La venda y la herida

EL GOBIERNO espa?ol parece dispuesto a suavizar los requisitos de entrada en Espa?a de los ciudadanos latinoamericanos. La ola de protestas generada en los pa¨ªses afectados y en algunos medios espa?oles ante el reciente endurecimiento de tales medidas ha obligado a reconsiderar la postura oficial espa?ola sobre un asunto que siempre ha debido ser abordado con criterios m¨¢s amplios que los estrictamente policiales.Su condici¨®n de pa¨ªs comunitario obliga a Espa?a al cumplimiento de la legislaci¨®n com¨²n de la CE sobre emigraci¨®n exterior. No se puede reprochar a Espa?a, por tanto, su preocupaci¨®n por hacer respetar en su territorio las normas b¨¢sicas que rigen en todo el espacio comunitario. Sin embargo, ello no quita para que nuestro pa¨ªs deba esforzarse por hacer compatible su opci¨®n europea con el mantenimiento de una relaci¨®n especial con aquellos pa¨ªses con los que comparte lengua y cultura, y que, adem¨¢s, fueron generosos en la acogida de centenares de miles de emigrantes espa?oles en momentos dif¨ªciles de la reciente historia. Y, desde luego, lo que Espa?a nunca debe hacer es convertirse en instrumento de la particular pol¨ªtica sobre extranjeros de determinados pa¨ªses de la CE.

Nada de esto se tiene en cuenta en la orden del Ministerio del Interior de 22 de febrero pasado que encarece y dificulta notablemente la entrada, aun como simples turistas, de ciudadanos latinoamericanos en Espa?a. El ministerio espa?ol justifica la medida en el diferente tratamiento que debe darse, en lo que se refiere al derecho de circulaci¨®n de personas, a los que son ciudadanos de la CE y a los que no lo son. Pero esta diferencia, que es obvia respecto a las posibilidades de realizar actividades econ¨®micas asalariadas o no, y de prestar o recibir servicios, no puede extenderse sin m¨¢s al hecho mismo de la entrada en territorio espa?ol de ciudadanos que hoy por hoy no necesitan visado. Sin duda, las dificultades econ¨®micas y legales puestas a su entrada tienden a abortar posibles abusos en cuanto a una prolongada permanencia clandestina en Espa?a y, paralelamente, en otros pa¨ªses comunitarios. Algunos testimonios oficiales encuentran la explicaci¨®n de tales medidas en la necesidad de impedir la entrada en Europa de los traficantes de droga o de otros delincuentes de altos vuelos.

Sin embargo, no est¨¢ justificado que por querer ponerse la venda antes de la herida Espa?a arruine una tradici¨®n de siglos. Es rid¨ªculo pensar que los traficantes de droga van a quedarse al otro lado de las aduanas porque Interior haya elevado las cuotas de entrada en el territorio espa?ol de 3.000 a 5.000 pesetas por persona y d¨ªa, y, exija, adem¨¢s, la posesi¨®n de billete para el regreso al pa¨ªs de origen o el traslado a un tercero. El sistema, eso s¨ª, es tremendamente eficaz para bloquear el paso de todos aquellos que llegan huyendo del hambre, la persecuci¨®n o la guerra.

La pol¨ªtica de emigraci¨®n, el encauzamiento de los flujos humanos entre unos pa¨ªses y otros y, en definitiva, el intercambio cultural y social entre los pueblos, son asuntos demasiado complejos como para dejarlos exclusivamente en manos de los ministros de Interior. Las medidas policiales que la CE adopte para reforzar su frontera exterior deber¨ªan complementarse con un dise?o gubernamental europeo m¨¢s amplio, en el que se tuviese en cuenta la tradici¨®n de Europa como tierra de asilo y de acogida. Y, en lo que se refiere a los latinoamericanos, Espa?a est¨¢ obligada moral y pol¨ªticamente a mantener con ellos unas relaciones preferenciales justificadas por la historia y no s¨®lo por el festejo del V Centenario del Descubrimiento.