Galer¨ªas recurre ante el Supremo la sentencia que le obliga a unas provisiones sociales de 44.000 millones

Galer¨ªas Preciados recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en virtud de la cual los trabajadores de la cadena de grandes almacenes recuperaban el derecho a cobrar una prestaci¨®n de 100 pagas en los casos de jubilaci¨®n, fallecimiento e invalidez. Dicha prestaci¨®n implica la constituci¨®n de un fondo de 44.100 millones de pesetas para hacer frente al coste de estos compromisos laborales, que se extienden en un horizonte de 45 a?os y suponen a lo largo de este tiempo un importe de 1,2 billones de pesetas.

El plazo para la presentaci¨®n del recurso termina ma?ana jueves, si bien el equipo jur¨ªdico de Galer¨ªas Preciados, dirigido por Jes¨²s Ortiz, ha llegado a un acuerdo con los abogados del Estado para definir una estrategia legal conjunta. La sentencia de la Audiencia Nacional pod¨ªa haber sido recurrida directamente por la Administraci¨®n del Estado, desde el momento en que la mayor parte del coste referido corre "a cuenta de Rumasa", seg¨²n el propio contrato de reprivatizaci¨®n, de Galer¨ªas Preciados firmado con el grupo Cisneros el 29 de diciembre de 1984.

Estrategia conjunta

No obstante, el Ministerio de Econom¨ªa y la direcci¨®n de Galer¨ªas Preciados han decidido que sea la empresa la que asuma el papel activo ante el Tribunal Supremo, con el respaldo de la Administraci¨®n del Estado.Ambas partes han decidido tambi¨¦n la realizaci¨®n de un nuevo informe actuarial que permita definir en la actualidad el coste que se deriva del Plan Especial de Previsi¨®n Social suscrito en abril de 1966 por el consejo de administraci¨®n de Galer¨ªas, entonces presidido por Pep¨ªn Fern¨¢ndez. Seg¨²n los c¨¢lculos oficiales realizados en diciembre de 1983, el pasivo laboral contingente que supone la aplicaci¨®n de las 100 pagas a los trabajadores de la empresa, alcanzar¨ªa una cifra superior a los 1,2 billones de pesetas en un plazo de 45 a?os. Dicho c¨¢lculo se fundamenta sobre la base de la plantilla ocupada por Galer¨ªas hace seis a?os, que estaba cuantificada en torno a los 9.700 trabajadores y exigir¨ªa la dotaci¨®n de un fondo de 44.100 millones, capitalizado al 11% durante el citado horizonte de 45 a?os.

En definitiva, y sobre la hip¨®tesis de que la sentencia de la Audiencia Nacional tuviera car¨¢cter ejecutivo desde este mismo momento, Galer¨ªas Preciados registrar¨ªa un agujero de 44.100 millones que deber¨ªa ser asumido en su mayor parte por la Administraci¨®n del Estado. El grupo Cisneros, en su papel de comprador de Galer¨ªas Preciados, al igual que Mountleigh, actual propietario de la cadena de grandes almacenes, s¨®lo se comprometieron a garantizar 5.830 millones de pesetas correspondientes a este pasivo contingente. En realidad, estos 5.830 millones equival¨ªan a una prestaci¨®n m¨¢xima de 1,5 millones de pesetas, para todos los trabajadores afectados por el Plan Especial de Previsi¨®n Social.

En cualquier caso, la sentencia de la Audiencia Nacional constituye s¨®lo un primer paso en la resoluci¨®n de este conflicto. A partir de ahora, los trabajadores afectados -unos 8.500- deber¨¢n presentar las correspondientes demandas particulares que ser¨¢n tambi¨¦n recurridas por Galer¨ªas Preciados. La soluci¨®n final deber¨¢ esperar, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo. En el supuesto de que el alto tribunal ratifique el fallo de la Audiencia Nacional, la Administraci¨®n deber¨¢ provisionar un fondo cuyo importe ser¨¢ establecido sobre la base del nuevo informe actuarial. La financiaci¨®n de este fondo podr¨ªa motivar la solicitud de un nuevo cr¨¦dito por parte de Rumasa, desde el momento en que fue esta entidad la que asumi¨® los compromisos laborales de Galer¨ªas Preciados en el momento de la reprivatizaci¨®n. Otra alternativa ser¨ªa incluir en los Presupuestos Generales del Estado las dotaciones necesarias cada a?o.