El casino de La Manga adeuda a Hacienda mas de 250 millones de pesetas
El casino de La Manga del Mar Menor (Murcia) debe a Hacienda m¨¢s de 250 millones de pesetas por tasas de juego, una de las deudas fiscales m¨¢s importantes contra¨ªdas por un casino en Espa?a desde que s legaliz¨® el juego. El d¨¦ficit empez¨® a acumularse dos a?os despu¨¦s de la apertura del establecimiento -22 de noviembre de 1978- por la negativa de la empresa a liquidar esas tasas a la Administraci¨®n, alegando que se trata de impuestos no constitucionales. El conflicto enturbia a¨²n m¨¢s las tensas relaciones que desde hace a?os mantiene la empresa propietaria del casino -Azarmenor, SA- con la Administraci¨®n y podr¨ªa incidir de forma negativa en la renovaci¨®n de su licencia, que expira el pr¨®ximo octubre.
El casino de La Manga y Hacienda mantienen desde 1980 una situaci¨®n de permanente conflicto, por la negativa de la empresa Azarmenor, SA, propietaria del establecimiento y titular de la licencia, a liquidar a la Administraci¨®n las tasas de juego establecidas por el Gobierno. La Administraci¨®n ha requerido en reiteradas ocasiones a la empresa para que abone esta deuda y le ha impuesto los recargos y sanciones previstos por la legislaci¨®n. Estas tasas -fijadas en proporci¨®n a los ingresos o ganancias brutas de las que se deducen las p¨¦rdidas o ganancias totales de los jugadores- son satisfechas puntualmente por la mayor¨ªa de los casinos de Espa?a. Un representante de la Asociaci¨®n Espa?ola de Casinos, que agrupa a 18 establecimientos entre los que no se encuentra el de La Manga, asegur¨® que todas las sociedades miembros de la organizaci¨®n est¨¢n al corriente de sus pagos con Hacienda.El conflicto fiscal de Azarmenor ha originado una quincena de procedimientos judiciales, dos de los cuales se encuentran pendientes de resoluci¨®n ante el Tribunal Supremo. Portavoces de la empresa han manifestado su intenci¨®n de agotar todas las v¨ªas judiciales a su alcance, para llegar, si es necesario, al Tribunal Constitucional, antes de abonar este impuesto a Hacienda.
"Cero pesetas"
Las declaraciones oficiales de Azarmenor sobre las pretendidas justificaciones legales para no pagar las tasas de juego se contradicen con las numerosas entrevistas y conversaciones que sus representantes han mantenido con los de Hacienda para intentar llegar a un acuerdo sobre el conflicto y establecer una f¨®rmula de pago pactada y aplazada.Azarmenor asegura, sin embargo, que no se trata de una deuda en el sentido estricto, ya que cada trimestre presenta puntualmente las correspondientes autoliquidaciones por tasas de juego, y consigna como cuota por pagar a la Administraci¨®n la cantidad de "cero pesetas". Esta declaraci¨®n ocasiona la consiguiente reacci¨®n de los servicios de recaudaci¨®n de Hacienda y la apertura de un procedimiento administrativo y judicial. Para recurrir judicialmente este impuesto, Azarmenor debe consignar las pertinentes fianzas proporcionales a la deuda.
El boicoteo a las tasas se fundamenta, seg¨²n el mismo portavoz de Azarmenor, en una cr¨ªtica al decreto ley de 25 de febrero de 1977, en el que se establecen las tasas fiscales sobre rifas, t¨®mbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, y del que se desprende asimismo la tasa del juego a los casinos. El decreto se contradice con la Constituci¨®n, la cual garantiza que todos los impuestos ser¨¢n refrendados por el Parlamento. En opini¨®n de Azarmenor, este control parlamentario no se ha cumplido en el caso de las tasas a los casinos.
La Comisi¨®n Nacional del Juego impuso, en junio de 1985, al casino de La Manga una sanci¨®n de seis meses de cierre por una deuda fiscal de 100 millones contra¨ªda durante el per¨ªodo comprendido entre 1981 y 1984. La orden de clausura fue ejecutada en marzo de 1986, pero fue recurrida por los servicios jur¨ªdicos del casino, y dos d¨ªas despu¨¦s se restableci¨® la reapertura del centro, por un acuerdo de la Audiencia Nacional. Pocos d¨ªas despu¨¦s, Interior insisti¨® en la orden de cierre, pero la Audiencia Nacional revoc¨® la decisi¨®n.
Azarmenor inici¨® un procedimiento judicial y reclam¨® la anulaci¨®n de la decisi¨®n de la Administraci¨®n, a la que acusa de incumplir las garant¨ªas legales y administrativas previas al cierre del local. Si este procedimiento judicial se cierra con una sentencia favorable a los intereses del casino, sus administradores piensan reclamar una indemnizaci¨®n por los da?os econ¨®micos sufridos durante los tres d¨ªas que el establecimiento permaneci¨® inactivo.
Pero adem¨¢s de este conflicto jur¨ªdico-administrativo, el casino de La Manga mantiene otros tres pleitos contra la Administraci¨®n por diversos acuerdos adoptados con respecto a su establecimiento -precinto de 29 m¨¢quinas de juego, clausura de una sala de bingo anexa al casino y denegaci¨®n de determinados elementos y equipos de juego-, de los que reivindica su nulidad y una indemnizaci¨®n total de 125 millones de pesetas.
Mientras contin¨²a la pol¨¦mica judicial, aumenta el d¨¦bito fiscal. Seg¨²n han confesado los propios responsables del casino la deuda se eleva ya a m¨¢s de 250 millones de pesetas. Pero este d¨¦ficit por s¨ª solo no puede poner en peligro la renovaci¨®n de la licencia de explotaci¨®n y apertura del casino, que expira el pr¨®ximo 3 de octubre, seg¨²n ha declarado un portavoz de la empresa. En opini¨®n de este alto directivo, no se puede negar la renovaci¨®n de la licencia del casino a Azarmenor por razones fiscales, ya que ¨¦ste es un asunto que se est¨¢ pendiente de resoluci¨®n por los tribunales. Tampoco se puede negar la renovaci¨®n de la licencia a partir de las reiteradas sanciones impuestas contra el establecimiento por infracciones administrativas, ya que ¨¦stas tambi¨¦n han sido recurridas judicialmente y no tienen el car¨¢cter de firmes, seg¨²n el citado portavoz. Entre 1978 y 1987 la Administraci¨®n hab¨ªa incoado a este casino un total de 25 expedientes disciplinarios, con sanciones econ¨®micas que totalizaban cerca de seis millones de pesetas. S¨®lo una de estas sanciones puede ser considerada jur¨ªdicamente firme. Se trata de una multa de 400.000 pesetas impuesta por el uso irregular en el establecimiento de unas m¨¢quinas tragaperras.
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