Una promesa dos veces incumplida
La ampliaci¨®n de la escolaridad obligatoria figura por tercera vez en un programa electoral del PSOE
ESTEBAN S. BARCIA "Abordaremos la reforma del sistema educativo, ampliaremos la escolaridad obligatoria hasta los diecis¨¦is a?os, extenderemos la educaci¨®n a mayor n¨²mero de espa?oles y mejoraremos de forma decisiva la calidad de la ense?anza". As¨ª reza el pre¨¢mbulo o declaraci¨®n de principios del programa electoral del PSOE en materia de pol¨ªtica educativa ante los pr¨®ximos comicios. El hecho de que la ampliaci¨®n de la escolaridad obligatoria hasta los diecis¨¦is a?os ocupara tambi¨¦n un lugar destacado en los programas electorales de 1982 y 1986, hace inevitable refugiarse en el optimismo del dicho popular que asegura que a la tercera va la vencida.
Seg¨²n los datos sobre escolarizaci¨®n que el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia facilit¨® al comienzo del presente a?o acad¨¦mico, la tasa de escolaridad de la poblaci¨®n de 6 a 13 a?os alcanza el 100%; la de 14 a 15, el 91,50%, y la de 16 a 17, el 62%. De otro lado, el sector p¨²blico s¨®lo atiende al 73% de la poblaci¨®n escolarizada en bachillerato y COU. Ello significa que los estudios del 27% restante tienen que ser costeados ¨ªntegramente por las familias, a una media de unas 17.000 pesetas mensuales.
Por lo que concierne a la formaci¨®n profesional, el sector p¨²blico s¨®lo atiende al 67% del alumnado, pero la ense?anza que imparte la red privada al 33% restante est¨¢ subvencionada casi en su totalidad, aunque no al cien por cien. Las familias pagan alrededor de unas 2.000 pesetas mensuales.
El actual ministro de Educaci¨®n y Ciencia, Javier Solana, repite en cuantas ocasiones se le ofrecen que uno de cada cinco puestos escolares de las actuales ense?anzas medias ha sido creado por la Administraci¨®n socialista.
No obstante, la situaci¨®n de este nivel educativo se asemeja bastante a la que atraves¨® la ense?anza b¨¢sica a lo largo de toda la d¨¦cada de los setenta cuando, especialmente en los barrios perif¨¦ricos de las grandes urbes, se produjo la explosi¨®n de una demanda de escolarizaci¨®n que los planes m¨¢s ambiciosos y apresurados de construcciones escolares -entre ellos, los derivados de los pactos de la Moncloa- parec¨ªan incapaces de llegar a atender jam¨¢s.
Aulas masificadas
Una situaci¨®n caracterizada por aulas masificadas, dobles y triples turnos y enormes dificultades para encontrar plaza en los centros de la red p¨²blica tanto de bachillerato como de formaci¨®n profesional. En determinados barrios de Madrid, para conseguir una plaza de bachillerato o de FP en ocasiones los padres tienen que aportar poco menos que un certificado de pobreza.
Si el descenso de los ¨ªndices de natalidad est¨¢ teniendo un acusado reflejo desde hace ya varios a?os en la disminuci¨®n de la matr¨ªcula en preescolar y en la educaci¨®n b¨¢sica, la demanda de escolarizaci¨®n sigue creciendo en las ense?anzas medias y, consecuentemente, en la Universidad.
Una reciente encuesta de Demoscopia para EL PA?S, realizada entre el 9 y 15 de septiembre pasado, revelaba que el 81% de los padres con hijos en edad escolar desea que ¨¦stos lleguen a cursar estudios universitarios. Hace tan s¨®lo un a?o un sondeo similar reflejaba que las expectativas universitarias de la poblaci¨®n espa?ola eran expresadas por un porcentaje algo inferior, el 74%, mientras que varios a?os antes, en 1974, esa aspiraci¨®n era compartida por el 58%.
