Errores impunes

PUEDE SER que no sea estrictamente un error judicial que un ciudadano permanezca dos meses en la c¨¢rcel por imput¨¢rsele falsamente la posesi¨®n de unas pastillas de hero¨ªna que luego resultaron ser unas inofensivas aspirinas. Pero es evidente que es un error manifiesto achacable a alg¨²n eslab¨®n de la maquinaria estatal, que deber¨ªa, en estricta justicia, haber sido reparado mediante una justa indemnizaci¨®n. Y eso es precisamente lo que no se ha hecho en el caso, verdaderamente kafkiano, protagonizado por el ciudadano franc¨¦s Michel Gilbert Ballabriga. Detenido en el aeropuerto de Barajas como sospechoso de llevar droga, permaneci¨® en pr¨ªsion durante dos meses ante la err¨®nea creencia, presentada por el servicio de aduanas como una evidencia ante el juez, de que las aspirinas que le fueron intervenidas conten¨ªan hero¨ªna. El entuerto fue aclarado cuando al cabo de dos meses el correspondiente ¨®rgano administrativo procedi¨® al an¨¢lisis que demostr¨® que las aspirinas eran s¨®lo eso, aspirinas.Este caso es paradigm¨¢tico de la situaci¨®n de indefensi¨®n a que se ve sometido en ocasiones el ciudadano ante los errores, abusos o arbitrariedades provocados por la maquinaria estatal. La justicia se ha lavado las manos alegando que el error no es imputable al juez que decret¨® la prisi¨®n basado en un equivocado informe del servicio de aduanas. Pero aun cuando, de acuerdo con estrictos criterios procesales, esto sea as¨ª, no cabe ninguna duda de que la privaci¨®n de libertad fue acordada de manera indebida y que la Administracion P¨²blica, sea cual sea el estamento concreto a que deba imputarse directamente el error, es responsable del da?o causado.

Mostrarse indiferente ante los resultados da?inos de la actividad administrativa, eludir las responsabilidades, no ayuda, precisamente, a fortalecer la confianza que debe caracterizar las relaciones entre Administraci¨®n y administrados en una sociedad moderna.