Jefes de la seguridad del Estado exigen suprimir las escoltas privadas y controlar a los detectives

Responsables operativos de la seguridad del Estado han propuesto a los mandos del Ministerio del Interior que supriman las escoltas privadas, implanten severos controles a la actividad de los detectives y establezcan rigurosas inspecciones sobre la nacionalidad de las sociedades de protecci¨®n y sus capitales en el proyecto que regular¨¢ la seguridad privada. El proyecto estaba concluido antes del verano, como reconoci¨® Jos¨¦ Luis Corcuera en el Senado, pero el adelanto de las elecciones retras¨® su tramitaci¨®n. Seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, ser¨¢ prioritario para el nuevo Gobierno.

La ley sobre la Seguridad Privada estaba prevista que entrara en vigor en la anterior legislatura pero los responsables de Interior no enviaron el proyecto al Consejo de Ministros supuestamente por los diversos problemas que plantea la regulaci¨®n de este sector en m¨¢xima expansi¨®n.Actualmente est¨¢n registradas en Espa?a alrededor de 1.300 empresas de seguridad, en las cuales trabajan m¨¢s de 40.000 vigilantes jurados que tiene autorizaci¨®n para portar armas. Muchos de ellos se dedican a prestar servicios de escoltas -vigilantes jurados de paisano-, actividad ilegal hasta el momento en Espa?a aunque es pr¨¢ctica habitual en varias decenas de empresas. Algunas de ellas han sido sancionadas en reiteradas ocasiones por este motivo.

Expertos y responsables de la Seguridad del Estado se han mostrado firmemente partidarios de suprimir taxativamerite este servicio y han elevado su propuesta a los altos cargos del departarnento. Al parecer, seg¨²n estas fuentes, el actual proyecto recoge esta propuesta.

Estos expertos consideran que Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses donde existe tal proliferaci¨®n de escoltas privadas que es pr¨¢cticamente imposible el control del sector. Estos expertos critican severamente el hecho de que la escolta, tanto p¨²blica corrio privada, se llegu¨¦ a considerar actualmente en Espa?a corno un "f¨¦n¨®meno de distinci¨®n social".

Dichas fuentes explican que en el Reino Unido, donde existe un problema terrorista con el IRA similar al de Espa?a con ETA, s¨®lo disponen de escoltas un m¨¢ximo de diez personas: algunos miembros de la Corona brit¨¢nica y del Ejecutivo.

Actualmente en Espa?a son protegidos por la Brigada de Escoltas espa?ola un total de 162 personas. Independientemente de estas escoltas que presta el Estado, existen numerosos hombres de negocios que pagan protecci¨®n privada, actualmente ilegal. ?ste es uno de los negocios m¨¢s rentables de los servicios que facilitan estas empresas. Hasta un mill¨®n al mes puede costar el disponer de un guardaespaldas durante veinticuatro horas.

Muchas armas en la calle

Las fuentes consultadas han reconocido las fuertes presiones que est¨¢n ejerciendo las empresas de seguridad para que se autorice la figura del escolta privado tambi¨¦n la supresi¨®n o el exhaustivo control de las armas que actualmente est¨¢n autorizados a llevar los vigilantes jurados. Adem¨¢s de los 40.000 vigilantes jurados que se mueven en Espa?a con su correspondiente pistola, la Guardia Civil ten¨ªa registradas en 1988 15.829 licencias de armas tipo B (pistolas), 45.200 de tiro ol¨ªmpico y 77.767 de caza mayor (rifles). Pese a estos datos, responsables del cuerpo aseguran que la pol¨ªtica de concesi¨®n de licencias es muy restrictiva.Asimismo los responsables de la Seguridad del Estado pretenden que se establezcan severas inspecciones sobre la nacionalidad y capital de las empresas y los fines para los que oficialmente se asegura han sido creadas. Estos responsables del departamento han propuesto que la ley erradique los dep¨®sitos de fondos y ordene correctamente los requisitos que deben exigirse a las empresas con el fin de que se obtengan garant¨ªas de que esas sociedades van a func¨ªonar en los t¨¦rminos para los que ha sido registradas. Tambi¨¦n pretenden que se regule la inversi¨®n de capitales extranjeros en dichas empresas.

Responsables de la Seguridad del Estado se muestran tambi¨¦n partidarios de que la ley establezca serios controles a las actividades de los detectives -471 registrados y m¨¢s de 4.000 auxiliares existen actualmente en Espa?a-. Estas fuentes consideran que los agentes privados no est¨¢n sometidos a ning¨²n control con la excepci¨®n de sus propios clientes.