En su programa electoral, la coalici¨®n Izquierda Unida asegura que s¨®lo el 21,4% de la poblaci¨®n comprendida entre los 18 y 25 a?os realiza estudios universitarios, porcentaje que la Administraci¨®n eleva hasta un 26%.
En todo caso, es evidente que el ritmo de crecimiento de la demanda de ense?anza superior no s¨®lo no va a estancarse en los pr¨®ximos a?os, sino que todo parece indicar que puede dispararse hasta l¨ªmites tal vez hoy insospechados.
Los diversos partidos hoy en la oposici¨®n coinciden en que los principales problemas del sistema educativo espa?ol en la d¨¦cada de los noventa van a estar en la ense?anza secundaria y universitaria. Las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes de ense?anzas medias en el curso 1986-87 pueden ser s¨®lo el preludio de una agitaci¨®n mucho mayor, y su espoleta, la acumulada frustraci¨®n de los miles de estudiantes que cada a?o se ven impedidos de cursar los estudios que desean a pesar de superar la prueba de selectividad.
Dos d¨ªas antes de que la facultad de, Derecho de la reci¨¦n creada Universidad Carlos III de Madrid abriera sus puertas, alrededor de un centenar de estudiantes de bachillerato de varios institutos de Getafe -la mayor¨ªa de ellos, alumnos de los primeros cursos- se manifestaban en el nuevo 'campus' para advertir que no est¨¢n dispuestos a encontrarse con los mismos problemas con que tropezaron las promociones de bachilleres de los ¨²ltimos a?os para conseguir una plaza en la Universidad. Sus portavoces afirmaron que ya han empezado a producirse movimientos tendentes a sensibilizar a los estudiantes de bachillerato de toda Espa?a para enfrentarse juntos al problema.
El acceso a la Universidad se configura como el gran caballo de batalla de la pol¨¦mica educativa en el futuro m¨¢s inmediato. El PSOE, que alberg¨® en el pasado la idea de una ley espec¨ªfica que regulara el acceso a la Universidad, ha renunciado claramente a ella. En su programa electoral promete: "Se proceder¨¢ a la progresiva eliminaci¨®n de las trabas a la movilidad de los estudiantes, adecuando mejor las pruebas de acceso a la Universidad. Paralelamente desarrollaremos la informaci¨®n y orientaci¨®n a los estudiantes e incrementaremos el programa de becas y ayudas".
No a la selectividad
Izquierda Unida aboga abiertamente por la eliminaci¨®n de la selectividad: "Nos oponemos a la existencia de mecanismos de selecci¨®n en el acceso a la formaci¨®n universitaria para aquellos alumnos que hayan terminado satisfactoriamente sus estudios secundarios". De su lado, los otros dos grandes partidos mayoritarios, CDS y PP, se muestran mucho m¨¢s ambiguos en sus respectivos programas en relaci¨®n a esta misma cuesti¨®n.
El segundo de estos partidos propone que "despu¨¦s de superados los a?os de bachillerato cada alumno solicitar¨¢ el ingreso en la Universidad que considere oportuna, la cual decidir¨¢ en el ejercicio de su autonom¨ªa".
La interpretaci¨®n que se desprende de este planteamiento es que se traslada a cada universidad la decisi¨®n de seleccionar a los alumnos, lo que supone no s¨®lo el mantenimiento de la selectividad, sino probablemente su complicaci¨®n hasta el infinito.
La ambig¨¹edad es similar en el programa del CDS, que aboga por la supresi¨®n del actual sistema de acceso, para a?adir m¨¢s adelante que "corresponder¨¢ a cada universidad, en el marco de la LRU reformada", entre otras cosas, "establecer, con rigor acad¨¦mico la preparaci¨®n, los criterios y pruebas o requisitos de acceso a las distintas facultades, escuelas t¨¦cnicas superiores y escuelas universitarias".
