Predicamentos del monopolio estatal de la violencia

Uno de los elementos constantes para definir al Estado es el monopolio de la fuerza coactiva que puede imponer con base en lo dispuesto en las leyes. Desde hace siglos se considera que en esta posibilidad radica no s¨®lo su naturaleza, sino tambi¨¦n la justificaci¨®n de su existencia misma. Este acaparamiento implica, como cualquier otro, la ausencia de competidores; es decir, el hecho de que la violencia en contra de las personas y sus cosas ¨²nicamente pueda ser ejercida por los agentes estatales a partir de las autorizaciones y posibilidades previstas en el orden jur¨ªdico estatal.

Es dif¨ªcil identificar un momento hist¨®rico en el que toda la violencia haya sido impuesta por los se?alados agentes estatales en condiciones monop¨®licas. La presencia de bandas dedicadas a distintas actividades con o sin complicidad estatal parece ser una constante social, pol¨ªtica y jur¨ªdica. Pero m¨¢s all¨¢ de estas presencias y de sus niveles de desarrollo o connivencia, lo cierto es que es dif¨ªcil suponer la presencia y la correspondiente existencia del Estado sin una centralizaci¨®n m¨¢s o menos constante y visible o simb¨®licamente ejercida. Aun cuando el ¨¦nfasis de lo estatal suele ponerse ¡ªtal como acabo de hacerlo¡ª en la coacci¨®n impuesta por medio de la agresi¨®n, lo cierto es que en ella no puede descansar la totalidad del Estado. Por el contrario, existe un sinn¨²mero de actividades, ritos, pr¨¢cticas y, para abreviar todo lo anterior, cotidianeidades, que giran en torno al Estado sin la presencia de su siempre amenazante violencia.

As¨ª como acontece con los monopolios econ¨®micos y sus posibilidades de engrandecimiento mediante la consolidaci¨®n de actividades conexas a ellos, la condici¨®n de dominio del Estado suele incorporar actividades que, en principio, no forman parte de la coacci¨®n misma. En v¨ªa de ejemplo, el Estado que opera bien su coacci¨®n leg¨ªtima suele extender su presencia a campos tales como la infraestructura, la salud o la cultura.

Cuando en el M¨¦xico actual se habla ¡ªy con raz¨®n¡ª de la p¨¦rdida parcial del monopolio coactivo del Estado, se est¨¢ constatando la incapacidad de sus agentes ¡ªfederales, estatales y municipales¡ª para imponer las normas que otros de sus actores han establecido. Puede tratarse de una situaci¨®n en la que las condiciones territoriales impidan significar como antijur¨ªdicas ciertas conductas y sancionarlas de la manera prevista por sus leyes. Puede tratarse tambi¨¦n de situaciones en las que existiendo presencia geogr¨¢fica del Estado, ciertos actores o ciertas actividades est¨¢n excluidas de la ¡°participaci¨®n¡± estatal.

La enunciaci¨®n de estos dos momentos evoca de inmediato a la geograf¨ªa o a la materialidad de la actual vida social mexicana. Espacios en Sinaloa, Michoac¨¢n o Chiapas son territorios que la delincuencia le gan¨® al Estado por incapacidad o complicidad. La trata de personas, la distribuci¨®n de armas, los derechos de piso, u otras actividades ajenas o toleradas por el Estado en las zonas en las que, en principio, pareciera ejercer su poder soberano.

Sin que emp¨ªricamente sea f¨¢cil determinarlo, existe un punto de rompimiento entre la condici¨®n monop¨®lica de la violencia ejercida por el Estado frente a la realizada por otros grupos armados. Un punto en el que, por decirlo as¨ª, ya no es posible admitir tal acaparamiento, sino que es necesario plantearse la existencia de efectivos competidores; si no de manera total, s¨ª al menos, en amenazantes parcialidades. A lo largo de la historia hemos visto la terminaci¨®n de esos monopolios por la irrupci¨®n de fuerzas no estatales que terminaron si¨¦ndolo, que mantuvieron su presencia paralela, o que terminaron siendo considerados delincuentes por el propio orden estatal.

La narrativa general mexicana considera que el monopolio estatal mexicano se mantiene, que las fuerzas delictivas son marginales, y que, por lo mismo, terminar¨¢n siendo reducidas o sometidas a niveles aceptables. M¨¢s all¨¢ de los deseos compartidos, existe una amenaza creciente por parte de diversos grupos delincuenciales al control coactivo del Estado mexicano. Salvo que se quiera ocultar lo evidente, existen zonas del pa¨ªs en las que la ley imperante no es la estatal, sino la del grupo armado que ha logrado imponer su presencia y excluir la de los agentes p¨²blicos. Las normas que a diario rigen las vidas de quienes habitan en esos lugares no son las que centralizadamente han emitido las autoridades estatales, sino las que, de manera m¨¢s difusa y descentralizada, la poblaci¨®n ha identificado por las declaraciones o sanciones impuestas por los grupos delictivos. De igual manera, y a pesar de que la actividad se despliegue en una ciudad o pueblo con presencia estatal, los habitantes se ven obligados a cumplir con las normas que grupos no estatales les han impuesto bajo la amenaza de ser sancionados violentamente por su incumplimiento.

La p¨¦rdida parcial del monopolio coactivo de la fuerza del Estado no se reduce ¨²nicamente al control cotidiano de las conductas que deb¨ªan realizarse conforme a lo dispuesto por sus normas jur¨ªdicas. Implica tambi¨¦n la p¨¦rdida de presencia en otras muchas actividades sobre las que deber¨ªa incidir. Muestra de lo anterior es la creciente p¨¦rdida de presencia estatal en temas vinculados con la infraestructura b¨¢sica, la protecci¨®n de los ciudadanos frente a otros grupos delictivos, la regulaci¨®n de las transacciones comerciales o la asistencia social.

La p¨¦rdida de presencia territorial o material del Estado ha permitido la ocupaci¨®n de amplios espacios sociales, pol¨ªticos, econ¨®micos y jur¨ªdicos por parte de los grupos delictivos. El hecho de que a estos ¨²ltimos se les trate como marginales tiene que ver con la representaci¨®n de que est¨¢n al margen de la ley, y no, desafortunadamente, con sus crecientes y multifac¨¦ticas presencias.

@JRCossio