Los tribunales brit¨¢nicos se inhiben en el contencioso de los armadores espa?oles

El Tribunal de la C¨¢mara de los Lores del Reino Unido ha decidido no manifestarse en relaci¨®n con el contencioso planteado por los armadores espa?oles de empresas conjuntas de pesca hasta no conocer la posici¨®n del Tribunal Europeo de Justicia. Los jueces brit¨¢nicos, en lugar de emitir un fallo en las fechas previstas, decidieron hacer dos preguntas previas a la corte comunitaria sobre el problema en cuesti¨®n.

Aunque se ha solicitado la m¨¢xima urgencia, en medios pesqueros se entiende que esta medida podr¨ªa prolongar de manera excesiva el proceso y que los armadores espa?oles se ver¨ªan obligados a tener que vender sus barcos ante el amarre prolongado de la flota.El contencioso planteado por los armadores espa?oles de empresas conjuntas est¨¢ determinado por la entrada en vigor en el Reino Unido el pasado abril de una nueva ley sobre el registro de embarcaciones pesqueras. La condici¨®n exigida es que el 75% al menos del capital est¨¦ en manos de ciudadanos de aquel pa¨ªs. Tras una primera sentencia favorable de la corte de primera instancia, el tribunal de apelaci¨®n fall¨® en contra de los intereses espa?oles. Los armadores recurrieron a la corte suprema donde los jueces han decidido solicitar al Tribunal Europeo la posici¨®n mantenida al respecto.

En medios de los armadores espa?oles, esta decisi¨®n de la C¨¢mara de los Lores significa un respaldo t¨¢cito a sus posiciones, aunque la no existencia de un fallo definitivo supone la paralizaci¨®n casi indefinida de una flota donde faenaban cerca de 2.000 personas. Esta situaci¨®n se considera insostenible para un sector en el que ya se han iniciado expedientes de regulaci¨®n de empleo.

Car¨¢cter de urgencia

Para los armadores espa?oles es indispensable una resoluci¨®n del contencioso, pero con car¨¢cter de urgencia. En este sentido, se conf¨ªa en los tr¨¢mites llevados a cabo hasta el momento por el Colegio de Comisarios. Tras el procedimiento de infraci¨®n abierto el pasado mes de febrero, el proceso ya est¨¢ en fase avanzada hasta el punto de que en las pr¨®ximas semanas se podr¨ªa decidir llevar al Reino Unido ante el Tribunal Europeo.

De acuerdo con las competencias que tiene el alto organismo, se espera que decida provisionalmente la suspensi¨®n de la ley inglesa mientras se emite el fallo definitivo. Esta salida supondr¨ªa la posibilidad de que los barcos de empresas conjuntas volvieran a faenar en los caladeros ingleses en las mismas condiciones que lo hac¨ªan con anterioridad. Los armadores conf¨ªan en una respuesta favorable a sus intereses desde la corte comunitaria para finales de julio o, en ¨²ltima instancia, al inicio del pr¨®ximo oto?o.

Hasta el momento, de los 95 barcos que exist¨ªan en las empresas conjuntas, se han vendido unas diez unidades a ciudadanos ingleses, tal como exig¨ªa la ley. Las autoridades brit¨¢nicas, en lugar de proceder a su registro para ejercer la actividad pesquera, se han volcado en la investigaci¨®n sobre la cualificaci¨®n de los ciudadanos compradores para evitar ventas ficticias.

Tal como anunciaron en su d¨ªa, los armadores de empresas conjuntas -cuya flota est¨¢ valorada en unos 9.500 millones de pesetas-, han decidido en su mayor¨ªa aguantar la ofensiva inglesa as¨ª como solicitar apoyos a entidades financieras.