La democracia reservada

Los datos y trabajos del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas no pueden ser suministrados a los ciudadanos ni a las empresas necesitadas de los mismos, aunque ¨¦stos y ¨¦stas paguen los impuestos con los que se mantiene esta instituci¨®n en la que tan fielmente han hecho sus m¨¦ritos pol¨ªticos el embajador se?or Santamar¨ªa y la ministra se?ora Conde. Ni siquiera tienen acceso a su conocimiento los diputados, por m¨¢s que lo soliciten respetuosamente, invocando el reglamento de las Cortes espa?olas, a¨²n no tan generales como la Constituci¨®n les reclama, y aunque en ¨¦l se reconozca este derecho. Son datos del Gobierno, para el Gobierno y de la comisi¨®n ejecutiva del partido del se?or Gonz¨¢lez para su uso reservado y restringido. El que m¨¢s sabe, m¨¢s gana.Los fondos reservados, en su utilizaci¨®n, control y finalidad del Ministerio del Interior y de otros muchos departamentos, no pueden ser conocidos por los ciudadanos ni por el Parlamento y sus miembros; ni siquiera por los jueces. S¨®lo saben qu¨¦ pasa con ellos, para qu¨¦ se usan o c¨®mo de ellos se abusa los que los utilizan sin el menor control bajo la sacra autoridad del Gobierno del se?or Gonz¨¢lez. S¨®lo faltaba que hubiera de darse cuenta del dinero p¨²blico; ser¨ªa demag¨®gico.

Los regalos que con dinero p¨²blico se han hecho y ha hecho a sus amigos la se?ora Mir¨® no pueden ser desvelados a los representantes del pueblo en las C¨¢maras, ni en las investigaciones sumariales a los jueces, ni siquiera a la Intervenci¨®n del Estado, que se ha tenido que conformar con intuir el desafuero al ver ciertas notas de caja poco detalladas y ortodoxas. Televisi¨®n tambi¨¦n se paga con el dinero de los contribuyentes.

La otra televisi¨®n, la lozana andaluza, en situaci¨®n de quiebra t¨¦cnica, tampoco puede dar a la luz sus cuentas, a los parlamentarios auton¨®micos, ni siquiera a los miembros de su propio Consejo de Control, y menos a¨²n a los ciudadanos, y al parecer van perdidos all¨¢ por los 4.000 millones declarados. ?A aprender, a Salamanca!

Reservados y secretos son tambi¨¦n los gastos de la Exposici¨®n de Sevilla de 1992, como lo son los de m¨²ltiples ayuntamientos, diputaciones, Gobiernos y Parlamentos aut¨®nomos para los concejales, diputados, procuradores y representantes de la oposici¨®n, sea cual fuere su signo, y obviamente secretas y reservadas son las cuentas oficiales y las dobles de los propios partidos para sus militantes, as¨ª como las de muchos clubes y asociaciones para sus asociados. No estamos preparados y nos podemos empachar o equivocar con estas cifras.

Reservados y secretos son toda aquella clase de datos y hechos que puedan colocar a los ciudadanos en nivel de igualdad de conocimientos y, por tanto, en igualdad de posibilidades de participaci¨®n, o puedan permitir el ejercicio del m¨¢s elemental control p¨²blico y pol¨ªtico a los s¨²bditos y a los que est¨¢n constitucionalmente obligados a ello, o sea, a diputados, senadores, concejales, responsables de ¨®rganos colegiados, etc¨¦tera.

En esa t¨®nica generalizada de oscurantismo, ocultaci¨®n, opacidad o secreto es l¨®gico que no pueda haber comisiones de investigaci¨®n institucional, encuestas p¨²blicas ni averiguaciones judiciales. Hay que evitar el esc¨¢ndalo de que los negocios y las conductas escandalosas sean conocidas para que el r¨¦gimen no se debilite y pasen cosas tan desagradables como las que leemos en los peri¨®dicos italianos, franceses, alemanes, ingleses, americanos y griegos. Aqu¨ª todo es limpio y perfecto.

