Los masones deber¨¢n acudir a las Cortes si quieren recuperar su patrimonio incautado tras la guerra civil

Los masones s¨®lo podr¨¢n recuperar el patrimonio que les fue incautado a ra¨ªz de la guerra civil espa?ola por medio de la aprobaci¨®n de una ley, seg¨²n estableci¨® ayer la Audiencia Nacional al desestimar la demanda de la asociaci¨®n mas¨®nica Grande Oriente Espa?ol. La sentencia recoge los argumentos del abogado del Estado, el ex ministro de la Presidencia de UCD Jos¨¦ Manuel Otero Novas, y propone una soluci¨®n similar a la adoptada con las organizaciones sindicales. La audiencia declara que la masoner¨ªa espa?ola no tiene derecho legal a que le devuelvan sus bienes, y ese derecho no lo van a obtener ante los tribunales.

La petici¨®n de la organizaci¨®n mas¨®nica el Grande Oriente Espa?ol (GOE) se centraba en la devoluci¨®n de inmuebles, archivos y otras pertenencias, con un valor estimado en unos 10.000 millones de pesetas y que le fueron incautados en marzo de 1940 con la promulgaci¨®n de la ley de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo. El GOE pretend¨ªa recuperar cinco de estos bienes patrimoniales mediante escrituras y documentaci¨®n aportados al sumario.Entre las fincas reclamadas figura la situada en el n¨²mero 100 de la calle Hermosilla, de Madrid, de 786 metros cuadrados, y que podr¨ªa valorarse en alrededor de 8.000 millones de pesetas. Esta finca, en la que estaba enclavado el templo de la orden antes de la guerra civil, est¨¢ ocupada en la actualidad por viviendas construidas para funcionarios.

Afectados

Adem¨¢s de este solar, los masones reclaman un local en Santa Cruz de Tenerife, otro en Santa Cruz de la Palma, y otros dos en la localidad gaditana de La L¨ªnea de la Concepci¨®n, que fueron templos de las logias Aza?a y Minerva, y en uno de los cuales est¨¢ ahora la sede de la Cruz Roja.El abogado de la organizaci¨®n, Jordi Tr¨ªas, aleg¨® que las leyes de represi¨®n de la masoner¨ªa y el comunismo, de 1939 y 1940, por las que los masones fueron despojados de su patrimonio, devinieron inconstitucionales a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constituci¨®n y que, por tanto, tambi¨¦n eran nulos sus efectos, lo que, en su opini¨®n, legitimaba una indemnizaci¨®n por los bienes incautados.

La sentencia precisa que la Constituci¨®n impide aplicar preceptos antiguos a situaciones nuevas, cuando tales preceptos incurren en inconstitucionalidad sobrevenida. En consecuencia, considera no aplicables las leyes franquistas de represi¨®n de la masoner¨ªa con posterioridad a 1978, pero no posibilita medidas reparadoras para los afectados por aquellas leyes. "Igual medida que se adopt¨® con las logias mas¨®nicas", argumenta el texto judicial, "se acord¨® con partidos pol¨ªticos y sindicatos, y ha hecho falta promulgar la ley 4/86 para reconocer la devoluci¨®n del patrimonio sindical.

Lo mismo se intent¨® para partidos y asociaciones pol¨ªticas el 3 de diciembre de 1986 mediante una proposici¨®n de ley del grupo vasco, y fue rechazado, claro exponente de la voluntad del legislador sobre los bienes incautados".

"La ¨²nica v¨ªa", agrega la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, "que resta a los interesados ser¨¢ la de conseguir que el Parlamento adopte el acuerdo de tramitar un nuevo proyecto de ley, bien a iniciativa de los grupos parlamentarios, bien mediante el derecho de petici¨®n reconocido en el art¨ªculo 29 de la Constituci¨®n".

El tribunal no ha entrado en la pol¨¦mica sobre si el Grande Oriente Espa?ol es el leg¨ªtimo heredero de la masoner¨ªa espa?ola, como le discuten otras sociedades mas¨®nicas. La Audiencia nacional declara ajustada a derecho la desestimaci¨®n presunta por silencio administrativo que la Administraci¨®n hizo respecto a la reclamaci¨®n patrimonial. El Gran Oriente Espa?ol ped¨ªa, dadas las dificultades para concretar porque los archivos les fueron incautados, un solar de 675 metros cuadrados en el centro de Madrid y seis edificios de logias mas¨®nicas de las islas Canarias y C¨¢diz, adem¨¢s de los archivos, joyas y objetos rituales o su valor cuando hayan desaparecido o pasado a terceras personas.

"No mendigaremos"

Francisco Jos¨¦ Alonso Rodr¨ªguez, gran maestre grado 33 del Grande Oriente Espa?ol, al conocer la sentencia, anunci¨® su intenci¨®n de recurrir la decisi¨®n."Estamos en Europa", dijo, "y llegaremos si es necesario ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde ya han fallado en contra de sentencias dictadas por los tribunales espa?oles". El dirigente mas¨®n, que consigui¨® el acta de diputado en el Parlamento regional de Castilla-Le¨®n (desde 1982 a 1986) en representaci¨®n del Partido Nacionalista de Castilla-Le¨®n (Pancal), rechaz¨® la posibilidad de solicitar una ley. "No somos pol¨ªticos ni religiosos", afirm¨®, "y no vamos a mendigar ante ning¨²n partido pol¨ªtico para que nos devuelvan lo que es nuestro. La soluci¨®n la tiene que dar el Gobierno espa?ol, como ya ocurri¨® en Portugal o en Francia".

Contra la sentencia de la Audiencia Nacional cabe la interposici¨®n de recurso. El abogado Jorge Tr¨ªas anunci¨® ayer su prop¨®sito de recurrir primero en apelaci¨®n ante la misma sala de la Audiencia Nacional y, en su caso, al Tribunal Supremo.