El Gobierno se opone a la pretensi¨®n del PP de modificar el sistema electoral

MIGUEL GONZ?LEZ El Gobierno es contrario a modificar el sistema electoral porque considera que ahora ser¨ªa muy dif¨ªcil repetir el consenso obtenido en junio de 1985, cuando la ley vigente fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Mixto. El Partido Popular prepara dos iniciativas, tendentes a desbloquear las listas y evitar el transfuguismo, que alterar¨ªan la normativa electoral.

Durante su reciente visita a Angola, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se manifest¨® absolutamente contrario al sistema de listas abiertas, que permite a los electores alterar la composici¨®n de las candidaturas, con el argumento de que ello obligar¨ªa a los candidatos a buscar el respaldo personal de determinados colectivos sociales, en perjuicio de la defensa de una opci¨®n ideol¨®gica o un programa pol¨ªtico. Aunque Guerra no lo dijo con esas palabras, muchos dirigentes socialistas estiman que el sistema de listas abiertas es un caldo de cultivo para el caciquismo y para las operaciones de compra venta de votos.La proposici¨®n de ley que prepara el PP (ver EL PA?S del pasado viernes) no va tan lejos como para propugnar las listas abiertas, sino que busca un punto intermedio entre este sistema y el actual, de listas cerradas y bloqueadas. La propuesta de? PP consiste en que los electores no puedan tachar o agregar nombres a las listas, pero s¨ª, en cambio, alterar el orden de los candidatos, de forma que los partidos perder¨ªan parte de su actual poder en la confecci¨®n de las candidaturas.

Contradicci¨®n

Como si conociera de antemano los prop¨®sitos del Grupo Popular, Gerra subray¨® la contradicci¨®n que supone el que, por un lado, se quiera aumentar la autonom¨ªa de los candidatos en detrimento de las direcciones partidistas y, de otro, se critique a los representantes electos por cambiarse de formaci¨®n pol¨ªtica. La segunda de las iniciativas del PP, que obligar¨ªa tambi¨¦n a modificar la ley electoral, pretende atajar el problema del transfuguismo estableciendo que aquellos parlamentarios o concejales que abandonen el partido por el que se presentaron a las elecciones perder¨¢n autom¨¢ticamente su esca?o.

En opini¨®n de algunos destacados juristas, este precepto resulta dif¨ªcilmente encajable en la Constituci¨®n, que atribuye a los parlamentarios el papel de representantes de la soberan¨ªa nacional, mientras que limita a los partidos a meros instrumentos de participaci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos. En ese sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, para quien la titularidad del esca?o corresponde al representante electo y no al partido.

Hasta ahora, el debate entre las fuerzas pol¨ªticas se ha reducido a la posibilidad de modificar el reglamento del Congreso, para limitar la capacidad de trasvase de los diputados de unos grupos parlamentarios a otros. Dicha limitaci¨®n consistir¨ªa en que los diputados que abandonaran su grupo de origen deber¨ªan, forzosamente, permanecer en el mixto.

El PP presentar¨¢ sus dos proposiciones de ley en el Congreso la pr¨®xima semana, una vez que la direcci¨®n del partido, y particularmente su presidente, Manuel Fraga, d¨¦ el visto bueno a los textos que ultima el diputado popular Manuel Renedo. Dada la oposici¨®n del Gobierno a modificar la ley electoral, es muy dif¨ªcil que sean admitidas a tr¨¢mite.