La batalla de los noventa

Agredir a la naturaleza es muy f¨¢cil. Sin ir m¨¢s lejos, el autom¨®vil que usted conduce cansinamente para ir al trabajo contribuye con sus humos a hacer irrespirable el aire de su ciudad y a llenar de ruido las calles hasta niveles que muchas veces atentan contra la salud. Ese mismo autom¨®vil, peque?o o grande, viejo o nuevo, precisa el fin de semana de una autopista o una autov¨ªa si usted gusta de respirar aire puro los d¨ªas de asueto. Pues bien, la construcci¨®n de esa v¨ªa de comunicaci¨®n se puede haber llevado por delante miles de ¨¢rboles, muchas veces centenarios, y ha sustra¨ªdo al desarrollo de la vida vegetal y animal decenas de hect¨¢reas.Conectar la televisi¨®n o mantener los alimentos en el frigor¨ªfico podr¨ªa no suponer una especial agresi¨®n a la naturaleza pero, en muchos casos, tambi¨¦n la acarrea. Si la electricidad que los mantiene en funcionamiento proviene de una central que quema carb¨®n, ¨¦sta habr¨¢ agredido m¨¢s o menos su entorno en funci¨®n de sus mayores o menores emisiones de di¨®xido de azufre. Eso sin contar con que el di¨®xido de carbono que tambi¨¦n genera contribuye, aunque sea en una peque?a parte, a potenciar el efecto invernadero en el conjunto del planeta, lo que puede implicar un aumento medio de la temperatura y unos cambios clim¨¢ticos de efectos imprevisibles. Si la energ¨ªa proviene de una central hidroel¨¦ctrica, aparentemente limpia, la agresi¨®n no se habr¨¢ limitado a la inundaci¨®n de un determinado n¨²mero de hect¨¢reas. Las dificultades que plantean las presas a la fauna fluvial y su actuaci¨®n como barrera de la arena, que impide que ¨¦sta llegue al mar y regenere las playas, tambi¨¦n deben ser tenidas en cuenta. La tercera posibilidad es que la energ¨ªa provenga de una central nuclear.

Enorme desigualdad

Desde este punto de vista amplio, por tanto, cualquier ciudadano de una sociedad tecnificada como la espa?ola es un agresor de la naturaleza, lo quiera o no. Al fin y al cabo, el habitante de un pa¨ªs avanzado y sus instrumentos gastan en un d¨ªa la energ¨ªa que un hombre que viva a nivel de subsistencia utiliza en ocho meses. Y hay muchos millones de personas en este planeta que est¨¢n por debajo de ese nivel de subsistencia. L¨®gicamente, a nadie se le ocurre abogar por la renuncia a todos los adelantos y comodidades para reducir el consumo energ¨¦tico al m¨ªnimo y regresar a una imposible sociedad primitiva. Pero tampoco puede proponer nadie que todos los habitantes del planeta consuman como los de los pa¨ªses avanzados. "El caso es", como apuntaba recientemente en estas mismas p¨¢ginas el bi¨®logo Ram¨®n Folch, "que los niveles de consumo occidentales hechos extensivos a los 6.000 millones de seres humanos que ya casi somos ser¨ªa un acto de equidad... que nos costar¨ªa el planeta: no habr¨ªa pastel para todos".

Con el ingreso en la Comunidad Europea (CE), Espa?a se ha incorporado, aunque sea con cierto retraso, a la corriente occidental de establecer controles cada vez m¨¢s severos sobre los agentes agresores del medio ambiente. Poco a poco, la legislaci¨®n espa?ola se va acomodando a la normativa dictada por Bruselas. En general, la adaptaci¨®n suele hacerse a la baja, como es el caso de la versi¨®n hispana de la norma comunitaria que establece la obligaci¨®n de que los promotores de obras de notable incidencia en el medio ambiente .en raz¨®n de su naturaleza, dimensi¨®n o localizaci¨®n" -carreteras, presas, puertos, aeropuertos, etc¨¦tera- deben efectuar estudios de impacto al presentar la solicitud de construcci¨®n.

