Paralizado desde 1983 un sumario que implica a jueces, abogados, guardias civiles y un funcionario de Justicia

La Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid guarda paralizado y sin investigar desde 1983 un sumario en el que est¨¢n procesados y en libertad provisional bajo fianza guardias civiles, abogados y un funcionario de la Administraci¨®n de justicia por vender libertades a presos, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Al menos un juez y un fiscal que facilitaban cartas de recomendaci¨®n para mediar en esas libertades est¨¢n supuestamente involucrados en este caso, seg¨²n el sumario, aunque no han sido procesados ni investigadas sus responsabilidades.

Abogados relacionados con este caso aseguran que el sumario 118 / 1982 est¨¢ absolutamente paralizado por las graves implicaciones de los encartados y las responsabilidades que se derivar¨ªan de una verdadera investigaci¨®n. Asimismo, a?aden que el sumario se ha paralizado conscientemente con recursos y sin investigar nada despu¨¦s del auto de procesamiento fechado el 5 de abril de 1983.El funcionario de la Audiencia Provincial encargado de esta causa dice que el caso va muy lento al participar muchos abogados y estar pendiente de la calificaci¨®n de los primeros letrados. Este funcionario a?ade que "a¨²n queda mucho tiempo incluso para fijar la fecha del juicio".

Los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en 1981, el sumario comenz¨® a instruirse en 1982 por un juzgado de Madrid y el 5 de abril de 1983 la Audiencia Provincial dictaba un auto de procesamiento por estafa y cohecho contra nueve personas. Se trata de los guardias civiles Jos¨¦ Luis Cervero Carrillo -ahora separado del cuerpo por otros motivos- y Ram¨®n Rosales M¨¢rmol; los abogados Ram¨®n Luis Esteban Barbero y Jos¨¦ Ignacio Gonz¨¢lez Serrano; el funcionario de la Audiencia. Nacional Andr¨¦s Ma?as Ruiz; el socio de este ¨²ltimo Manuel Navarro P¨¦rez, y tambi¨¦n Felipe Barbarroja Lozano, Trinidad Jim¨¦nez Ballesteros y Gloria Carballo Cayado.

Jueces sin investigar

Seg¨²n consta en el sumario, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, los supuestos delincuentes utilizaban para conseguir las libertades unas cartas de recomendaci¨®n de un magistrado de la Audiencia Nacional y de un fiscal del Tribunal Supremo llamado Eugenio. Seg¨²n informan fuentes relacionadas con el caso, se trataba del magistrado Ricardo Var¨®n Cobos, implicado en la puesta en libertad del mafioso italiano Antonio Bardellino, y del fiscal Eugenio L¨®pez L¨®pez, ya jubilado. No obstante, seg¨²n dichas fuentes, debe existir responsabilidad de otros jueces que directamente decretaban la libertad de los presos.Los presuntos implicados vend¨ªan las libertades a presos encarcelados por tr¨¢fico de estupefacientes que generalmente dispon¨ªan de solvencia econ¨®mica para pagar altas cantidades de dinero por esos f¨¢vores.

El auto de procesamiento explica que a mediados del mes de octubre de 1981 "Jos¨¦ Luis Cervero Carrillo, sargento de la Guardia Civil con destino en la Unidad de Adiestramiento Especial sita en San Lorenzo de El Escorial; Ram¨®n Luis Esteban Barbero, abogado con despacho abierto en esta capital, y Felipe Barbarroja Lozano, de dicho despacho, conociendo la solvencia de determinados presos, generalmente por tr¨¢fico de estupefacientes, de com¨²n acuerdo se propusieron obtener el m¨¢ximo beneficio de la leg¨ªtima aspiraci¨®n de los encartados a conseguir su libertad, a los que se les hac¨ªa valer sus relaciones e influencias para procurarla, recab¨¢ndoseles al efecto elevadas sumas como contraprestaci¨®n y para saldar los gastos que ello entra?aba".

El grupo cobr¨® al menos-16 millones de pesetas. El texto explica que "del preso o esposa de Nicol¨¢s Fajardo Rom¨¢n, que al fin consigue la libertad, obtuvieron cuatro millones de pesetas; del preso o esposa de Francisco Mu?oz percibieron dos millones de pesetas que ante las presiones de los familiares por no conseguir la libertad al cabo del tiempo se ven obligados a devolver".

"De un ciudadano gibraltare?o sin identificar", contin¨²a, preso como los anteriores en Algeciras y C¨¢diz, cobran dos millones de pesetas; de Francisco Caracuel reciben tres millones de pesetas; del s¨²bdito holand¨¦s Jacob Shogan Roseau, tres millones de pesetas que al no conseguir su libertad se devuelven por orden de Cervero; del norteamericano Parri Irwing dos millones de pesetas, hechos todos estos que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 1981 ".

Los tres principales encartados, seg¨²n consta en el auto, "se auxiliaron en las gestiones de captaci¨®n, transportes, visitas a autoridades y funcionarios y percepci¨®n de las cantidades aludidas" del resto de los procesados.

Los magistrados que firmaron el auto -Jes¨²s Rubio Serrano, Faustino Mollinedo y, Joaqu¨ªn Vesteiro- consideran que los hechos son indiciariamente constitutivos de los delitos de estafa y cohecho, por lo que fueron procesados y puestos posteriormente en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.