Marcinkus cae

EL RELEVO del arzobispo Marcinkus al frente del Instituto para las Obras de Religi¨®n (IOR) es el obligado -aunque tard¨ªo- tributo que el Vaticano ha debido pagar por el esc¨¢ndalo en que han estado envueltas las finanzas de la Santa Sede durante los ¨²ltimos a?os. Al menos una parte importante de la opini¨®n p¨²blica internacional, cat¨®lica y no cat¨®lica, esperaba esta decisi¨®n desde el a?o 1982, fecha en que la magistratura italiana comenz¨® a tirar de los hilos que relacionaban la instituci¨®n religioso-financiera del Vaticano con las aventuras financieras de los banqueros Sindona y Calvi y que culminaron con la quiebra de sus bancos, en especial el Ambrosiano. La bancarrota de esta entidad provoc¨® p¨¦rdidas de m¨¢s de 1.200 millones de d¨®lares, que debieron ser asumidas por los peque?os accionistas del banco y, en gran medida, por los contribuyentes italianos y hasta por la Santa Sede, que tuvo que pagar 240 millones de d¨®lares.La controvertida presidencia ejercida por Marcinkus durante 18 a?os en el banco del Vaticano plantea graves cuestiones en el orden religioso, pero tambi¨¦n, y m¨¢s importantes, en el de las relaciones intemacionales. Cautivado por la l¨®gica del beneficio, este obispo de origen lituano no dud¨® en aliarse con aventureros de las finanzas internacionales para sacar el m¨¢ximo partido al dinero del Vaticano. Aunque su gesti¨®n se hubiera atenido a los c¨®digos financieros, sus m¨¦todos chocaban ya con la doctrina y la moral que predica la instituci¨®n religiosa a la que serv¨ªa.

Pero el caso Marcinkus ha puesto tambi¨¦n de manifiesto las dificultades que se oponen a la colaboraci¨®n entre Estados en temas tan vidriosos. Las autoridades administrativas y judiciales italianas han chocado una y otra vez contra los muros del Vaticano en su tarea de investigar las derivaciones de la quiebra del banco milan¨¦s. Es cierto que el Tribunal Supremo de Italia dictamin¨® finalmente que los Pactos de Letr¨¢n amparaban al IOR y a sus directivos ante cualquier requisitoria de la justicia italiana, pero no exim¨ªa al Estado vaticano -como es norma en las relaciones de la comunidad internacional- de la obligaci¨®n de que sus ¨®rganos jurisdicionales investigasen conductas y actuaciones que tan graves efectos hab¨ªan producido fuera de sus l¨ªmites territoriales.