Hace muchos a?os que se conoce ese principio, propiedad hoy de la cultura universal, de que quien tiene el poder econ¨®mico tiene el poder pol¨ªtico. Quien tiene la caja, tiene la llave del quehacer, y quien la tiene sin control alguno jur¨ªdico, pol¨ªtico y c¨ªvico, puede hacer lo que le parezca conveniente. Y tantos o m¨¢s a?os hace que tambi¨¦n sabemos todos que un ciudadano no informado es un ciudadano de segunda y hasta de ¨ªnfima categor¨ªa. Si no se informa porque no quiere, santo y muy bueno. Si no se puede informar porque los datos y cuestiones importantes se le ocultan, se consagra la desigualdad pol¨ªtica m¨¢s repudiable. Y si se comprueba que esta ocultaci¨®n de datos y hechos se hace para mantenerse en el poder, para as¨ª manipular mejor al electorado y para evitar el control pol¨ªtico que toda democracia necesita, se vista como se vista, esto se llama, con el mejor de los adjetivos, comportamiento no democr¨¢tico. A m¨ª me gusta llamarlo por su nombre, franquismo, pues all¨ª es donde se han aprendido por los sucesores estos m¨¦todos pol¨ªticos y ¨¦ticos.

La informaci¨®n es en nuestra Constituci¨®n deber, derecho, y a veces deber y derecho.

El derecho a la informaci¨®n del ciudadano, del usuario y consumidor puede o no ser ejercitado por ¨¦ste, seg¨²n su sentido de la responsabilidad.

El derecho a la informaci¨®n, por la funci¨®n que desarrolla como representante pol¨ªtico o como profesional de la comunicaci¨®n, es tambi¨¦n patrimonio, en su ejercicio, de su voluntad o mayor o menor deseo de utilizarlo.

Mas es un deber inexcusable en los servidores del Estado, cual es el fiscal, los jueces, los miembros del Tribunal de Cuentas, los responsables pol¨ªticos, en los que se da la responsabilidad colectiva y solidaria.

Y a los poderes p¨²blicos corresponde satisfacer el derecho voluntario y facilitar el cumplimiento del deber. Si estos poderes p¨²blicos ignoran el derecho o impiden el deber, est¨¢n conculcando un fundamental principio constitucional.

Sin derecho protegido a la informaci¨®n no hay dignidad c¨ªvico-ciuda-dana, no hay libertad de prensa, no hay libertad de acci¨®n sindical, no hay igualdad de militancia pol¨ªtica pluralista, no hay eficacia de control y ejercicio responsable de los representantes p¨²blicos; no hay, en suma, posibilidad alguna de hablar de participaci¨®n pol¨ªtica ni de sociedad libre y democr¨¢tica.

Si el derecho a la informaci¨®n es inherente al derecho, al pluralismo pol¨ªtico, fundamental para la formaci¨®n de la conciencia pol¨ªtica y motivador de la manifestaci¨®n de voluntad, si es inseparable de la igualdad jur¨ªdica y pol¨ªtica en la participaci¨®n y de las posibilidades de control pol¨ªtico eficaz y fundamento y desarrollo de la propia dignidad para realizaci¨®n de la igualdad ciudadana, a fin de que, como quiere la Constituci¨®n en su art¨ªculo noveno, la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y este derecho, en la realidad y sin disimulos ni tapujos, se secuestra o se impide, hablar de un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico es una falacia y una ofensa.

Alguien quiere que esto, que nos duele y obsesiona bajo el nombre de Espa?a, sea cada d¨ªa, m¨¢s que un Estado democr¨¢tico y social de derecho, una habilidosa combinaci¨®n entre el modelo de monarqu¨ªa ¨¢rabe y el de un caudillismo caribe?o. Lo malo es que, lamentablemente, lo est¨¢ consiguiendo.