El Ayuntamiento renuncia a ingresar cientos de millones al suspender la reparcelacion econ¨®mica

El equipo de gobierno de centro-derecha del Ayuntamiento de Madrid ha suspendido cautelarmente el cobro de la liquidaci¨®n por reparcelaci¨®n econ¨®mica, figura conocida por los promotores como impuesto revolucionatio. El Ayuntamiento renuncia as¨ª a cobrar hasta un 14% del valor catastral de los terrenos a aquellos promotores interesados en edificar en parcelas aisladas. Desde 1985, el Ayuntamiento ha cobrado por este concepto m¨¢s de 3.600 millones. La decisi¨®n ha sido tomada ante el temor de que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia Territorial que el pasado mes de marzo dio la raz¨®n al PP y anul¨® esta figura incluida en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.

La suspensi¨®n cautelar de la liquidaci¨®n de la reparcelaci¨®n econ¨®mica se produjo el pasado d¨ªa 4 de agosto. Sin embargo, no se quiso dar publicidad al tema, seg¨²n reconoci¨® ayer el primer teniente de alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano.En la ¨²ltima semana del mes de agosto, los presidentes de las juntas municipales de distrito recibieron una nota de servicio interior firmada por el concejal del ¨¢rea de Urbanismo y por el gerente municipal de Urbanismo en la que se les daba cuenta de la decisi¨®n del equipo de gobierno y se les indicaba que la decisi¨®n municipal "en modo alguno debe paralizar la tramitaci¨®n de licencias". Con este objetivo se les indicaba que incluyeran en las licencias una nota con el siguiente texto: "La presente licencia se concede a reserva de la futura liquidaci¨®n de la reparcelaci¨®n econ¨®mica que se efect¨²e en su caso".

?lvarez del Manzano, primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular, confirm¨® la suspension cautelar de esta figura del Plan General. Prec¨ªsamente esta figura urban¨ªstica, junto a la clasificaci¨®n a priori del tipo de vivienda (social o privada) que debe ser construida en cada pol¨ªgono, fue recurrida ante los tribunales por el PP tras ser aprobado el Plan General.

Sentencia desfavorable

En respuesta a este recurso, el pasado mes de marzo la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid anul¨® distintas determinaciones contenidas en 11 art¨ªculos del Plan General referidas precisamente a los criterios urban¨ªsticos recurridos. La Audiencia Territorial indicaba en su sentencia que la anulaci¨®n estaba motivada al no ser las citadas determinaciones "ajustadas al ordenamiento jur¨ªdico".El concejal socialista Jes¨²s Espelos¨ªn, entonces responsable de Urbanismo, calific¨® la sentencia de "rev¨¦s pol¨ªtico", aunque anunci¨® que el equipo de gobierno socialista apoyar¨ªa el recurso que la Comunidad de Madrid ten¨ªa previsto presentar ante el Tribunal Supremo. Espelos¨ªn indic¨® entonces que la Audiencia no hab¨ªa calificado como buenas o malas las determinaciones, sino que las hab¨ªa anulado por falta de cobertura normativa para su aplicaci¨®n.

D¨ªas despu¨¦s, en el pleno del mes de marzo, el PP pidi¨®, sin ¨¦xito, que preventivamente se dejara de cobrar la reparcelaci¨®n econ¨®mica. Los concejales del PP advirtieron que la situaci¨®n pod¨ªa ser grave si el Supremo ordenaba la devoluci¨®n de lo cobrado hasta ese momento, cantidad que, seg¨²n datos de los responsables de Urbanismo, ascend¨ªa entonces a 3.571 millones.

La sentencia, recurrida por el PSOE, se encuentra actualmente a la espera del, fallo del Supremo. Fuentes municipales indicaron, sin embargo, que el alto tribunal podr¨ªa haber ya dictado una sentencia contra la reparcelaci¨®n, aunque limitada a un particular. Ante estas noticias, el nuevo equipo de gobierno de centro-derecha decidi¨® tratar el tema y los repres ntantes del PP volvieron a pedir la suspensi¨®n cautelar del cobro.

?lvarez del Manzano reconoci¨® que en la reuni¨®n "hubo ciertas reticencias ante lo que supon¨ªa perder tan importante fuente de ingresos, aunque al final se decidi¨® suspenderlo cautelarmente para evitar problemas. No deb¨ªamos seguir cobrando algo cuya legalidad est¨¢ en duda". El primer teniente de alcalde indic¨® que el equipo de gobierno no hab¨ªa tomado, sin embargo, ninguna decisi¨®n sobre la devoluci¨®n de lo ya cobrado y que esperaban la sentencia del Supremo.