Cabo Verde, dispuesto a estudiar "caso por caso" la acogida de m¨¢s 'etarras'

Distintos altos cargos del Gobierno de Cabo Verde han mostrado a este diario la disponibilidad de este pa¨ªs a estudiar "caso por caso" la acogida de m¨¢s etarras deportados desde Argelia. Actualmente son 15 los activistas que, "en r¨¦gimen de absoluta libertad y voluntariedad", residen en estas islas, tras fugarse en junio de 1987 los polimilis Elena B¨¢rcena, Amaya Eguiguren e I?aki Etxarte, y en octubre de ese mismo a?o el tambi¨¦n polimili I?aki Rodr¨ªguez Mu?oa.

Esta ¨²ltima fuga -que trascendi¨® ahora y fue negada recientemente por el diario Egin que citaba fuentes de los deportados ha sido confirmada tanto por las autoridades de Cabo Verde como por fuentes de la lucha antiterrorista espa?ola.El ¨²ltimo env¨ªo de etarras a este archipi¨¦lago africano se produjo el 9 de mayo. El comunicado emitido ese d¨ªa por las autoridades caboverdianas define a los diez activistas expulsados de Argelia como "miembros de la organizaci¨®n vasca ETA", cuya "acogida tiene un car¨¢cter esencialmente humanitario, siendo su presencia en el pa¨ªs voluntaria y en r¨¦gimen de libertad".

Los diez activistas ahora deportados han sido divididos inicialmente en dos grupos no precisados por las fuentes informantes. Cuatro de ellos se hallan ubicados en la isla de Santo Antao -al norte del archipi¨¦lago, con 44.000 habitantes y 779 kil¨®metros cuadrados- y los seis restantes se han ido a sumar a la colonia de cinco etarras asentada en la tambi¨¦n septentrional isla de San Vicente (227 kil¨®metros cuadrados y 42.000 habitantes).

Antonio Lima, director general de Asuntos Pol¨ªticos del Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano, reitera que su pa¨ªs puso como condici¨®n para aceptar a estos diez nuevos deportados que vinieran por su propia voluntad. Este alto cargo precis¨® asimismo que Espa?a deseaba que Cabo Verde acogiera a un n¨²mero mayor de etarras, pero las autoridades de este ¨²ltimo pa¨ªs prefirieron estudiar la propuesta con m¨¢s calma. Lima pone como ejemplo del trato humanitario recibido por los deportados m¨¢s veteranos el hecho de que al darles a escoger entre la Rep¨²blica Dominicana y Cabo Verde, optaran todos ellos por este ¨²ltimo pa¨ªs.

Los mismos derechos

En virtud de ese supuesto trato exquisito, las autoridades de Cabo Verde no entienden las razones que hicieron huir a cuatro polimilis en 1987. "Ten¨ªan los mismos derechos que los caboverdianos: derecho a moverse libremente, a la sanidad, al trabajo y a tener casa. Lo ¨²nico que no pod¨ªamos solucionar era la saudade (a?oranza) de su tierra. Pero se fueron sin la cortes¨ªa de avisar al Gobierno".Los activistas de ETA circulan libremente entre las diez islas y cinco islotes -4.033 kil¨®metros cuadrados- que forman este archipi¨¦lago africano, si bien han de comunicarlo a las autoridades para evitar, como dice este alto cargo, que puedan tener "un accidente que pueda ser mal interpretado". "Tenemos delincuentes. No somos un para¨ªso", exclama Lima.

El historial delictivo anual de los delincuentes locales -diez asesinatos en todo el pa¨ªs- palidece ante el de algunos de los etarras deportados: Jos¨¦ Antonio Olaizola, miembro de un comando implicado en 31 asesinatos; Jos¨¦ Miguel Bust¨ªnzar, cinco muertes; Emilio Mart¨ªnez de Marigorta, siete, o F¨¦lix Manzanos, seis.

Lima agreg¨® que los cuatro polimilis fugados ten¨ªan solicitado ante las autoridades caboverdianas ir a otro pa¨ªs. El Gobierno de este pa¨ªs africano gestionaba su env¨ªo cuando se produjo la huida. Pese a esa fuga, las autoridades caboverdianas no incrementaron el control policial sobre los deportados.

El "pacto entre caballeros", seg¨²n Lima, establecido entre las autoridades caboverdianas y los deportados se circunscribe a que ¨¦stos no abandonen el pa¨ªs sin avisar. "Pueden irse cuando quieran, en 24 horas preparamos el avi¨®n, si encuentran un pa¨ªs que quiera acogerles", explica.

Las autoridades de Cabo Verde niegan que empleen esta acogida de deportados como pieza de trueque en materia comercial con Espa?a, si bien admiten que esta cuesti¨®n genera "una mutua confianza entre los dos pa¨ªses". No obstante, a?aden que no ha habido un salto destacado en las ayudas recibidas por parte de Espa?a tras acoger a los etarras.

Por su parte, Armando da Silva, comandante general de las Fuerzas Armadas de la Seguridad de Cabo Verde, explic¨® que los etarras no reciben directamente el dinero que env¨ªa Espa?a para costear su estancia. Estos fondos -no precisados por las autoridades del pa¨ªs-, son gestionados por el Estado caboverdiano y se paga con ellos la casa, la alimentaci¨®n y la atenci¨®n sanitaria de los deportados. El tel¨¦fono y dem¨¢s gastos corren a cargo de los activistas, que los sufragan con dinero que reciben, de sus familiares y de organizaciones de apoyo en Euskadi.