacen ya )ara que s¨®lo puedan optar grandes grupos de capital (que aun as¨ª tendr¨¢n que pens¨¢rselo mucho antes de licitar), se intuye la resistencia psicol¨®gica de los LUtores de las mismas a que en realidad no haya televisi¨®n privada, y de que ¨¦sta dependa siempre de as interpretaciones que d¨¦ el ministro de Comunicaciones -hoy, Barrionuevo, anterior ministro del interior- a su funcionamiento.

Con estas normas legales estamos lejos de la idea de libertad de informaci¨®n y expresi¨®n y su independencia con respecto a los poderes, que siempre ha sido uno de los fundamentos de la democracia. La extensi¨®n de la idea de libertad de prensa que s¨®lo han negado los reg¨ªmenes absolutistas y represivos) deber¨ªa llegar ¨ªntegramente a todas sus prolongaciones t¨¦cnicas, de las que la televisi¨®n privada forma parte. S¨®lo en un pa¨ªs europeo (Italia) esta libertad sobrepasa todos los l¨ªmites; se va haciendo una lenta y discutida apertura en los dem¨¢s -aunque con garant¨ªa de neutralidad pol¨ªtica de los medios p¨²blicos-, a los que Espa?a se va a incororar con medidas retardatarias.