La polic¨ªa de Alicante investiga m¨¢s de 300 casos de fraude al Inem

Un bufete de abogados, en el que participa el letrado Roberto, GH y con el que, al parecer, colaboraban Ram¨®n Molina y Luiss Mor¨¢n, dos sindicalistas expulsados de UGT en Mon¨®var (Alicante), es el presunto responsable de una organizaci¨®n que tramitaba de manera fraudulenta expedientes para percibir el subsidio de desempleo y del Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa). La Direcci¨®n Provincial de Trabajo, que descubri¨® el asunto el pasado mes de febrero, ha puesto el caso en manos de la fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial, en el que podr¨ªan estar implicadas m¨¢s de 300 personas, entre trabajadores y empresarios del calzado.

La fiscal¨ªa ha abierto diligencias penales contra un n¨²mero indeterminado de personas, todas ellas residentes en la zona zapatera del Vinalop¨®, la mayor¨ªa de las cuales residen en Mon¨®var y Elda. Cerca del 80% de la producci¨®n de calzado de la zona se obtiene en r¨¦gimen de econom¨ªa sumergida, seg¨²n ha comentado el fiscal jefe de Alicante, Ricard Cabedo. Dos polic¨ªas del Grupo de Investigaci¨®n de la Seguridad Social (GISS) han interrogado ya a m¨¢s de un centenar de personas y el pr¨®ximo lunes se reunir¨¢n con Ricard Cabedo y el fiscal Jorge Rabasa, que ha sido designado para el caso, para analizar el resultado de sus primeras averiguaciones.Trabajo detect¨® a finales del mes de febrero pasado un incremento sustancial de expedientes para acogerse al subsidio de desempleo, en su mayor¨ªa de vecinos de Mon¨®var. Los servicios de inspecci¨®n comprobaron que la mayor¨ªa de ellos pertenec¨ªan a personas que aseguraban haber trabajado, a domicilio, como aparadoras o categor¨ªas similares, por un per¨ªodo de cinco a?os, para empresas inexistentes o que hab¨ªan cerrado sus puertas. Los salarios que aseguraban percibir oscilaban entre las 15.000 y 20.000 pesetas, sensiblemente superiores a los actuales.

Por ninguno de ellos las empresas hab¨ªan satisfecho las cuotas de la Seguridad Social, que no pueden ser reclamadas al haber desaparecido las empresas, y la demanda de subsidio se justificaba tras obtener sentencia favorable de Magistratura de Trabajo.