Murcia, en el aire
EL ESCA?O del que depende la mayor¨ªa absoluta de los socialistas sigue estando en el aire. El Tribunal Superior de Murcia debe pronunciarse necesariamente por una, de las cuatro f¨®rmulas que, de manera tasada, contempla el art¨ªculo 113 de la vigente ley Electoral: no admisi¨®n del recurso, confirmaci¨®n de la decisi¨®n de la Junta Electoral que atribuye a Izquierda Unida el noveno esca?o de esa provincia, nulidad de dicho acuerdo y atribuci¨®n del esca?o en disputa al PSOE o nulidad de la elecci¨®n en la circunscripci¨®n y convocatoria de nuevas elecciones en Murcia. No cabe, por tanto, anular las elecciones en determinadas mesas -aquellas que no fueron computadas por detectarse m¨¢s votos que votantes-, manteniendo la validez de los resultados computados en las dem¨¢s de esa circunscripci¨®n. Aceptar la resoluci¨®n de la Junta supondr¨ªa dar por buena la no computaci¨®n de m¨¢s de 20 mesas y, por tanto, anular unos 13.000 votos leg¨ªtimos. Es evidente que, dado el escaso margen del que depende la adjudicaci¨®n del esca?o en disputa, esos votos anulados resultan "determinantes del resultado", seg¨²n la f¨®rmula exigida por la propia ley para que proceda la nulidad. Pero computar sin m¨¢s esas mesas, lo que otorgar¨ªa el esca?o al PSOE, equivaldr¨ªa a legitimar los fraudes detectados (aunque provengan de acciones ileg¨ªtimas de militantes socialistas), incluso si ¨¦stos no fueran en s¨ª mismos determinantes del resultado. De ah¨ª la posibilidad que la legislaci¨®n otorga a los jueces para convocar nuevas elecciones.Si pudiera determinarse de manera fehaciente cu¨¢l o cu¨¢les han sido las papeletas fraudulentas, la propia mesa restar¨ªa los votos correspondientes a la candidatura beneficiada. Pero siendo ello imposible -?a qui¨¦n atribuir las papeletas depositadas por los menores de edad?-, tanto la no computaci¨®n como la computaci¨®n suponen una grave deformaci¨®n de la voluntad popular. Si se diera por bueno el criterio de la Junta, que identifica los conceptos de elector y de votante, se estar¨ªa abriendo paso a fraudes generalizados en el futuro: bastar¨ªa introducir una papeleta de m¨¢s en aquellas mesas cuyo) resultado probable fuera conocido -por anteriores comicios- para privar de su ventaja a la candidatura previsiblemente mayoritaria. Entonces, la repetici¨®n de las elecciones parece la menos mala de las soluciones.
Estando en manos del fallo del tribunal murciano la mayor¨ªa absoluta, de la que a su vez puede depender que la elecci¨®n del presidente del Gobierno se produzca en primera o segunda votaci¨®n, parecer¨ªa razonable posponer la sesi¨®n de investidura hasta despu¨¦s de dicho fallo. Si se admite que el asunto es importante y que su resoluci¨®n depende de la judicatura, no se entiende bien por qu¨¦ IU se opone a ello. Tambi¨¦n es l¨®gico que el PSOE, cur¨¢ndose en salud ante la eventualidad de que el fallo judicial le sea desfavorable, busque los apoyos necesarios para aseguirarse la elecci¨®n.
Los contactos con el grupo del PNV, socio de los socialistas en el Gobierno vasco, van en esa direcci¨®n. Los nacionalistas ya advirtieron en la campa?a que, si el PSOE perdiera la mayor¨ªa absoluta, los votos de sus diputados "valdr¨ªan su peso en oro". Nadie debiera extra?arse, entonces, de que los de Arzalluz interiten ahora obtener cuantiosas contrapartidas. El PSOE, por otra parte, argument¨® a favor de la mayor¨ªa absoluta -"mayor¨ªa estable", en su argot- aduciendo, precisamente, que un Gobierno de minor¨ªa mayoritaria se ver¨ªa obligado a pagar un precio desproporcionado. Hay, pues, cierta contradicci¨®n en quienes consideraron en su d¨ªa que la p¨¦rdida de la mayor¨ªa era una necesidad ineludible del sistema democr¨¢tico y se escandalizan ahora por los costes de los pactos. Pero tambi¨¦n es cierto que los socialistas contemplaron la p¨¦rdida de la mayor¨ªa absoluta como una cat¨¢strofe, lo que encarec¨ªa los apoyos. Los socialistas parecen considerar muy importante que Felirie Gonz¨¢lez sea elegido en primera votaci¨®n. En honor a la verdad hay que decir, sin embargo, que ello es poco relevante para los ciudadanos.
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