El Senado introduce el recurso al Supremo de los condenados a muerte por militares

Los condenados a pena de muerte por delitos militares cometidos en tiempo de guerra podr¨¢n recurrir en casaci¨®n ante el Tribunal Supremo si el Senado asume las enmiendas presentadas al proyecto de ley org¨¢nica procesal militar, una de ellas del PSOE. Tanto el texto gubernamental como el aprobado por el Congreso de los Diputados establecen que contra las sentencias que impongan la pena de muerte "no cabr¨¢ recurso de casaci¨®n". Fuentes jur¨ªdicas expresaron su esperanza en que se introduzca esta garant¨ªa, que suavizar¨¢ la aplicaci¨®n de una pena que estiman aberrante.

El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Defensa, del que es titular Narc¨ªs Serra, y remitido por el Gobierno al Parlamento, establec¨ªa que contra las sentencias dictadas [por un tribunal militar] en la zona de operaciones en que se imponga pena de muerte, no cabr¨¢. recurso de casaci¨®n".El texto remitido por el Congreso al Senado continua prohibiendo el recurso al Tribunal Supremo contra las condenas a muerte dictadas por la jurisdicci¨®n militar. Entre las enmiendas presentadas el pasado 14 de febrero por los grupos parlamentarios del Senado destaca la del CDS, que pide la supresi¨®n de los preceptos que regulan la imposici¨®n de la pena de muerte, por considerar que "no debe imponerse". Por su parte, los grupos de CiU y PSOE proponen que se introduzca la garant¨ªa del recurso de casaci¨®n ante la Sala de lo Militar del Tribuna Supremo. El presidente de esta sala, Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo, contrario a la inexistencia del recurso, manifest¨® ayer a EL PA?S su satisfacci¨®n por la iniciativa.

En igual l¨ªnea se manifestaron representantes de otras organizaciones jur¨ªdicas y humanitarias, para los que todas las garant¨ªas son pocas para la imposici¨®n de una pena aberrante por tribunales militares y en procedimientos sumar¨ªsimos, para conductas tales como quebrantar los recursos de la defensa o difundir noticias desmoralizadoras cuando la guerra haya sido declarada formalmente "o exista ruptura generalizada de las hostilidades". Asimismo, destacaron que aunque s¨®lo est¨¢ previsto aplicar la pena de muerte en flagrante delito, la nueva ley aplica la flagrancia no s¨®lo a quien se sorprende cometiendo el delito, sino a quien se detiene o persigue despu¨¦s.

Ambiguo tiempo de guerra

El presidente de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, tras recordar que la Constituci¨®n permite "no incluir la pena de muerte en las leyes penales militares" y que "las mismas razones que existen para oponerse a la pena de muerte valen para rechazarla en tiempo de guerra, concepto este ¨²ltimo ambiguamente perfilado", declar¨® ayer a este peri¨®dico que "ante un mal irremediable, los condenados a muerte deben contar al menos con un juicio justo con todas las garant¨ªas y recursos correspondientes, y con la posibilidad del derecho de gracia- por parte del Rey".

Un portavoz de la secci¨®n espa?ola de Amnist¨ªa Internacional expres¨®, por su parte, la oposici¨®n de esta organizaci¨®n al mantenimiento de la pina de muerte, "por ser cruel e inhumana, adem¨¢s de ineficaz". Record¨® que la pena capital est¨¢ totalmente abolida en 35 pa¨ªses.

El magistrado Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, portavoz de Jueces para la Democracia, declar¨®: "Es inaceptable en un ordenamiento democr¨¢tico la degradaci¨®n que supone valorar la muerte como forma de reacci¨®n leg¨ªtima de una sociedad civilizada. Y es un absurdo aceptar la guerra como criterio de legitimaci¨®n racional de algo".