EE UU y la soberan¨ªa nacional

EN VIRTUD de una decisi¨®n del Departamento de Justicia de EE UU hecha p¨²blica el 13 de octubre, se otorga al FB1 el derecho de detener en pa¨ªses extranjeros a personas reclamadas por tribunales norteamericanos sin el consentimiento del pa¨ªs en el que ¨¦stas se encuentren. Tal decisi¨®n cambia dr¨¢sticamente la pol¨ªtica seguida hasta ahora por EE UU en esa materia y tiene unas implicaciones grav¨ªsimas en el plano internacional. De hecho, convierte en normal para la legislaci¨®n norteamericana que el FBI secuestre a ciudadanos en pa¨ªses extranjeros y los lleve luego a EE UU. Washington se arroga, ni m¨¢s ni menos, el derecho de violar, la soberan¨ªa de otros Estados. El desprecio a las normas b¨¢sicas del derecho internacional no puede ser m¨¢s absoluto.La Prensa norteamericana relaciona esta decisi¨®n con el deseo del presidente Bush de reforzar la presi¨®n para acabar con el general Noriega, dictador de Panam¨¢, y a la vez con la campa?a que lanz¨® contra el tr¨¢fico de droga. Pero es infantil creer que la crisis de Panam¨¢ se resolver¨¢ dando permiso al FBI para que vaya a apresar a Noriega. En cuanto a los narcotraficantes, Colombia est¨¢ aplicando el procedimiento normal de la extradici¨®n para que puedan ser juzgados en EE UU. ?Qu¨¦ sentido tiene dictar ahora una norma para que el FBI pueda actuar por su cuenta en Colombia, o en otra naci¨®n, violando las leyes y provocando la l¨®gica protesta del pa¨ªs en que ocurra?

Pero lo realmente grave en esa decisi¨®n es el car¨¢cter de norma universal que tiene, y que fue subrayada por diversas autoridades de EE UU. Sin ir m¨¢s lejos, la portavoz del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, se?al¨® que la disposici¨®n estaba vigente desde el pasado mes de junio -si bien en secreto hasta ahora- pero que el presidente Bush a¨²n no hab¨ªa ejercido esa "nueva autoridad", y que s¨®lo se aplicar¨ªa tomando en consideraci¨®n los intereses de pol¨ªtica exterior, y siempre "a discreci¨®n del presidente".

Lejos de aportar una justificaci¨®n, tal declaraci¨®n obliga a formularse las preguntas ?c¨®mo se entiende en las altas esferas de EE UU el respeto a la soberan¨ªa de otros Estados?, ?c¨®mo puede el presidente de EE UU pensar que tiene derecho, de forma unilateral, a decidir el env¨ªo de sus polic¨ªas a otro pa¨ªs para que act¨²en a espaldas de las autoridades? Es cierto que los servicios de espionaje realizan secuestros y otros actos ilegales; conforman el paisaje de las zonas oscuras de las relaciones entre Estados, pero es distinto -y mucho m¨¢s significativo- que esa pr¨¢ctica se proclame corno un derecho atribuido p¨²blicamente a una polic¨ªa oficial.

Las consecuencias son alarmantes. Dos altos funcionarios espa?oles del Ministerio del Interior, Rafael Vera y Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, han reaccionado con acierto destacando la violaci¨®n del derecho internacional que supone esa decisi¨®n tomada por EE UU. Pero no basta. Los Gobiernos europeos deben hacer comprender a Washington que su actitud en ese tema priva a Occidente de fuerza moral y jur¨ªdica ante conductas de grupos o Estados que act¨²an al margen del derecho internacional.