Un condenado pide el amparo del Constitucional contra un fallo de dos magistrados expedientados
B. DE LA CUADRA, Un condenado a 17 a?os de c¨¢rcel como autor de la muerte de un polic¨ªa, ha solicitado amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que fundament¨® el fallo en que el procesado era portador de un arma de fuego, sin que quedara probado que la utilizara para matar. El recurrente invoca el derecho constitucional a la presunci¨®n de inocencia, que exige prueba de cargo para condenar. Dos de los jueces que firmaron la sentencia impugnada fueron recientemente expedientados por desatenci¨®n a la dignidad de las personas.
El origen de este caso fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de enero de 1988, confirmada por el Supremo, que conden¨® a Juan Pablo Murillo Rayego a 17 a?os de c¨¢rcel y a Juan Antonio Mart¨ªnez Modesto a 10 a?os, por la muerte de un polic¨ªa y las lesiones de otro. Seg¨²n los hechos que se declararon probados, el 23 de enero de 1985 ambos procesados, "en uni¨®n de dos mujeres j¨®venes que les acompa?aban, decidieron iniciar una anochecida festiva" y tras cenar desearon "redondear los placeres gastron¨®micos fumando hach¨ªs".
Los reunidos se dirigieron a un bar para adquirir hach¨ªs y se produjo un enfrentamiento con la dotaci¨®n de un coche policial, como consecuencia del cual uno de los polic¨ªas result¨® muerto y el otro gravemente herido. En la sentencia se estima "confuso" que Murillo portara armas.
Falta de pruebas
El recurso de amparo, elaborado por el abogado Juan C¨®rdoba Roda, y presentado ante el Tribunal Constitucional, manifiesta que, en todo caso, lo ¨²nico que prob¨® la sala, aunque indirectamente respecto a Murillo, fue que portaba un arma de fuego, .no incluyendo en tal afirmaci¨®n", se?ala, "ni que Murillo utilizara el arma ni, mucho menos, que la utilizara para producir la muerte".
Dos de los tres magistrados firmantes de la sentencia de Barcelona -Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, presidente de la sala, y Jos¨¦ Luis Barrera Cogollos, ponente- fueron expedientados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 28 de junio (ve¨¢se EL PA?S del d¨ªa 29), al observarse "falta de sensibilidad por la dignidad de las personas juzgadas".
Por otra parte, el forense y psiquiatra Leopoldo Ortega Monasterio present¨® ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a una querella criminal contra los magistrados de la Audiencia de Barcelona Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, Julio Gallego Otero y Marcial Subir¨¢s Roca por los supuestos delitos de calumnias, prevaricaci¨®n y denuncia falsa, seg¨²n informa nuestra Redacci¨®n en Barcelona.
Ortega Monasterio asegur¨® ayer que no se trata de una "venganza", a pesar de que la querella se interpuso a ra¨ªz de una sentencia en la que Fern¨¢ndez Oubi?a criticaba la labor profesional del forense y ped¨ªa que se le abriera una investigaci¨®n por un supuesto delito de falso testimonio, cometido en el reconocimienito m¨¦dico de un procesado.
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