El Gobierno espa?ol autoriza la venta de armas a Ir¨¢n e Irak
El Gobierno ha anulado la prohibici¨®n, hasta ahora vigente, de vender armas espa?olas a Ir¨¢n e Irak, debido a que estos pa¨ªses iniciaron el pasado verano un alto el fuego en la llamada guerra del Golfo, que no se ha roto hasta la fecha. La decisi¨®n coincide con que Ir¨¢n ha conminado a varias empresas espa?olas a pagar m¨¢s de 1.800 millones de pesetas como garant¨ªas ejecutadas porque incumplieron desde mayo de 1986, contratos con ese pa¨ªs por la prohibici¨®n espa?ola de venderle armas a trav¨¦s de Libia.
La raz¨®n por la que el Gobierno prohibi¨® vender armas a Ir¨¢n e Irak fue el hecho de que ambos pa¨ªses estaban en guerra. Esta comenz¨® en septiembre de 1980, pero transcurrieron varios meses m¨¢s hasta que Espa?a decidi¨® prohibir la exportaci¨®n. de armas a ambos pa¨ªses. Los suministros espa?oles de armarnento continuaron llegando, no obstante, a trav¨¦s de pa¨ªses intermediarios. Jordania fue el principal pa¨ªs intermediario para Irak y Libia o Siria para Ir¨¢n.En 1983, varias empresas espa?olas se comprometieron a suministrar a Ir¨¢n, a trav¨¦s de Libia, importantes cargamentos de armas. Pero en abril de 1986 EE UU bombarde¨® Tr¨ªpoli,y poco despu¨¦s los pa¨ªses de la CE acordaron prohibir la venta de material de guerra a Libia. El Gobierno decidi¨®, a partir del 26 de mayo de 1986, no conceder ni una licencia m¨¢s para Libia.
En esos momentos, varias firmas espa?olas ten¨ªan pendiente entregar material b¨¦lico a Ir¨¢n por valor de 18.000 millones de pesetas. Los contra,tos correspondientes hab¨ªan sido avaladados por diversos bairicos, nacionales y extranjeros, y estaban previstas penalizaciones contra las empresas en el caso de no cumplir sus compromisos.
El a?o pasado, seg¨²n reconocen algunos afectados y fuentes gubernamentales, Ir¨¢n ejecut¨® las garant¨ªas bancarias y las empresas han sido obligadas a materializar los pagos. La firma m¨¢s perjudicada ha sido el Grupo Auxiliar Metal¨²rgico, SA (Gamesa), con sede en Vitoria, que est¨¢ obligado a pagar alrededor de mil millones de pesetas. P¨¢gina 13
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