Acusadores del caso de la colza piden que se detenga a los condenados al firmarse la sentencia

Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez y Francisca Sauquillo, abogados que representan a 2.500 afectados por el s¨ªndrome t¨®xico, han pedido al tribunal del caso, que har¨¢ p¨²blica su sentencia el 20 de mayo pr¨®ximo, que si ¨¦sta es condenatoria se comunique antes a los implicados, en cuanto est¨¦ redactada y firmada, de modo que se les pueda detener en el acto para evitar que abandonen el pa¨ªs. "Estamos convencidos de que las medidas dictadas para evitar fugas son insuficientes", afirma G¨®mez Ben¨ªtez, "como se ha demostrado sobradamente en otros casos". Los 38 procesados est¨¢n actualmente en libertad provisional.

Los dos letrados argumentan que la sentencia es jur¨ªdicamente v¨¢lida desde que est¨¢ redactada y firmada, y que el requisito de darle publicidad se puede retrasar dada la trascendencia del asunto.La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva este caso, hab¨ªa decidido recienternente no decretar la prisi¨®n preventiva de los acusados antes de la sentencia, en contra de lo que hab¨ªa pedido Doris Benegas, abogada de una parte de los afectados por el envenenamiento que caus¨® 600 muertos y cerca de 25.000 enfermos a partir de mayo de 1981.

El tribunal consider¨® en esa ocasi¨®n que acceder a la petici¨®n ser¨ªa cometer un delito de detenci¨®n ilegal, y que adem¨¢s no se puede tener en cuenta una sentencia no dictada. En febrero de 1985, el Tribunal Constitucional dictamin¨®, en respuesta a un recurso de los procesados, que era ilegal prolongar la prisi¨®n preventiva de aqu¨¦llos, por lo que fueron puestos todos en libertad.

Varias fuentes jur¨ªdicas consultadas coinciden en que las medidas precautorias, las normales en los procesos penales, son insuficientes. Una de ellas es la retirada de los pasaportes, pero, se?ala G¨®mez Ben¨ªtez, "las fugas normalmente no se han producido a trav¨¦s de las aduanas de los aeropuertos, donde son m¨¢s dif¨ªciles, sino por tierra".

Medios de vida suficientes

Los dos letrados est¨¢n convencidos de que se van a producir fugas "en cuanto haya la m¨¢s m¨ªnima filtraci¨®n simplemente de que la sentencia es condenatoria", y temen, en concreto que ocurra en el caso de los hermanos Bengoechea, que residen en San Sebasti¨¢n, y de Ram¨®n Alabart, que vive en Reus (Tarragona), todos los cuales tienen, seg¨²n sus datos, medios de vida suficientes fuera de Espa?a.

"Mi representado no se ha ido porque no se considera culpable y espera que la sentencia lo reconozca", afirma Julio Ferrer-Sama, defensor de Jos¨¦ Miguel Bengoechea, uno de los principales implicados, "pero, desde luego, habr¨ªa podido fugarse", a?ade. El letrado asegura que Bengoechea est¨¢ en un estado de depresi¨®n "casi patol¨®gico" y que se presenta a diario en la comisar¨ªa de San Sebasti¨¢n que le corresponde.

Jes¨²s Castrillo, defensor de otro importante implicado, Ram¨®n Alabart, opina que "no es que sea imposible", sino que es "altamente improbable" que su defendido opte por fugarse, porque "conf¨ªa en el resultado del proceso". Alabart mantiene un estado de ¨¢nimo optimista, dice su abogado, que asegura que el procesado no tiene vigilancia policial, al menos de forma visible. A Ram¨®n Alabart se le sustituy¨® el DNI por una cartulina de documentaci¨®n al obtener la libertad provisional, en diciembre de 1984, precauci¨®n que tambi¨¦n se observ¨® con el resto de los ocho principales procesados.

Las otras medidas son comparecer a diario ante la Audiencia Nacional o la comisar¨ªa a la que pertenezca su domicilio; imposibilidad de obtener nuevos pasaportes, salvo autorizaci¨®n del juzgado; distribuci¨®n de las fotograf¨ªas de los procesados entre los distintos puestos fronterizos espa?oles y adopci¨®n de medidas de vigilancia que se estimen necesarias por parte de la polic¨ªa.