Una carta sin valor

M?S DE un a?o de debates y el intento fallido de la cumbre de Madrid han sido necesarios para que la Comisi¨®n Europea apruebe por fin el proyecto de Carta Social Europea, especie de cat¨¢logo de los derechos fundamentales de los trabajadores. Un texto tan esperado no ha podido tener alumbramiento peor recibido: por una parte, no ha logrado disipar el rechazo de los empresarios ni calmar la radical oposici¨®n de la primera ministra brit¨¢nica, Margaret Thatcher; por otra, la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos ha convocado una manifestaci¨®n de protesta en Bruselas el pr¨®ximo mi¨¦rcoles 18 para llamar la atenci¨®n sobre el desequilibrio entre unas normas sociales que consideran demasiado moderadas, y que no son vinculantes, y los cientos de directivas econ¨®micas de obligado cumplimiento.La presidencia francesa, que debe presentar el proyecto en la cumbre de Estrasburgo, en diciembre, trata de cubrirse de antemano, y, por boca de la ministra Edith Cresson, ha anunciado que acaso no sea posible conseguir la unanimidad por el veto brit¨¢nico. El Gobierno franc¨¦s, igual que antes el espa?ol, defini¨® la Carta Social como una de las prioridades de su mandato comunitario. Como ¨²ltimo recurso tratar¨¢ de conseguir el voto de 11 jefes de Estado y de Gobierno de la CE y formular una declaraci¨®n solemne que nadie sabe muy bien para qu¨¦ puede servir al tratarse de un tema que requiere la unanimidad.

Desde que el pasado 27 de septiembre la Comisi¨®n Europea traz¨® la bisectriz entre las dos tendencias enfrentadas, no ha dejado de aumentar el n¨²mero de quienes defienden un texto no vinculante. Sin discutir su valor simb¨®lico o el grado de compromiso pol¨ªtico que pueda reflejar una declaraci¨®n solemne, la Carta Social Europea, como referencia fundamental para el mundo del trabajo comunitario, va a quedar reducida a un simple instrumento abstracto.

La declaraci¨®n propuesta reconoce el derecho a "un salario decente", aunque la Comisi¨®n Europea ya ha anticipado que no existe vocaci¨®n de definirlo. Tambi¨¦n reconoce el derecho de huelga, "bajo la reserva de excepciones espec¨ªficas en la legislaci¨®n existente", lo cual da pie a suponer que ser¨¢ un recurso sometido a 12 baremos. El derecho a la informaci¨®n, consulta y participaci¨®n de los trabajadores en la empresa, a pesar de su formulaci¨®n, ser¨¢ el gran caballo de batalla, en especial en las multinacionales europeas. Y, junto a la protecci¨®n social, la formaci¨®n profesional continuada, que debe ser obligatoria para los j¨®venes de entre 16 y 18 a?os, constituye quiz¨¢ el aspecto m¨¢s novedoso. Ning¨²n avance, sin embargo, sobre el derecho a descanso semanal o sobre la duraci¨®n de jornada.

Si el cuadro de derechos ofrecidos no supone ninguna mejora obligada en cualquiera de los Estados de la CE puede incluso cuestionarse su conveniencia. Si el propio proyecto afirma que el articulado no puede servir de excusa para retroceder en los derechos adquiridos en cada pa¨ªs cabe preguntarse cu¨¢l es el alcance pol¨ªtico del texto. De momento, la propuesta no ha levantado m¨¢s que rechazos, bien por su inutilidad, como afirman los sindicatos, bien porque no hay que poner puertas al campo, como argumentan los empresarios. Pero si la mera formulaci¨®n de la igualdad en las condiciones jur¨ªdicas de acceso al trabajo, que en nada mejora las legislaciones nacionales existentes, da pie a la divisi¨®n en el interior de la CE, cabe preguntarse qu¨¦ podr¨ªa pasar si se estuvieran discutiendo ya reformas sociales que implicaran p¨¦rdidas netas de soberan¨ªa nacional, inversiones y gasto.