Jueces progresistas acusan a la Audiencia de amparar la impunidad

Jueces, fiscales y abogados pertenecientes a sectores jur¨ªdicos progresistas y moderados criticaron ayer la decisi¨®n de la Audiencia Nacional de abandonar definitivamente la investigaci¨®n sobre el posible uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar los GAL. Sectores conservadores y oficiales declinaron pronunciarse sobre la resoluci¨®n judicial. Jueces para la Democracia opin¨® que el tribunal ampara la impunidad de posibles conductas delictivas y la asociaci¨®n Francisco de Vitoria calific¨® el auto de "resignaci¨®n ante la postura del Ejecutivo" y "fracaso para la justicia".En los fundamentos jur¨ªdicos del auto (ve¨¢se EL PA?S de ayer), la Audiencia Nacional se refiere a la colisi¨®n entre dos derechos fundamentales: la tutela judicial efectiva y la seguridad del Estado. La asociaci¨®n judicial progresista y minoritaria Jueces por la Democracia, por boca de su portavoz, el magistrado Perfecto Andr¨¦s, estima la resoluci¨®n "ni convincente ni convencida", entre otras cosas, porque, dice, "no se da colisi¨®n entre derechos fundamentales, porque s¨®lo hay en juego uno en este caso: el derecho a la tutela judicial efectiva".

Seg¨²n Jueces para la Democracia, este derecho "no puede encontrar obst¨¢culos ni en la ley ni en la actuaci¨®n administrativa y menos a¨²n", se?ala, "en la judicial, como aqu¨ª sucede". Por otra parte, agrega que "la garant¨ªa del Estado de derecho consiste en cumplir el mandato constitucional" y que "con este auto, el tribunal suscribe la idea inadmisible de que pueden existir conductas delictivas que gozan de un privilegio de impunidad por raz¨®n de oportunidad o raz¨®n de Estado".

El magistrado Francisco Mar¨ªn Cast¨¢n, portavoz de la asociaci¨®n judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, se remiti¨® a la ¨²ltima asamblea de este colectivo y, en l¨ªnea con lo all¨ª acordado, manifest¨® la "no conformidad" con un auto que describi¨® como de "resignaci¨®n ante la postura del Ejecutivo". Razon¨® que el cese de la investigaci¨®n judicial "cuando el Ministerio del Interior no sabe en qu¨¦ se gastan ni los controla, legitima el destino de unos fondos p¨²blicos a la comisi¨®n de delitos". Mar¨ªn Cast¨¢n concluy¨®: "Si ¨¦ste es el resultado de la investigaci¨®n judicial, significa un fracaso para la justicia".I

La justicia, "valor superior"

El fiscal del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, manifest¨® que "en un Estado de derecho, el secreto debe ceder ante la investigaci¨®n de un hecho delictivo". Asin¨²smo, estim¨® que la justicia es "un valor superior a cualquier otra raz¨®n o argumento que pretenda justificar la ocultaci¨®n de datos que sean imprescindibles para la averiguaci¨®n o el descubrimiento de un delito".Por su parte, Fernando Salas, abogado de la acci¨®n popular en el caso, declar¨® ayer a Antena 3 que la decisi¨®n de renunciar a la investigaci¨®n de los fondos reservados "es una mala noticia para la democracia y el Estado de derecho". Lament¨® que el tribunal haya perdido "una ocasi¨®n ¨²nica", dijo, "para defender su independencia frente a la prepotencia del poder ejecutivo, en ¨¦ste caso del ministro del Interior respaldado por un Gobierno". Salas explic¨® que hab¨ªa "una investigaci¨®n perfectamente legitimada, que no pretend¨ªa poner en tela de juicio ni perturbar la seguridad del Estado, sino que quer¨ªa conocer de d¨®nde hab¨ªa sacado el dinero el se?or Amedo [subcormisario procesado en el caso del GAL], que ha manejado muchos millones de pesetas".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial declinaron pronunciarse sobre el auto de la Audiencia Nacional, por tratarse de una cuesti¨®n jurisdiccional. En igual argumento se anipar¨® la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora. Su presidente, Jos¨¦ Gabald¨®n, aleg¨® adem¨¢s su condici¨®n de miembro de la sala de gobierrio del tribunal que ha dictado la resoluci¨®n.