Trato diferenciado

Otras veces, los negociadores espa?oles han conseguido que este pa¨ªs sea considerado un caso especial a causa del negativo impacto econ¨®mico que pudiera tener la aplicaci¨®n en fr¨ªo de la norma comunitaria. Es el caso de la directiva de 24 de noviembre de 1988 sobre grandes instalaciones de combusti¨®n. Como excepci¨®n, las 33 centrales t¨¦rmicas en funcionamiento en territorio espa?ol reducir¨¢n sus porcentajes de emisi¨®n de di¨®xido de azufre -el agente causante de la lluvia ¨¢cida- en porcentajes inferiores a los del conjunto de la Comunidad, de tal manera que la adaptaci¨®n cueste unos 300.000 millones de pesetas en 15 a?os, frente a los 700.000 millones que les iba a costar. Su nivel de desarrollo por debajo de la media sit¨²a muchas veces a Espa?a como un freno en materia medioambiental. Aqu¨ª el tema ecol¨®gico no se plantea todav¨ªa como algo prioritario. De momento, la propuesta comunitaria de que la pol¨ªtica ambiental informe las dem¨¢s, ambientalizando la gesti¨®n, sigue un ritmo lento, en parte propiciado por la m¨¢s bien escasa presi¨®n social que se ejerce.

La primera sentencia condenatoria por un delito ecol¨®gico -una figura que no fue tipificada hasta 1983- no se produjo hasta febrero del a?o pasado y no pas¨® de ser simb¨®lica: castig¨® al ex director de la central t¨¦rmica de Cercs, en el Prepirineo catal¨¢n, a un mes y un d¨ªa de arresto y 30.000 pesetas de multa. El motivo de la condena fue que entre 1978 y 1983 las emanaciones de di¨®xido de azufre de la citada central causaron graves da?os en una zona forestal de 30.000 hect¨¢reas, una por cada peseta de multa.

Si bien cualquiera es en potencia un agresor de la naturaleza, hay actividades econ¨®micas que destacan especialmente, impulsadas tanto por la iniciativa p¨²blica como por la privad¨¢. Las grandes obras de infraestructura, por una parte, y los sectores industriales de qu¨ªmica b¨¢sica, energ¨ªa, refino, extractivo y papel, por otra, son especialmente contaminantes. Las diferencias entre unos y otros sectores est¨¢ llevando a que el principio de que "el que contamina ha de pagar" est¨¦ calando cada vez m¨¢s. En realidad, si no paga el contaminador acaba pagando el conjunto de la sociedad de una manera indirecta. Esta idea de base, que en el caso de obras conduce a plantear dise?os menos agresivos y, en el caso de las plantas de producci¨®n, a aplicar mecanismos descontaminantes en origen o maquinaria menos sucia, lleva aparejada el desarrollo de nuevos sectores industriales que, como conjunto, pueden compensar e incluso superar la actividad econ¨®mica que desaparezca a causa de normas medioambientales m¨¢s estrictas.

En un Occidente tremendamente preocupado por el incremento de enfermedades cancer¨ªgenas que puede conllevar la disminuci¨®n de la capa de ozono (que filtra los rayos ultravioleta) y por los imprevisibles cambios clim¨¢ticos que puede propiciar el incremento de di¨®xido de carbono en la atm¨®sfera, el debate que se plantea es precisamente si el sistema econ¨®mico va a ser capaz de sacrificar beneficios inmediatos para garantizar un desarrollo sostenido que respete los recursos en vez de despilfarrarlos. En palabras de la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, una autoridad mundial en el tema, la reorientaci¨®n del desarrollo "sin una presi¨®n directa del mercado es un reto sin precedentes".

Los grandes partidos espa?oles, l¨®gicamente, se declaran todos ellos defensores del medio ambiente. Tanto el Partido Popular (PP) y el.Centro Democr¨¢tico y Social (CDS), como Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) consideran que la Administraci¨®n debe dar m¨¢s importancia de la que da al tema y proponen la creaci¨®n de una secretar¨ªa de Estado espec¨ªfica. Sobre el problema de fondo, el PP promete una l¨ªnea de di¨¢logo con la industria para encauzar la adaptaci¨®n a las exigencias medioambientales, mientras que el PSOE propugna "mecanismos de apoyo a inversiones reductoras de la contaminaci¨®n" y est¨ªmulo a la industria medioambiental, un nuevo sector que considera estrat¨¦gico y en el que ser¨¢ conveniente "ima importante presencia p¨²blica". Izquierda Unida (IU) considera que se avecina una revoluci¨®n tecnol¨®gica ecol¨®gicamente planteada que "igual que las anteriores aumentar¨¢ la concentraci¨®n de capitales".