Comisiones Obreras, ante el injusto sistema fiscal actual

En las ¨²ltimas semanas se viene produciendo una fuerte pol¨¦mica en torno a la fiscalidad en general, y m¨¢s concretamente por el proyecto de ley que ha promulgado el Gobierno para reformar el IRPF a ra¨ªz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989. CC OO ya tom¨® posici¨®n en torno a la pol¨¦mica sentencia y posteriormente ante la controvertida reforma del IRPF. Pensamos que es necesario matener una actitud cr¨ªtica de denuncia, ya que para nosotros la fiscalidad es un elemento esencial en los ingresos del Estado que posteriormente deben revertir en mejores servicios sociales, sanitarios, infraestructuras, protecci¨®n social, etc¨¦tera.

En Espa?a -lo venimos denunciando desde hace varios a?os, a pesar de algunas declaraciones oportunistas de los responsables de Hacienda- tenemos un sistema fiscal caracterizado por la falta de equidad en el reparto de las cargas fiscales, debido en gran medida a la existencia de un importante fraude fiscal.

Esa falta de justicia en la obtenci¨®n de los ingresos fiscales viene dada desde el momento en que los trabajadores somos los que m¨¢s aportamos al total de la base imponible del IRPF. Las rentas del trabajo aportan el 75% de la base imponible total, mientras que las empresariales tan s¨®lo suponen el 8,7%, las de los profesionales y artistas suponen un 3,7%, y las del capital no alcanzan el 3%.

El enorme fraude fiscal existente es un factor que contribuye a hacer a¨²n m¨¢s grave la injusticia del sistema. En este caso, el se?or Borrell tendr¨¢ todo el apoyo del movimiento sindical en combatirlo, pero no s¨®lo circunscribiendo la lucha contra el fraude a perseguir los seguros de prima ¨²nica, sino extendi¨¦ndola a todos los impuestos, como es el caso del impuesto de sociedades: s¨®lo la mitad de las 450.000 empresas con obligaci¨®n de declarar este impuesto hacen la declaraci¨®n, y s¨®lo a la mitad de ¨¦stas la declaraci¨®n les resulta positiva; o del patrimonio, donde el tipo de tributaci¨®n fue del 0,39% en el a?o 1987.

Ocultaci¨®n de ingresos

Ejemplo de fraude fiscal, que se materializa en la ocultaci¨®n de ingresos, es que en 1987 los rendimientos medios declarados por las rentas del trabajo se cifraban en 1.538.000 pesetas, mientras los rendimientos medios empresariales no llegaban al 60%. Por eso hoy hablar de combatir el fraude, circunscribi¨¦ndolo a una actitud decidida para aflorar los seguros de primas ¨²nicas y no contemplar lo anteriormente expuesto, sin variar de actitud en cuanto a la permisividad existente en dos activos financieros (pagar¨¦s, letras del Tesoro), generados en gran parte gracias al movimiento especulativo de capitales, blanqueo de dinero ?legal, nos suena m¨¢s a una actitud ante la galer¨ªa que a una voluntad decidida de combatir firmemente el fraude fiscal.

Nosotros entendemos que la necesidad de modificar la normativa del IRPF, impuesta por el Tribunal Constitucional, as¨ª como la necesaria armonizaci¨®n de otros impuestos -IVA y retenciones sobre capital- en el seno de la CE, no pueden solucionarse con parches, sino que, muy al contrario, deben posibilitar la discusi¨®n de una reforma global que consiga un reparto m¨¢s justo de las cargas fiscales y garantice que el Estado recauda lo suficiente para afrontar las necesidades sociales.

El Gobierno, con el talante arrogante que le viene caracterizando, no acept¨® la propuesta de negociar seriamente y en profundidad la reforma del IRPF, sino, muy al contrario, promulg¨® un proyecto de ley que no s¨®lo es un parche, sino que profundiza la injusta situaci¨®n fiscal de las rentas que tienen su origen en las rentas del trabajo.

Amnist¨ªa fiscal

La citada reforma beneficia en mayor medida a las rentas del capital y posibilita una amnist¨ªa fiscal parcial para los defraudadores de ejercicios anteriores. D¨¢ndose la paradoja que los que cumplieron con sus obligaciones fiscales no podr¨¢n volver a declarar para beneficiarse de la nueva normativa, que, sin embargo, ser¨¢ la que se aplique, en caso de revisi¨®n, a las declaraciones de los defraudadores. Por otra parte, las rentas del trabajo que no se benefician de la citada reforma tampoco ven introducir ning¨²n mecanismo que evite que el impuesto se coma los incrementos salariales conseguidos para compensar el creciminto de la inflaci¨®n (progresividad en fr¨ªo), sino que deja abierta la puerta que permitir¨¢ al Gobierno utilizar la declaraci¨®n de la renta para introducir recortes en sus contribuciones cuando los salarios superen las previsiones gubernamentales.

Como colof¨®n a lo anteriormente expuesto, la citada reforma har¨¢ caer la capacidad recaudatoria del conjunto de las administraciones p¨²blicas en unos 200.000 millones por ejercicio fiscal. No ser¨¢ de extra?ar, conociendo el car¨¢cter antisocial de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno, que esta reducci¨®n en la recaudaci¨®n sirviera para recortar el gasto p¨²blico.

Los sindicatos hemos propuesto en reiteradas ocasiones, y seguimos reclamando en la actualidad, la necesidad de abordar con la presencia de los agentes sociales: la negociaci¨®n de la necesaria reforma del sistema en su globalidad. Una reforma que debe abrir paso a un sistema fiscal m¨¢s justo y progresista, que posibilite que pague m¨¢s quien m¨¢s tiene y que garantice el principio de suficiencia del Estado, de manera que con su recaudaci¨®n pueda atender todas las necesidades sociales existentes: una reforma que elimine la profunda injusticia fiscal actual que discrimina profundamente a las rentas del trabajo en general y a las m¨¢s bajas en particular.