Los tres partidos actualmente en la oposici¨®n coinciden, por lo dem¨¢s, en se?alar que la soluci¨®n al problema del acceso pasa fundamentalmente por una pol¨ªtica de mayor financiaci¨®n. Pero el esfuerzo de financiaci¨®n m¨¢s generoso que quepa imaginar (IU propone elevar los presupuestos de Educaci¨®n hasta el 6% del PIB y llegar, en un plazo de cuatro a?os, al 1% del mismo concretamente para el cap¨ªtulo de Universidad) no permite augurar que pueda llegarse a un equilibrio inmediato entre la oferta y la demanda de ense?anza superior.
No es f¨¢cil improvisar el profesorado que se necesita en todas las carreras de mayor demanda en la actualidad; entre ellas, Derecho, Econ¨®micas y Empresariales y la mayor parte de las ingenier¨ªas t¨¦cnicas, tanto de ciclo largo como corto, en donde el problema de la falta de profesorado es especialmente m¨¢s grave en estos momentos.
Dos graves conflictos
Tras el relativo ¨¦xito de la pol¨ªtica educativa del PSOE en la primera legislatura, durante la cual consigui¨® ver aprobadas dos grandes leyes educativas -la del Derecho a la Educaci¨®n (LODE) y la de Reforma Universitaria (LRU)-, pocos pod¨ªan imaginar la gravedad de los conflictos educativos que salpicar¨ªan el segundo periodo de mandato socialista. S¨®lo unos pocos meses despu¨¦s de su inicio, en el primer trimestre del curso 1986-87, surgi¨® la primera gran prueba de fuego. Por primera vez en la historia de los movimientos estudiantiles en Espa?a, los estudiantes de ense?anza secundaria protagonizaron una protesta que lleg¨® a adquirir dimensiones espectaculares, siempre en medio de la simpat¨ªa general de la poblaci¨®n. La primera herida
Los analistas de aquel conflicto tal vez olvidaron demasiado pronto que las primeras movilizaciones tuvieron como argumento fundamental la frustraci¨®n de los estudiantes que, una vez superada la prueba de selectividad, no consiguieron plaza en la Universidad ese curso. Esa protesta inicial dar¨ªa paso despu¨¦s a una variada gama de reivindicaciones, que iban desde la expresi¨®n de la angustia ante el amenazador horizonte de un futuro de paro (algunas organizaciones estudiantiles llegaron a exigir un salario) a concretas exigencias de soluci¨®n para problemas inmediatos de su formaci¨®n. El entonces ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall, que hasta ese momento gozaba de una buena cuota de aceptaci¨®n popular, tard¨® demasiado tiempo en reaccionar. El pacto final con las organizaciones estudiantiles, pese a que quiso presentarse como un ¨¦xito del equipo de Maravall, no consigui¨® ocultar del todo la primera gran herida sufrida en su carrera pol¨ªtica.
La segunda, y esta probablemente mortal de necesidad, se la infringi¨® un similar retraso en la reacci¨®n ante el segundo gran conflicto de la legislatura de 1986, surgido nuevamente en el sector p¨²blico de la ense?anza, all¨ª donde probablemente m¨¢s pod¨ªan dolerle los golpes a un Gobierno socialista. A finales del mes de febrero de 1988, los sindicatos de profesores de ense?anza primaria y media, anunciaron un calendario de huelgas en defensa de una serie de reivindicaciones econ¨®micas y profesionales, y el Ministerio de Educaci¨®n no acept¨® iniciar formalmente las negociaciones hasta los primeros d¨ªas de abril, despu¨¦s de apelar constantemente a la exigencia de la normalidad acad¨¦mica. El curso 1987-88 concluy¨® con el conflicto en plena ebullici¨®n y con el relevo de Maravall por el hasta entonces titular de la cartera de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana. Su pacto con los sindicatos puso fin al conflicto en el mes de noviembre.
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